martes, 20 de febrero de 2018

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el responsable de cualquier modificación que se realice al contrato refrendado sobre el proyecto de Hidrotárcoles. Así lo dejó ver la Contraloría General de la República (CGR) durante la comparecencia legislativa en la comisión que investiga créditos bancarios cuestionados.



El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el responsable de cualquier modificación que se realice al contrato refrendado sobre el proyecto de Hidrotárcoles.
Así lo dejó ver la Contraloría General de la República (CGR) durante la comparecencia legislativa en la comisión que investiga créditos bancarios cuestionados.
Al inicio de la comparecencia, la contralora Marta Acosta acotó que se referiría únicamente a los actos en los que tuvieron participación directa en el proyecto y no a la ejecución del contrato, porque eso último no es competencia de ellos.
Jorge Arguedas, diputado del Frente Amplio, consultó al ente contralor sobre si el ICE es el responsable de cualquier cambio en la modificación del contrato.
Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la CGR, indicó que el contrato pudo sufrir una modificación, por lo que se requirió de un proceso de análisis.
Sin embargo, cualquier modificación requería de una aprobación interna de la institución estatal.
Por su parte, la Contralora General de la República, indicó que, una vez refrendados los contratos, estos no van a la Contraloría.
Acosta recordó que Hidrotárcoles decidió llevar el tema debido a que el caso del incumplimiento de la ejecución del proyecto se trasladó a instancias judiciales.
“Definitivamente se nos achaca esa consideración si fue un condicionamiento de la Contraloría General de la República y eso no es así, la Contraloría no determina esos plazos, sino es una consideración del ICE a partir de una información solicitada por la Contraloría”, subrayó.
Señalaron que, tras revisar los antecedentes del caso, desde el contrato original, el Instituto Costarricense de Electricidad planteó un plazo de tres años.
Agregaron que se le pidió al ICE aclarar los alcances y que la respuesta recibida previo al refrendo determinó que no se puede modificar el plazo.
Según destacaron en la Contraloría sobre el asunto, si no se cumplieran los plazos, se aplicarían multas posteriores.
“Cuando se refrenda contrato, el plazo de construcción no podría exceder tres años, porque las partes lo acordaron así”, externó el Gerente de Contratación Administrativa de la CGR.
De acuerdo con el funcionario, en la estructura del contrato se dio la responsabilidad de supervisar el proyecto, por lo que se creó una unidad supervisora.
Ante esto, eso quedó plasmado y así lo aceptaron las partes para crear la unidad encargada de la supervisión.
Julio Rojas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), aseveró que prevalece una responsabilidad del ICE porque se afecta las finanzas públicas en un proyecto que debió ser exitoso.
Rojas recalcó que la forma en cómo se manejó la iniciativa no obedeció a los verdaderos intereses del país.
El caso de Hidrotárcoles se investiga en la comisión legislativa.

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