El Gobierno malgasta al año cerca de ¢1,5 billones por las deficiencias en la asignación de recursos públicos para el pago de remuneraciones a sus empleados, en compras mal planificadas y en transferencias focalizadas que no dan resultados.

Remuneraciones, transferencias y compras públicas remolcan ineficiencia en gasto

Gobierno malgasta ¢1,5 billones al año según estudio del BID   Despilfarro de dinero público es mayor que el porcentaje latinoamericano, concluye informe.

El Gobierno malgasta al año cerca de ¢1,5 billones por las deficiencias en la asignación de recursos públicos para el pago de remuneraciones a sus empleados, en compras mal planificadas y en transferencias focalizadas que no dan resultados.
Así lo concluyó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe “Mejor gasto para mejores vidas”.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ratificó los hallazgos del estudio y aseguró que ya hay camino avanzado para detener la fuga de recursos públicos.
El informe del BID, publicado recientemente, relata además que el despilfarro de recursos públicos en Costa Rica es incluso mayor al promedio de los países de Latinoamérica y el Caribe en su conjunto.

        

Mientras el país malgasta recursos públicos equivales a un 4,7% del producto interno bruto (PIB), el promedio de la región es de un 4,4% del PIB.
Para poner las cifras en contexto, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar el déficit fiscal en un 3% del PIB con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se votaría en segundo debate en los próximos días.
Para el año entrante el presupuesto del Gobierno Central asciende a ¢10,9 billones, por lo que el malgasto que provoca la ineficiencia se comería una tajada equivalente a casi un 14% de ese plan de gastos
Según el BID, organismo financiero multilateral con sede en Washington, el caso de ineficiencia en el gasto público costarricense no es muy distinto al del resto de Latinoamérica y el Caribe, donde los problemas en las licitaciones, los errores en la selección de los proyectos en los que se invertirá, o la corrupción, provocan grandes pérdidas en materia de compras públicas.
En el caso del pago de remuneraciones a empleados públicos, el BID advierte que la situación de Costa Rica es peor que en el resto de Latinoamérica pues el país se sitúa en un grupo de naciones que hacen desembolsos superiores a un 29% del gasto público promedio que se dedica en la región para mantener la planilla estatal.
Costa Rica, en tanto, destina para ese rubro casi un 43% del gasto total del Estado, es decir, un 14,5% de su PIB, para costear las remuneraciones de los empleados públicos, destaca el estudio.
Mientras que en el país se destina ese porcentaje del gasto público para la planilla, en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), club de naciones desarrolladas al que aspira ingresar Costa Rica, se dirige un 24,2% del gasto público en promedio para el pago de salarios.
“En un escenario moderado, la ineficiencia del total del gasto salarial representa en promedio 1,2 puntos porcentuales del PIB (…). Los países que más malgastan son aquellos con las primas salariales más altas y una menor proporción de trabajadores no calificados: El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Ecuador (más del 20%) y Colombia y Costa Rica (más del 15%)”, detalló el BID.
Sobre los subsidios para las familias en condición de pobreza; el estudio confirma que el problema en este ámbito es que las ayudas no llegan a quienes más las requieren.
Además, afirma el BID, los gobiernos, en cuenta el costarricense, equivocan la ruta para atender a los ciudadanos en condición de pobreza al optar por transferencias de recursos de forma indirecta a través de exenciones fiscales, política que está más propensa a las filtraciones, según la entidad.


“En lugar de transferir recursos directamente a los hogares que lo necesitan a través de un gasto presupuestario, los gobiernos a menudo transfieren recursos de forma indirecta a través de exenciones tributarias. Normalmente, los alimentos básicos, los medicamentos y los alquileres están exentos de impuestos al consumo (…). Las personas más acomodadas gastan más (y, por lo tanto, se benefician más) que los pobres”, señaló el BID.
Según el Ministerio de Hacienda, existen 1.300 exenciones fiscales. La mayoría de ellas operan en el Impuesto sobre las Ventas. Esto provoca, según la cartera, que el Estado deje de percibir ingresos superiores a un 5% del PIB. El Ministerio impulsa el proyecto de Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino para ponerle coto a esa fuga de recursos.
Para el año 2019 el Gobierno presupuestó ¢345.983 millones para la gestión y administración del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que es de donde salen la mayoría de transferencias para financiar las ayudas socials que otorga el Gobierno.
El viceministro de Egresos de Hacienda, Rodolfo Cordero, dijo a CRHoy que la cartera refrenda los datos que reveló el BID en su informe y considera que los mismos son una confirmación de la mala situación financiera que el actual Gobierno ha hecho pública a causa de los niveles desmedidos del gasto corriente, financiado con endeudamiento en un alto porcentaje.
“No tenemos estudios o cifras para contrarrestar estos datos a nivel nacional, sin embargo, se trata del BID que es un organismo serio y aunque podría haber alguna diferencia, en el fondo, en lo importante, yo creo que lleva mucha razón en temas como el de las remuneraciones, el de las compras públicas, el de las transferencias. En todo eso evidentemente hay mucho que hacer en eficiencia del gasto”, dijo Cordero.
El viceministro agregó que de los puntos que analizó el BID donde más costará frenar la hemorragia de recursos públicos indudablemente será en el de las remuneraciones para los empleados públicos.
“En la agenda de este Gobierno está entrarle al tema de empleo público, al rediseño institucional. Tomar esta dirección no es fácil porque es romper con estructuras y pasa por negociaciones con sectores y además también por cambios culturales. La materia de empleo público es difícil porque es un tema que pasa por la cantidad de personal, en lo que no hay un número mágico y depende mucho de las decisiones país a nivel político”, adelantó.
Sobre este particular, Cordero dijo que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas le pondrá coto al crecimiento inercial de los salarios por el pago de beneficios como las anualidades y la prohibición y dijo que el proyecto va a ser una ayuda para detener esa tendencia creciente que traían los salarios.
También citó entre los planes para contener el gasto en planilla el proyecto de reforma al empleo público que el Poder Ejecutivo presentará el año entrante a la Asamblea Legislativa.
“(El proyecto) contiene una verdadera rectoría del empleo público que recaerá sobre la Dirección General del Servicio Civil y todo lo que tiene que ver con la evaluación, de control, de idoneidad, e incluso de incentivos que sean por productividad y no por simplemente acumular años (en el sector público)”, adelantó.
Cordero indicó que el Ministerio de Planificación ya elabora también un plan de reforma del Estado que podría derivar en una reducción en la cantidad de instituciones adscritas al Gobierno Central, 330 en la actualidad.
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