viernes, 9 de agosto de 2019
En la Mesa de Negociación nos reunimos bajo el auspicio del señor Ministro de Trabajo, con la presencia de Autoridades de la OIT, algunos Diputados y Organizaciones Sindicales.
A propósito de ésta publicación del SEC debo decir aclarar:
En la Mesa de Negociación nos reunimos bajo el auspicio del señor Ministro de Trabajo, con la presencia de Autoridades de la OIT, algunos Diputados y Organizaciones Sindicales.
En esas reuniones llegamos a importantes acuerdos sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, cuyas mociones se terminarán de conocer el día de hoy.
Dejó claro que en ningún momento se trató el tema del tope a las "Pensiones de Lujo" , proyec...tos con los cuales me identifico y apoyaré.
La decisión del retiro de estos proyectos, es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, decisión que desapruebo y censuro.
Es una pésima señal del Gobierno PAC, en momentos donde se piden sacrificios al pueblo de Costa Rica, por la precaria situación de las finanzas públicas.
Reitero, en las negociaciones entre algunos Diputados y sectores sindicales, se dialogó y llegamos a acuerdos importantes, aunque no totales o de consenso, sobre muchos puntos de la Reforma al Código Procesal Laboral, pero nunca, nunca, se trataron o mencionaron temas sobre Pensiones de Lujo, las cuales en criterio de este Diputado son erogaciones desproporcionadas e injustas, que pagamos todos los costarricenses a personas que no cotizaron para recibir esos jugozos y obscenos ingresos.
En la Mesa de Negociación nos reunimos bajo el auspicio del señor Ministro de Trabajo, con la presencia de Autoridades de la OIT, algunos Diputados y Organizaciones Sindicales.
En esas reuniones llegamos a importantes acuerdos sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, cuyas mociones se terminarán de conocer el día de hoy.
Dejó claro que en ningún momento se trató el tema del tope a las "Pensiones de Lujo" , proyec...tos con los cuales me identifico y apoyaré.
La decisión del retiro de estos proyectos, es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, decisión que desapruebo y censuro.
Es una pésima señal del Gobierno PAC, en momentos donde se piden sacrificios al pueblo de Costa Rica, por la precaria situación de las finanzas públicas.
Reitero, en las negociaciones entre algunos Diputados y sectores sindicales, se dialogó y llegamos a acuerdos importantes, aunque no totales o de consenso, sobre muchos puntos de la Reforma al Código Procesal Laboral, pero nunca, nunca, se trataron o mencionaron temas sobre Pensiones de Lujo, las cuales en criterio de este Diputado son erogaciones desproporcionadas e injustas, que pagamos todos los costarricenses a personas que no cotizaron para recibir esos jugozos y obscenos ingresos.
Albino Vargas: “Sindicatos de educación frenaron proyectos que revisan pensiones de lujo” - Los sindicatos de educación son los responsables que el Gobierno haya frenado el avance de varios proyectos que revisan las pensiones de lujo, según Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien se desmarcó de haber presionado para ello.
Albino Vargas: “Sindicatos de educación frenaron proyectos que revisan pensiones de lujo”
Los sindicatos de educación son los responsables que el Gobierno haya frenado el avance de varios proyectos que revisan las pensiones de lujo, según Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien se desmarcó de haber presionado para ello.
Lea más: Critican al gobierno por frenar debate de proyectos de pensiones de lujo
Se trata del tope a las pensiones de lujo y otras dispersiones en materia de pensiones, la ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones, y la iniciativa para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo.
Lea más: Consideraciones sobre pensiones de lujo
“Ni la ANEP, ni el Colectivo Sindical Patria Justa, ni el Encuentro Social Multisectorial tenemos nada que ver con el retiro de proyectos para atacar el relajo de las pensiones de lujo. Es un asunto de algunos líderes sindicales del Magisterio Nacional”, dijo Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
El retiro de las iniciativas de las sesiones extraordinarias, en donde el Gobierno establece la agenda de debate de la Asamblea Legislativa, se debió a un acuerdo político que tomó el Gobierno de Carlos Alvarado con varios sindicatos para mitigar la posibilidad de nuevas huelgas.
