Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica
Fuente: Nicolas Boeglin | 2014-05-11
Ambiente y Derechos Humanos (playasycosta.com)
Desde la semana pesada está disponible el texto del informe del Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, el señor John H. Knox. Este experto independiente forma parte de los 37 mandatos temáticos en materia de derechos humanos actualmente funcionando en el marco de las Naciones Unidas (ver listado oficial), conjuntamente con 14 mandatos por país (ver listado oficial). A estos debemos añadir los 9 órganos de tratados (ver listado oficial) encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en esos instrumentos internacionales. El informe de John H, Knox fue elaborado a raíz de la visita efectuada en Costa Rica en julio-agosto del año 2013: se trata de un documento que ha sido poco divulgado en medios de prensa así como por parte de las autoridades salientes de Costa Rica.
El contexto de la visita de John H. Knox:
Cabe recordar que al finalizar su visita en suelo costarricense (y de manera preliminar) el experto había señalado durante su conferencia de prensa que: "No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los Gobiernos" (ver nota de La Nación del 2/08/2013). Estas declaraciones intentan, por parte del experto, hacerle eco a la profunda indignación suscitada en Costa Rica (y en el extranjero) por la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval en una playa de Costa Rica en mayo del 2013: el ecologista había hecho público las amenazas recibidas por su organización en relación a la labor que desarrollaba, consistiendo en registrar nidos de tortugas marinas en las playas del Caribe. Por alguna extraña coincidencia, el arresto de varios sospechosos de su muerte se dio justo 24 horas antes de que concluyera la visita del experto independiente (ver nota del 31 de julio del 2013 de La Nación). Más allá de las valoraciones que se puedan hacer sobre esta interesante coincidencia de fechas, cabe recordar las infortunadas declaraciones del entonces Vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva, sobre la muerte de Jairo Mora, precedida por lo que algunos ambientalistas describieron como una peligrosa deriva discursiva de las máximas autoridades de Costa Rica en contra de ecologistas que resumimos en junio del 2013 de la siguiente manera: “Más allá del deterioro del Índice de Desarrollo Humano, un discurso presidencial de octubre del 2010 a la fecha inexplicado, un llamado público de un ecologista pidiendo presencia policial que termina con su muerte, y unas desafortunadas declaraciones del Vicepresidente Alfio Piva a una cadena internacional constituyen el marco factual de las celebraciones del Día del Ambiente en Costa Rica, convertido en un día de profundo luto y consternación en este 2013” (Nota 1). Un ecologista con amplia experiencia de campo sugirió en un artículo pistas de investigaciones que al parecer no fueron exploradas, o de manera algo somera (Nota 2) en relación a algunas tortugas poco visibles en Costa Rica. A pocos días del cambio de autoridades, el pasado 26 de abril del 2014, el Ministro de Ambiente René Castro procedió a rebautizar el Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo con el nombre de Jairo Mora (ver nota de CRHoy): un reconocimiento póstumo a la figura de Jairo Mora en una zona sumamente sensible desde el punto de vista social, pero que no se adecúa del todo a las denominadas "garantías de no repetición" que ha ordenado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados en caso de asesinatos de líderes ecologistas y sociales. Declarar una nueva área protegida en la zona de Moín en la que encontró la muerte Jairo Mora (y bautizarla con su nombre) y hacer público un reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad (tal como solicitado por varias entidades ecologistas) hubieran posiblemente sido acciones mucho más acordes con lo ordenado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 contra Honduras (caso del asesinato de la líder ambientalista Kawas Fernández – ver texto de la sentencia del 2009, en particular medidas ordenadas por la Corte Interamericana en los párrafos 200-215). En Costa Rica, la actitud de las autoridades en el caso de Jairo Mora azuzó la indignante sensación de impunidad relacionada con crímenes o actos de intimidación contra ecologistas, llevando al Presidente de la Federación Costarricense de Organizaciones Ecologistas (FECON) a exigir más respeto a su memoria (ver artículo de Mauricio Álvarez). Permanecen sin ser sancionados varios crímenes de ecologistas, incluyendo el caso de cuatro de ellos cuyos cuerpos aparecieron sin vida en Moravia y en La Uruca a finales de 1994 e inicio de 1995 (caso AECO) (ver nota de prensa) (Nota 3).
