MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 01:23
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El Colaper es un ente público internacional no estatal integrado por periodistas y organizaciones de 21 países. FOTO: Colaper.
"El COLAPER rechaza y condena todas las agresiones en contra de la libertad de prensa de nuestros compañeros periodistas de Costa Rica y exigimos respeto absoluto a la Libertad de expresión", afirma la organización en un comunicado.
El vicepresidente y director de Relaciones Públicas del COLAPER,Juan Delgado Celis, indicó que la ley es rechazada por los representantes de los 21 países que conforman esa institución.
Hacen un llamado a los diputados y las autoridades de Justicia y Paz para que se tome en cuenta el "Proyecto de Ley por las Libertades Públicas" elaborado por asesores legales de medios de comunicación de Costa Rica, El instituto para la Libertad de Expresión (IPLEX) y el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
El Colegio Latinoamericano de Periodistas recordó al Gobierno de Costa Rica que no se puede coartar la libertad de expresión, por cuanto es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación.
"Al coartar ese derecho lo que pasaría es que la gente y los periodistas por temor a ir a la cárcel dejarían de denunciar actos de corrupción, lo que sería gravísimo para Costa Rica", explicó el COLAPER.
Pidió a los periodistas latinoamericanos pronunciarse en contra de la ley mordaza y a establecer acciones de apoyo con los comunicadores costarricenses.
"Ayer fueron colegas de otras naciones, mañana podemos ser nosotros "UNIDOS A TODOS NOS VA MEJOR", se lee en la declaratoria enviada a varias organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación de la región.
La ley mordaza
Ese es el nombre con la que han bautizado la Ley de Delitos Informático publicada en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 7 de noviembre. Y aunque el ejecutivo ha anunciado que trabajará para mejorar los aspectos y recomedaciones realizados por el Colegio de Periodistas, muchos ciudadanos y comunicadores desde ese día se ven amenazados por la ley, que reprime con penas de cárcel de entre 6 a 10 años.
Según la nueva normativa,publicar "informaciones secretas políticas", utilizar un nickname o apodo en redes sociales, conseguir información utilizando herramientas tecnológicas, como los correos electrónicos, las redes sociales, los videos, las fotografías o cualquier tipo de grabación digital, que, en criterio del afectado le haya o le vaya a producir un daño, sería objeto de persecución judicial y por lo tanto, penas de prisión.
La ley supone reformas al Código Penal costarricense y los comunicadores y organizaciones de derechos humanos ven como principal preocupación los artículos l 196, 196 bis, 230, 235 y el 288, porque atentan contra las libertades públicas, el derecho al acceso a la información pública, la libertad de prensa y las convenciones internacionales que protegen estos derechos universalmente, en una clara violación a la Constitución Política y democracia costarricense.