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Se trata del tope a las pensiones de lujo y otras dispersiones en materia de pensiones, la ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones, y la iniciativa para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo.
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“Ni la ANEP, ni el Colectivo Sindical Patria Justa, ni el Encuentro Social Multisectorial tenemos nada que ver con el retiro de proyectos para atacar el relajo de las pensiones de lujo. Es un asunto de algunos líderes sindicales del Magisterio Nacional”, dijo Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
Consideraciones sobre pensiones de lujo - En materia de Seguridad Social, lo que se refiere a pensiones se torna en un asunto esencial para la vida de nuestras familias. Sin embargo, a pesar de ello, nuestro país ha carecido de una política correcta sobre esta materia. En todas las normativas emitidas se careció de estudios técnicos y actuariales básicos para proyectar el pago de los compromisos adquiridos, según los requisitos establecidos y las cotizaciones necesarias para su sostenibilidad. Así fueron creándose los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
Consideraciones sobre pensiones de lujo
En materia de Seguridad Social, lo que se refiere a pensiones se torna en un asunto esencial para la vida de nuestras familias. Sin embargo, a pesar de ello, nuestro país ha carecido de una política correcta sobre esta materia. En todas las normativas emitidas se careció de estudios técnicos y actuariales básicos para proyectar el pago de los compromisos adquiridos, según los requisitos establecidos y las cotizaciones necesarias para su sostenibilidad. Así fueron creándose los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional. Y cuando se establecieron algunos porcentajes de cotización sobre los salarios, esos montos ingresaron a la caja única del Estado, el cual, cuando los regímenes maduran y se adquiere el derecho, complican las finanzas generales del Gobierno. No es sino hasta la década de los años 90, que ante tan crítico panorama, se dictan la Ley Marco de Pensiones N°7301 y la Ley 7531 para el Magisterio Nacional, como primeros correctivos, importantes pero insuficientes. Se mantuvieron muchos privilegios en algunos colectivos pensionarios respecto de: sus montos, el tiempo de servicio, los beneficiarios de los traspasos y sus altos porcentajes, e incluso los mecanismos de revalorización. Esto ha generado en la población una actitud hostil contra todo tipo de ventajas y privilegios que de alguna manera deriven de la vinculación con lo estatal, con lo público, con el Gobierno, estimándose que esos son ilegales, o ilegítimos o injustos, o que derivan de una desigualdad para con el resto de los ciudadanos. Esta reacción ha sido particularmente violenta en los últimos tiempos.
Es la presente Asamblea Legislativa la que ha tenido una auténtica determinación para detener el proceso, y en tiempo récord emitir cuatro leyes muy concretas, sean las números 9380, 9381, 9383 y 9388, que actualizan el aumento de las cotizaciones, pero también se exoneran de las mismas a las pensiones más bajas, se eliminan o caducan derechos injustificados para hijos en pensiones de Hacienda, se establece una alta contribución solidaria en pensiones cuantiosas y se unifican los aumentos por costo de vida. De esta forma, con cuatro leyes de regulaciones simples y concretas, se da un paso enorme en el sentido de eliminar todo privilegio odioso, toda pensión de lujo.
Ya en el Magisterio Nacional se habían establecido estos correctivos hace muchos años y creado un Fondo especial de Capitalización Colectiva para sus agremiados. Y respecto del Poder Judicial, esta Asamblea Legislativa también salió por sus fueros y dictó una reforma que regula topes, salarios de referencia, monto del beneficio, años de servicio y edad, así como que redefine la Administración del Fondo. Sin embargo, la consulta hecha a la Sala Constitucional sobre esta reforma sigue pendiente de resolución, por lo que hago nuevamente el llamado al Poder Judicial para la resolución a esa consulta.
