La convocatoria la hace la Coordinadora Nacional de Lucha, que aglutina a la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), la Confederación General de Trabajadores (CGT), y las Federaciones estudiantiles.
Entre los ejes de lucha para esa jornada, se destaca la defensa de la Caja , así como la lucha contra el Plan B del Gobierno (proyecto de ”ley de manejo eficiente de las finanzas públicas”), contra la entrega de los muelles del Caribe a la transnacional APM Terminals y contra el alto costo de la vida y la corrupción.
“Esta jornada del 26 de junio es la oportunidad de que las y los trabajadores de la Caja y las comunidades de asegurados se sumen y unifiquemos una sola acción de lucha del pueblo”, explicó un comunicado de las organizaciones.
Explicaron que “la crisis de la CCSS, a la que la han arrastrado los gobiernos de turno y sus altos jerarcas, es compleja y multifactorial, pero obedece en su esencia a la depredación del patrimonio nacional y los servicios públicos, en procura de favorecer intereses privados, deterioro que pega un salto a partir de la imposición del TLC con los EEUU, pues se abren así de par en par las puertas de su paulatina privatización y desmantelamiento”.
“Con el mayor cinismo, los gobiernos de turno han utilizado el justo descontento de la población con el deterioro de los servicios de salud que ellos mismos fomentan al reducir las inversiones, para tratar de ganar apoyo para su proceso privatizador”, aducen.
Como ejemplo, señalan que el desfinanciamiento de la Caja ha sido constante. “La Constitución establece que la Caja debe financiarse con la contribución tripartita, que mediante cuotas determinadas, deben realizar el Gobierno, los patrones públicos y privados, y las y los asegurados. Sin embargo, desde hace años el gobierno y los patrones han ido acumulando deudas multimillonarias, que limitan de manera decisiva las entradas económicas de las que podría disponer la Caja para nuevas inversiones y para mantener la calidad de sus servicios”.
“Pero, además, la Caja ya no decide plenamente sobre su presupuesto, y así buena parte de los fondos, que debieran ser utilizados en fortalecer la calidad de los servicios, se invierten en bonos del Gobierno para costear el déficit público que se origina en las privilegiadas exoneraciones que durante más de 20 años se les han dado a los sectores empresariales más ricos de nuestro país. Así, en este momento, la Caja tiene invertidos en bonos del Estado más de 500 mil millones de colones, que equivalen a todo su presupuesto anual. Por si esto fuera poco, los intereses que paga el Gobierno por esta deuda son ridículamente bajos, del 4% al 0,85% anual”, anotan los sindicalistas.
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