PLAN PARA CONSTRUIR REPRESA AFECTARÍA SEVERAMENTE LA FLORA Y LA FAUNA DE LA CUENCA DEL SAN JUAN, ASÍ COMO A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.
Nicaragua pretende la construcción de una enorme represa hidroeléctrica que amenazaría la flora, fauna y modo de vida en la cuenca del río San Juan, sin que las autoridades de Costa Rica hayan hecho ni siquiera las consultas necesarias para conocer sus posibles impactos.
El gobierno nicaragüense el 14 de octubre anunció que “congelaría” el permiso temporal de estudio de viabilidad, para evaluar el impacto del proyecto que le otorgó el Ministerio de Energías y Minas.
Según reportó el Nuevo Diario de Nicaragua, el freno al proyecto se produce tras la presión de la comunidad ambientalista y científica de Nicaragua, que ha advertido sobre los graves problemas que traería una represa como esta.
En Costa Rica, el ambientalista, biólogo y profesor universitario, Freddy Pacheco, señaló que la represa también tendría serios impactos del lado costarricense, por lo que criticó el poco interés del Gobierno en un asunto que se viene divulgando en los medios de comunicación desde el año anterior.
MUERTE DEL RÍO
El llamado proyecto hidroeléctrico Brito pretende construir una muralla de 400 metros de longitud, con el fin de bloquear el flujo de aguas del río San Juan y otra represa en el río Brito, para utilizar como embalse de regulación el Lago de Nicaragua.
De acuerdo con Pacheco, esta represa convertiría al río San Juan en un “hilo de agua” que se vendría a “recuperar” hasta unos 30 kilómetros más abajo, con las aguas de los ríos Sarapiquí y San Carlos.
Este biólogo explicó que en la cuenca del río San Juan se pueden encontrar diversos ecosistemas, que van desde el bosque tropical seco hasta el bosque tropical húmedo, que forman parte de un corredor biológico natural que permite la interacción entre especies originarias de la región “Neoártica” del norte y “Neotrópica” del sur del continente.
“A cualquier bosque que se le cambie el régimen hídrico de una manera tan brutal como se plantea cambiar, hace que desaparezca con toda y su fauna. No hay duda de que hay un problema muy serio a ambos lados de la frontera, en una cuenca que en un 40% es de Costa Rica”, afirmó el académico.
Entre las especies afectadas con estos cambios en sus ecosistemas se encuentran: aves como las garzas, cigüeñas, espátulas rosadas, ibis blancos, patos aguja y piches; así como pumas, dantas, jaguares, manigordos, monos congo, cariblancos, colorados, tolomucos, perezosos y nutrias.
De acuerdo con Pacheco, ya desde el 2006 el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, había afirmado que este proyecto “no crea mayores complicaciones medioambientales ni de ningún tipo”, por lo que suscribió el acuerdo con la empresa brasileña Andrade y Gutiérrez, para que iniciara los estudios del proyecto.
¿NO ESTÁN INFORMADOS?
Para el biólogo, es inaceptable que las autoridades costarricenses digan que hasta ahora van a consultar a Nicaragua por este proyecto y sus posibles impactos (ver recuadro), pues este asunto se conoce desde hace muchos años, y el año anterior el diario La Nación volvió a hacer una publicación sobre el tema.
Pacheco aseveró que no hay explicación posible para que la Cancillería no se diera cuenta de que en la frontera con Costa Rica se va a desarrollar un proyecto de $600 millones de dólares y que convertirá el río San Juan en una “quebrada embarrialada”.
El ambientalista sostiene que un proyecto de esta magnitud, con claros efectos transfronterizos, pone al país desarrollador en obligación de notificar a su vecino de los impactos ambientales y sociales.
Recordó que tanto Nicaragua como Costa Rica suscribieron el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1995, el cual obliga en un proyecto como este a realizar los análisis necesarios, y hasta un Estudio de Impacto Ambiental transfronterizo.
“NO HE RECIBIDO CONSULTAS DE COSTA RICA”
UNIVERSIDAD consultó al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Harold Rivas, quien aseguró no tener mayor detalle del proyecto hidroeléctrico, salvo por las publicaciones de la prensa en ambos países.