Como costarricense, soy consciente de que al concluir la actividad laboral de los trabajadores, sea por edad, por invalidez, u otra razón, la persona y su familia, deben contar con un soporte institucional para un beneficio jubilatorio congruente con sus aportaciones. Esto ha hecho la diferencia en nuestro país.
Costa Rica es un Estado de derecho. Eso nos caracteriza como democracia política consolidada. Ello implica que el accionar del aparato estatal debe estar sujeto a la ley y por lo tanto atender al principio de legalidad en todos sus alcances. Hay instituciones que por su especialidad regulan esta materia pensionaria, dictan los reglamentos, directrices y resoluciones al respecto; otras deben supervisar esas resoluciones que otorgan o deniegan derechos, (Superintendencia de Pensiones) así como también, desde el Poder Judicial, los tribunales y salas superiores establecen los criterios interpretativos definitivos. Con lo expuesto es suficiente para señalar que esta Asamblea Legislativa ha cumplido con el dictado de las reformas más apremiantes para ordenar los otorgamientos de pensiones calificados de lujo.
Reitero mi absoluta disposición para estudiar e impulsar desde cualquier foro o espacio, la normativa legal que venga a racionalizar esta materia, a efecto de que los derechos pensionarios, sean congruentes con las posibilidades económicas del país, con los aportes realizados por las personas, ajustados a la ley y siempre en congruencia con la jurisprudencia constitucional y legal de los máximos tribunales de la República.
En materia de Seguridad Social, lo que se refiere a pensiones se torna en un asunto esencial para la vida de nuestras familias. Sin embargo, a pesar de ello, nuestro país ha carecido de una política correcta sobre esta materia. En todas las normativas emitidas se careció de estudios técnicos y actuariales básicos para proyectar el pago de los compromisos adquiridos, según los requisitos establecidos y las cotizaciones necesarias para su sostenibilidad. Así fueron creándose los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional. Y cuando se establecieron algunos porcentajes de cotización sobre los salarios, esos montos ingresaron a la caja única del Estado, el cual, cuando los regímenes maduran y se adquiere el derecho, complican las finanzas generales del Gobierno. No es sino hasta la década de los años 90, que ante tan crítico panorama, se dictan la Ley Marco de Pensiones N°7301 y la Ley 7531 para el Magisterio Nacional, como primeros correctivos, importantes pero insuficientes. Se mantuvieron muchos privilegios en algunos colectivos pensionarios respecto de: sus montos, el tiempo de servicio, los beneficiarios de los traspasos y sus altos porcentajes, e incluso los mecanismos de revalorización. Esto ha generado en la población una actitud hostil contra todo tipo de ventajas y privilegios que de alguna manera deriven de la vinculación con lo estatal, con lo público, con el Gobierno, estimándose que esos son ilegales, o ilegítimos o injustos, o que derivan de una desigualdad para con el resto de los ciudadanos. Esta reacción ha sido particularmente violenta en los últimos tiempos.
Es la presente Asamblea Legislativa la que ha tenido una auténtica determinación para detener el proceso, y en tiempo récord emitir cuatro leyes muy concretas, sean las números 9380, 9381, 9383 y 9388, que actualizan el aumento de las cotizaciones, pero también se exoneran de las mismas a las pensiones más bajas, se eliminan o caducan derechos injustificados para hijos en pensiones de Hacienda, se establece una alta contribución solidaria en pensiones cuantiosas y se unifican los aumentos por costo de vida. De esta forma, con cuatro leyes de regulaciones simples y concretas, se da un paso enorme en el sentido de eliminar todo privilegio odioso, toda pensión de lujo.
