Alianza exige destitución de ministro del MOPT por incapacidad y negligencia

La República de Costa Rica abolió el ejército en defensa de la no violencia y la inutilidad de las armas pero, colectivos criminales parecen no querer respetar la esencia que cataloga al país de diferente. Y es que, el pasado lunes, un grupo organizado supuestamente robó 215 pistolas de nueve milímetros tipo GLOCK de la Policía de Tránsito, única fuerza con permiso para su uso por su extrema peligrosidad, debido al mecanismo de disparo en ráfagas.

Este hecho ha llevado a la Alianza por Costa Rica a solicitar ante la presidenta, Laura Chinchilla, la destitución del Ministro de Obras Públicas y Transportes Francisco Jiménez, del Director General César Quirós Mora, y del Jefe Administrativo Gerardo Aymrich Valverde, de la Policía de Tránsito, por presunta negligencia en la administración de fondos públicos y supuesto desacato al artículo 8 de la Ley de Control Interno.

Para los diputados miembros de la coalición, el robo de armas es un asunto grave y de seguridad nacional y por tanto, delegan a la presidenta liberacional, Laura Chinchilla, la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes e instruir el establecimiento de las investigaciones y sanciones del caso. Principalmente, la Alianza critica el deficiente resguardo de estas armas, que estuvieron vigiladas únicamente por dos oficiales de una empresa privada, en una bodega que incumple cualquier norma de seguridad. 

El diputado libertario Carlos Góngora y Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ya solicitó ante la Contraloría General de la República una investigación sobre la custodia de armas de fuego que se encuentran en el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y demás organismos que tienen a su cargo armas oficiales. Y, está a la espera. " Es de suma importancia la intervención de este órgano controlador, para determinar algunos aspectos que podrían considerarse irregulares, esto debido a que últimamente se están robando y desapareciendo armas de fuego sin ningún control ni seguimiento y el Estado quiere nuevas armas, lo cual representa un alto costo para el país", señaló. 

La Alianza realizará peticiones concretas. Presentará  una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico investigue este robo y señale responsabilidades, solicitará al Ejecutivo un informe de los servicios privados de seguridad que actualmente tienen a su cargo el resguardo de autoridades de Gobierno y de patrimonio del Estado y exigirá la reforma de la Ley de Armas y la Ley de Servicios de Seguridad Privados.