Un mecanismo de coacción, una censura indirecta, un acoso ilegítimo y una forma perversa y antidemocrática de utilizar fondos públicos para dirigir la opinión.
Así calificó la Sala IV la decisión del Banco Nacional (BN) de reducir paulatinamente la pauta publicitaria en La Nación, como represalia ante publicaciones críticas de este medio sobre hechos de interés público que ocurrían en el BN.
Por unanimidad, los magistrados del Tribunal constitucional declararon con lugar un recurso de amparo del periódico y condenaron al Banco a apegarse a su plan de medios (programa de distribución de pauta). A la vez, le ordenaron abstenerse de incurrir, en el futuro, en nuevas censuras indirectas.
Mediante un comunicado de prensa, la Sala IV informó lo siguiente: "El Tribunal determinó que, a partir de febrero de este año, el Banco, por orden de su gerente general (Juan Carlos Corrales), redujo paulatinamente la pauta publicitaria comercial al citado medio, como un mecanismo de coacción con el fin de intentar remediar un supuesto desequilibrio informativo, que estimaba dañino a los intereses del Banco y que se percibía en la publicación de reportajes de distintas situaciones de relevancia pública. El Banco nunca promovió un derecho de rectificación y respuesta para intentar corregir el desequilibrio informativo que reclamaba".
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