Ya en el Magisterio Nacional se habían establecido estos correctivos hace muchos años y creado un Fondo especial de Capitalización Colectiva para sus agremiados. Y respecto del Poder Judicial, esta Asamblea Legislativa también salió por sus fueros y dictó una reforma que regula topes, salarios de referencia, monto del beneficio, años de servicio y edad, así como que redefine la Administración del Fondo. Sin embargo, la consulta hecha a la Sala Constitucional sobre esta reforma sigue pendiente de resolución, por lo que hago nuevamente el llamado al Poder Judicial para la resolución a esa consulta.
Como costarricense, soy consciente de que al concluir la actividad laboral de los trabajadores, sea por edad, por invalidez, u otra razón, la persona y su familia, deben contar con un soporte institucional para un beneficio jubilatorio congruente con sus aportaciones. Esto ha hecho la diferencia en nuestro país.
Costa Rica es un Estado de derecho. Eso nos caracteriza como democracia política consolidada. Ello implica que el accionar del aparato estatal debe estar sujeto a la ley y por lo tanto atender al principio de legalidad en todos sus alcances. Hay instituciones que por su especialidad regulan esta materia pensionaria, dictan los reglamentos, directrices y resoluciones al respecto; otras deben supervisar esas resoluciones que otorgan o deniegan derechos, (Superintendencia de Pensiones) así como también, desde el Poder Judicial, los tribunales y salas superiores establecen los criterios interpretativos definitivos. Con lo expuesto es suficiente para señalar que esta Asamblea Legislativa ha cumplido con el dictado de las reformas más apremiantes para ordenar los otorgamientos de pensiones calificados de lujo.
Reitero mi absoluta disposición para estudiar e impulsar desde cualquier foro o espacio, la normativa legal que venga a racionalizar esta materia, a efecto de que los derechos pensionarios, sean congruentes con las posibilidades económicas del país, con los aportes realizados por las personas, ajustados a la ley y siempre en congruencia con la jurisprudencia constitucional y legal de los máximos tribunales de la República.
jueves, 8 de agosto de 2019
miércoles, 7 de agosto de 2019
Ticos con problemas para pagar tarjetas. Y el compromiso del Diputado del PAC Welmer Ramos QUE ?
El hecho de que haya bajado el saldo de la deuda en las tarjetas de crédito no es una buena noticia.
La tesis del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es que los bancos las podrían estar pasando por incobrables.
Eso significa que los ticos cada vez tienen más problemas para pagar a tiempo la tarjeta de crédito.
De hecho, la mora entre 1 y 90 días alcanzó un 10,12%, cuya cifra es significativa, según Arnoldo Trejos, director de Investigación de Mercados.
En cuanto a la morosidad mayor a 90 días es de 5,46% casi dos veces el límite establecido como “sano” por la Sugef, solo a manera de referencia.
“Mi hipótesis es que ante el aumento en la morosidad muchos bancos están liquidando esos saldos contra provisiones, o sea lo pasan por pérdida para controlar la morosidad general”, indicó Trejos.
Este señaló que obviamente la gente al percibir menos ingresos usa la tarjeta para financiar gasto y luego se convierte en una bola de nieve.
“Lo que nos dice el indicador de 1 a 90 días es que la gente se está comenzando a atrasar con más frecuencia”, agregó.
En este último estudio, se encontró que el saldo de deuda disminuyó en ¢30.918 millones, es decir que pasó de ¢1.450.344 millones a ¢1.419.426 millones.
A nivel de la tasa de interés anual en colones que se cobra en tarjetas de acceso o uso no restringido, el rango va del 19,9% al 49,9%.
No obstante, a lo antes mencionado, es importante señalar que el 69,8% de los tipos de tarjetas (187), cobran una tasa anual que oscila entre el 40% y 49,9%.
Mientras tanto, la tasa de interés anual en dólares se encuentra entre el 18% y 38%, pero el 77,3% de los tipos de tarjeta cuentan con una tasa anual en dólares entre el 30% y el 38%.
Al 30 de abril de 2019 había 3.000.232 millones de tarjetas, contabilizando bancos públicos, privados, cooperativas y empresas privadas. El 74% de los plásticos activos es emitido por bancos privados.
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