Rivas se refirió a la publicación del Nuevo Diario de Nicaragua y de algunas agencias de noticias, que informaron sobre las manifestaciones de la ministra de Ambiente de ese país, Juana Argeñal, durante un debate televisivo.
“Se le presentó (el proyecto) a los alcaldes en conjunto con las diversas autoridades y se ha llegado a la conclusión (…), que hasta el momento el proyecto no reúne los estudios, ni los datos como para que el Ministerio del Ambiente pueda, en primer lugar, emitir términos de referencia”, señaló la ministra.
“Los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental, son las vías de acciones que tienen que emplear los que van a desarrollar el proyecto, en aras de disminuir los impactos ambientales”, mencionó la publicación nicaragüense.
El embajador Rivas aseguró que nadie del Gobierno costarricense ha realizado consultas a Nicaragua, ni a su embajada por este caso, y afirmó que Nicaragua está dispuesta a ofrecer la información necesaria.
Para Pacheco, esta paralización del proyecto no significa que haya sido descartado definitivamente por Nicaragua, y podría ser una forma de “soltar la presión” que ha recibido por parte de grupos ambientalistas.
El catedrático de la Universidad Nacional considera que si Nicaragua va a realizar un análisis ambiental de la obra, lo más conveniente es que Costa Rica “recupere el tiempo que perdió” y se involucre en el proceso desde el inicio.
“Por más análisis que se hagan, es claro que este proyecto no puede ir; los impactos son tan grandes y evidentes, que en Costa Rica la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) tendría que rechazar algo así de entrada”, expresó Pacheco.
“VAMOS A REALIZAR LAS CONSULTAS NECESARIAS”
UNIVERSIDAD consultó al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, sobre este polémico proyecto, pero afirmó que no conoce detalles al respecto y solicitará la información.
“Hay que estudiar el conjunto, y obviamente si hay alguna afectación sobre áreas del territorio costarricense, pues estaríamos notificando a la Cancillería de nuestro punto de vista técnico, para que actúe conforme a la relación que hay entre los dos países”, afirmó de la Torre.
También se consultó al vicecanciller de Costa Rica, Carlos Roverssi, quien aseveró que este proyecto se remonta a 1979 y ha sido ampliamente estudiado por instituciones del sector ambiental y eléctrico en el país.
“Ante el anuncio hecho por las autoridades nicaragüenses de retomar este proyecto, le solicitamos a nuestra embajada en ese país recolectar la información disponible sobre las nuevas opciones de desarrollo del proyecto, y a su vez hemos solicitado a los órganos correspondientes del país que nos informen sobre los estudios que ya existen sobre este proyecto”, afirmó el vicecanciller.
Ante la crítica de Freddy Pacheco sobre el desconocimiento de la Cancillería en este tema, Roverssi aseguró que el ICE y el MINAET tienen la información correspondiente, pero invitó a que si hay ciudadanos que tienen más datos, que los compartan.
El funcionario descartó que hasta el momento se haya contemplado la posibilidad de realizar un estudio de impacto ambiental (EIA) transfronterizo, ya que se está a la espera de los estudios de las instituciones responsables.
“Nadie en las condiciones actuales financiará un proyecto que no tenga un estudio de impacto ambiental serio y actualizado. Además, por su naturaleza, los EIA son públicos y por tanto tendremos acceso todos los interesados”, respondió.
Roverssi aseguró que si se demuestra que existe un impacto ambiental que afecte las riquezas naturales de Costa Rica, el Gobierno actuará conforme al derecho internacional; pero si no hay impacto, Nicaragua tiene el “derecho autónomo” de realizar las obras que considere necesarias.
PROYECTO MILLONARIO
* El proyecto hidroeléctrico Brito pretende generar 250 megavatios, con lo que se convertiría en la principal fuente de energía eléctrica de Nicaragua, por encima del proyecto Tumarín, que se desarrolla en el río Grande Matagalpa (220 megavatios).
* Brito tendría la capacidad de suministrar por sí sola, la mitad de la energía eléctrica que actualmente requiere Nicaragua, por lo que se pretende exportar los excedentes de energía a la región.
* El costo de la obra se ha estimado en $600 millones, y se pretendía que entrara a funcionar para el año 2015.
