Una trama legal se ha mantenido al margen de la opinión pública, pero ahora sale a la luz por voluntad de una de las involucradas, quien conversó con DIARIO EXTRA sobre el caso, que se refiere a la disputa de una multimillonaria herencia familiar que asciende a ¢4.100 millones, producto de muchos años de trabajo del finquero ramonense Otoniel Arguedas Arias, quien acumuló propiedades que hoy día disputan sus hijos.
PROCESO SUCESORIO
En los Tribunales de San Ramón se ventilan los pormenores del juicio sucesorio de este caso bajo el expediente número 05-000609-02-96-TI. Hace 10 años se abrió la causa y hasta el momento los hermanos Arguedas Arias no llegan a un acuerdo.
De acuerdo con la denuncia que han presentado las hermanas Gina Jasmis Arguedas Quirós y Johana Arguedas, parte de su familia está involucrada en la venta de propiedades incluidas en la herencia en disputa que se realizaron durante 2013, 2014 y 2015, pero las demandantes aseguran que no recibieron el dinero que les correspondía, tal como lo estipula la herencia.
Esto se refleja en las acciones judiciales que han presentado ante los tribunales de ese cantón alajuelense bajo el expediente 13-000873-332-PE.
“Estamos hablando de un patrimonio de ¢4 mil millones compuesto por propiedades, alquileres y otros bienes en disputa. Tenemos un avalúo que nuestros abogados presentaron a los tribunales y con este nos basamos para hacer el cobro de los dineros de la venta de las propiedades que se ejecutaron”, explicó Johana Arguedas, hija y heredera de parte de la fortuna.
MAMÁ DE DIPUTADO
La demandante afirmó que se han cometido hechos que le dejan un sinsabor, uno de ellos es la orden de ejecución para que en el juicio sucesorio se depositaran los dineros producto de las ventas de muchas de las propiedades que estaban registradas en una sociedad anónima y no se contó con el consentimiento de todos los herederos para realizar la venta. Las hermanas Arguedas señalan a una hermana de su padre, Walter Arguedas Madrigal, como la responsable de la venta de dichas propiedades, ya que figuraba como apoderada generalísima de la sociedad donde estaban incluidos los ¢4.100 millones de la herencia.
La apoderada generalísima cuestionada es Edith Arguedas, tía de las demandantes y madre de Javier Cambronero Arguedas, diputado del Partido Acción Ciudadana, a quien acusan de apropiarse de la herencia en cuestión y de los montos millonarios de la venta de varias propiedades. “Es la herencia de mi papa que está en juicio sucesorio abierto en los Tribunales de San Ramón y que ya tenemos 10 años de haber acusado a parte de la familia por el robo de todas las propiedades que estaban en disputa”, agregó Arguedas.
DEFENSOR PÚBLICO
Pero este caso tomó otro camino cuando las hermanas Arguedas decidieron poner una denuncia ante el Tribunal de Inspección Judicial solicitando se investigara a un defensor público del Poder Judicial que representó los intereses de los demandados y según la solicitud No.15-001305-0031-IJ estaría incurriendo en un delito de conflicto de intereses, ya que el funcionario es familiar de los involucrados en el caso.
Se trata del abogado Eduardo Alonso Briceño Prendas, quien según la acusación defiende los intereses de dos de los hermanos involucrados, a saber Randall Arguedas Madrigal y Otto Clodomiro Arguedas Madrigal. Ambos, indica la acusación, son tíos de la esposa del defensor público.
Precisamente la apoderada generalísima de la multimillonaria sociedad, Edith Arguedas, es suegra de Briceño Prendas y esto ha generado las dudas entre los involucrados.
Además acusaron al abogado por utilizar tiempo de su labor como funcionario público para llevar esta causa. “El abogado defensor y mis tíos tienen plata y considero que él (Briceño Prendas) no puede por ley involucrarse en el caso, pero me parece que todo se lo taparon.
Las autoridades consideraron que podía formar parte del caso por tener tercer grado de consanguinidad con los actores, pero también lograron establecer con pruebas que él realizó gestiones de este caso en horario de labores como defensor público”, denunció Johana Arguedas.
Tras la valoración de la prueba, el Tribunal de Inspección Judicial desestimó la acusación tras determinar que según la Ley 5867, se establece que “en casos ascendentes o descendientes eran hasta un tercer grado de consanguinidad o afinidad”, por lo tanto sí podía representar a su suegra y tíos políticos ad honorem.
Por el momento esta disputa se mantiene en los Tribunales de San Ramón, a la espera de que los jueces notifiquen la devolución de los dineros en cuestión, que generaron polémica en el cantón de los poetas.
