miércoles, 20 de octubre de 2010

Más de 100 mil patronos pasarán a cobro judicial



La
          Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
          (Desaf) está adscrita al Ministerio de Trabajo. CRH/Archivo
SAN JOSÉ, 19 oct (CRH) – Más de 100 mil patronos serán pasados a cobro judicial a partir del 1º de noviembre próximo, a fin de que se pongan al día con sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El 31 de octubre venidero, es decir en menos de quince días, concluirá el plazo de amnistía que se les había dado a los empresarios atrasados con sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley de reforma al mencionado Fondo aprobada en septiembre de 2009 por la Asamblea Legislativa.
Al día de hoy, 110.149 patronos están morosos, y todos ellos deben la astronómica suma de ¢103.231.480.000.
Ese dinero, acumulado en los últimos cinco años, lo necesita la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), para distribuirlo en diversas instituciones estatales que se ocupan en auxiliar a los sectores de población menesterosos.
El atraso en la ejecución de los cobros judiciales se debió a que ningún ente público tenía la potestad para hacerlo. Con la modificación a la ley, hace un año, se le encomendó esa tarea a Desaf, que en estos momentos está ubicando a las decenas de miles de morosos y procurando contratar abogados para que se encarguen de los respectivos apremios judiciales.
Y entre las tareas que viene desarrollando la Desaf, a cuya cabeza está la economista Amparo Pacheco, además de la reorganización de la dependencia, está el cobro de las obligaciones atrasadas, a un ritmo, en los últimos meses, de ¢200 millones por mes.
El Fondo se sustenta en un 54,1% del recargo sobre las planillas, un 43,7% del impuesto de ventas (el Gobierno hace la transferencia), y 1,9% de lo que hasta el momento se ha logrado recuperar de la deuda de las compañías atrasadas en ese pago.
En el país la extrema pobreza golpea a 250 mil familias. Hay alrededor de 350 asentamientos o tugurios, cuyos habitantes requieren vivienda digna o ser reubicados en desarrollos habitaciones de interés social. Con esos ¢100 mil millones que se pretende recoger en los próximos meses, se solucionarían muchos de esos problemas.

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