Algunos aspectos analizados:
La situación de varias familias de la comunidad ubicada en el Refugio Mixto de Vida Silvestre en Gandoca Manzanillo (sujetas a órdenes de desalojos y demolición de sus casas) es también parte de las preocupaciones del experto independiente (entre otros muchos temas): pero desde una perspectiva muy distinta. Recordemos que la peculiar situación de los pobladores en Gandoca Manzanillo dio lugar a una entrevista al mismo Alfio Piva de cierto interés en el 2012, seguida por la presentación de un proyecto de ley fuertemente cuestionado por organizaciones ecologistas costarricenses (ver manifiesto colectivo), que terminó siendo objeto de una consulta facultativa y declarado inconstitucional por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica a finales del 2012. La reciente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur" aprobada en febrero del 2014 constituye un segundo intento del Poder Legislativo (ver nota de prensa) no exento de limitaciones (en particular en materia ambiental, según funcionarios del mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea): la angustia de muchos pobladores de Gandoca Manzanillo (muchos de ellos arraigados desde más de 100 años en la zona) podría mantenerse si el Estado no procede rápidamente a resolver este delicado tema.
El informe señala de igual manera, entro otros temas, el problema que enfrentan las poblaciones indígenas afectadas por los numerosos proyectos de represas hidroeléctricas, en particular el Proyecto El Diquis, que ha dado lugar a tres visitas a Costa Rica del Relator de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, James Anaya. Su visita en abril del 2011, y el informe del 30 de mayo del 2011 (vertexto completo) fueron seguidos por una visita de seguimiento a Costa Rica en julio del 2011 (ver nota). En el 2012, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó “Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE, el cual Declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad” (ver texto completo del pronunciamiento del CU de la UCR).
Algunas recomendaciones de John H. Knox:
En la parte final del su informe, el experto detalla algunas recomendaciones que responden a algunos de los desafíos en materia de derechos humanos que Costa Rica viene acumulando desde varios años. En particular, entre muchos otras conclusiones, (punto 63) el hecho que: "Costa Rica /.../ tiene varios retos que superar: en primer lugar, es sumamente inquietante que haya comunidades, entre ellas algunas de etnias minoritarias, que estén bajo la amenaza de ser expulsadas de los hogares que han ocupado por generaciones, debido a la interpretación estricta de las leyes que rigen las áreas protegidas y la conservación. No debería imponer un costo indebido a las comunidades que tienen profundas raíces históricas en las zonas de importancia ambiental. El derecho a un ambiente sano no tiene por qué estar en conflicto con otros derechos fundamentales". En el punto 64 leemos que: " /.../ con respecto a todos los ciudadanos, el experto independiente recomienda a Costa Rica que siga aumentando sus esfuerzos por hacer participar a las personas y comunidades que tienen un interés más directo en la protección de determinadas zonas a fin de aprovechar sus capacidades e intereses". En el punto 65, el experto recuerda a Costa Rica algunas de las obligaciones internacionales con respecto a las poblaciones indígenas, objeto de varios desarrollos (puntos 47 a 50 de su informe) en los siguientes términos: "en lo que se refiere al proyecto hidroeléctrico El Diquís, el experto independiente recomienda al Estado que siga celebrando consultas con los pueblos indígenas que puedan resultar afectados, aprovechando la labor de facilitación del equipo de las Naciones Unidas en el país y teniendo en cuenta que las consultas deben tener por objeto conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados". Habíamos tenido la oportunidad de desmenuzar brevemente el alcance de las valoraciones hechas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas a raíz de su visita a Costa Rica, análisis al que nos permitimos remitir el lector (ver artículo).
En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica". Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver nota del Semanario Universidad). Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente informado de la peligrosa tentación de algunos sectores que consiste en criminalizar la protesta social), "recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos".
En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 4), el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí).
En el punto 67, leemos que. " /.../, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica". Se trata de un señalamiento hecho público en el 2013 por las mismas organizaciones ecologistas de Costa Rica a las autoridades (ver nota del Semanario Universidad). Siempre en esta misma línea (punto 68), el experto (posiblemente informado de la peligrosa tentación de algunos sectores que consiste en criminalizar la protesta social), "recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos".
En unas de sus últimas recomendaciones (Nota 4), el Experto Independiente recuerda a Costa Rica que lleva varios años con recomendaciones similares no acatadas, al indicar que: "el experto independiente recomienda a Costa Rica que examine nuevamente las recomendaciones formuladas en 2009 por la experta independiente de entonces sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, con vistas a renovar los esfuerzos por dar cumplimiento a esas recomendaciones". Se trata de las recomendaciones - algunas de carácter urgente - contenidas al final del informe presentado en junio del 2009 por la Experta Independiente Catarina Albuquerque (Portugal) de las Naciones Unidas sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos con relación a la situación imperante en Costa Rica (ver documento completo descargable aquí).
Algunas perspectivas:
Tanto el informe de John H Knox (2014) como los informes de James Anaya en relación al Proyecto Hidroeléctrico Diquis (2011) y el informe de Catarina Albuquerque (2009) sobre Agua y Saneamiento fueron elaborados por estos expertos internacionales en derechos humanos a raíz de una visita in situ a Costa Rica. Posiblemente pocas veces en la historia un Estado haya sido objeto de tantas visitas de distintos relatores o expertos independientes en materia de derechos humanos en un plazo de tiempo tan corto. Si bien este hecho debe ser celebrado como una saludable apertura de Costa Rica al escrutinio técnico de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, puede también señalar el vigor de los movimientos sociales y de las comunidades de Costa Rica para llamar la atención sobre la ausencia de respuestas del Estado a sus legítimos reclamos y derechos. También se puede entender como una consecuencia lógica ante una peligrosa deriva del Estado costarricense en materia ambiental: en el 2009, se señalaba que el Estado “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (Estado de la Nación, Informe XVI, p. 207)
Conclusiones:
Estos tres informes de las Naciones Unidas coinciden todos en señalamientos sobre problemas no resueltos y posibles vías de acción, tomando como base el respeto a los derechos humanos y la participación de las comunidades. La lectura detallada de cada uno de esos señalamientos evidencia que muchos de ellos coinciden con los exigidos por las organizaciones sociales desde muchos años ante un “parco aparato estatal, incapaz de aprender de sus propios yerros” (ver nuestro artículo de junio del 2011:Biodiversidad, suelos, destrucción y silencios). Similar sensación se deprende de otro artículo recientemente publicado (en relación a otro proyecto cuestionado, ver artículo de Allan Astorga, marzo del 2014: Aeropuerto en Osa: repitiendo errores del pasado). La referencia hecha por John H. Knox a las recomendaciones externadas a Costa Rica en el 2009 por su colega Catarina Albuquerque (y a la fecha no implementadas) confirma esta misma sensación.
Esperemos que un futuro relator o experto independiente de las Naciones Unidas no deba dentro de unos pocos años referirse al incumplimiento de las recomendaciones señaladas por sus antecesores por parte del Estado costarricense. Hacemos de igual manera voto para que las nuevas autoridades de Costa Rica encuentren en todas y cada una de estas recomendaciones una útil hoja de ruta para guiar su accionar en los próximos años en Costa Rica. El alarmante deterioro de la situación ambiental heredado de las últimas administraciones y las golpeadas comunidades esperan ansiosas un cambio de actitud del Estado costarricense.
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Nota 1: Véase nuestro breve artículo, BOEGLIN N. “Estado, protección del ambiente, desarrollo y derechos humanos”, El Pais.cr, 6 de junio del 2013, disponible en este enlace: http://www..elpais.cr/
Nota 2: Véase artículo de FIGUEROLA J., “Las tortugas invisibles de Moin”, Elpais.cr, 6 de abril del 2013, disponible en este enlace: http://www..elpais.cr/
Nota 3: En una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 en respuesta a una solicitud del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo (Opinión Jurídica: 004 - J del 23/01/1997), la PGR concluye de manera categórica que "1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental. 2.- De acuerdo con las autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales. 3.- Los órganos del Estado desarrollaron una labor profesional, técnica y dentro de un tiempo prudencial en el esclarecimiento de las muertes de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante Montaño y David Maradiaga Cruz". Documento en posesión del autor y disponible para el lector si así fuese requerido.
Nota 4: la versión en español de este documento elaborado por el experto independiente John H Knox está disponible aquí, texto completo o bien puede ser solicitado al siguiente correo: cursodicr@gmail.com. De igual manera, la versión en inglés del mismo informe está disponible en este enlace que corresponde al sitio elaborado por el mismo John H. Knox. O bien puede ser solicitada y será remitida oportunamente por correo electrónico.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
