domingo, 9 de septiembre de 2012
Nuevo Director del OIJ, ¿con o sin vinculación política? MAURICIO BORASCHI ES EL MAS INDICADO POR SU CAPACIDAD INTELECTUAL CONOCIMIENTO Y TRANSPARENCIA
El pasado 1 de junio Jorge Rojas dejó su cargo como Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y desde su salida se barajan varios nombres de funcionarios quienes han expresado su interés por ocupar ese puesto.
Entre quienes se ha mencionado se encuentran el actual Viceministro de Seguridad, Celso Gamboa; el Comisionado Antidrogas, Mauricio Boraschi; el criminólogo y ex agente judicial, Gerardo Castaing; el Fiscal Adjunto de Fraudes, Osvaldo Hendersson y el subdirector del OIJ, Francisco Segura (quien ejerce la Dirección de manera interina).
Aunque ninguno ha presentado su postulación oficial, la intención de Gamboa por el puesto despertó la incógnita de si esa plaza debe ocuparla una persona vinculada a la política.
Según el artículo 9, inciso c, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es “prohibido para los funcionarios de ese poder participar en actividades proselitistas, electorales partidarias”.
Carlos Chinchilla, Magistrado de la Sala III y miembro de la Comisión de Nombramientos (encargada de recomendar a los candidatos ante la Corte Plena), ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el tema y es por eso que él presentó una moción para que, dentro del formulario que los candidatos deben llenar, se pregunte si tienen militancia o permanencia en un partido político.
“La Comisión la llevó a la Corte Plena y se determinó por una mayoría importante que no debería preguntarse eso. La intención que yo tenía no era excluir a nadie pero sí saber, si se tenía vinculación política porque es importante, además me parece que si es impedimento para todos nosotros, lógicamente también debe serlo para el director del Organismo de Investigación Judicial”, manifestó Chinchilla.
Para el funcionario, nombrar a una persona que tenga vinculación con la política -y en caso de que la Comisión de Nombramiento lo sepa- podría generar un problema.
“Si lo aceptamos y nombramos así, debemos aceptarlo para todos los efectos aunque después digamos… ah no, es que una vez nombrado debe renunciar… Ahí ya eso sería distinto, porque si usted nombra ha alguien con requisitos -que de por sí debe tener- y en ese momento no lo tiene, pues es problema de quién lo nombra aceptarlo como es”, señaló Chinchilla.
El Magistrado agregó que si la persona elegida tiene militancia política partidaria debe renunciar a ella.
“El Poder Judicial está abstraído de la actividad político-partidaria y por lo tanto eso es lo que nosotros queremos que el Organismo de Investigación Judicial resalte”, aseguró Chinchilla.
Por su parte, Francisco Arroyo, Jefe de Gestión Humana del Poder Judicial, indicó que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede postularse.
“Las personas tienen la libre disposición de participar y el hecho de que ocupe o no un cargo (político), no es un tema que esté regulado en la Ley Orgánica como una causal de que no puedan participar, solo debe cumplir con los requisitos que estable la ley que son: ser costarricense, mayor de edad, de conducta intachable, abogado y que tenga conocimiento en la materia”, afirmó Arroyo.
Los interesados en concursar por el puesto de director del OIJ, deberán llenar un formulario que estará disponible mañana 10 de setiembre, cuando se publique el “concurso” en el Boletín Judicial y en un diario de circulación nacional. La inscripción cierra el 21 de setiembre.
“Las personas pueden retirar el formulario vía electrónica o lo pueden presentar de forma presencial en el OIJ. Una vez que se inscriben, el departamento de gestión humana tiene que hacer una revisión para ver si las personas cumplen con los atestados, luego hacemos una nómina que es la que le presentamos a la Comisión de Nombramientos para que ellos definan cuáles son los pasos a seguir. Una vez que la comisión tiene una recomendación se la hace a la Corte Plena, quién en definitiva es la que nombra al director”, manifestó Arroyo.
Aunque el concurso inicia la próxima semana, todavía no se tiene una fecha definitiva para elegir al nuevo director del OIJ.
LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
La Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia está integrada por: Julia Varela de la Sala II, Carlos Chinchilla de la Sala III, Paul Rueda de la Sala Constitucional, Zarela Villanueva de la Sala II y Luis Guillermo Rivas de la Sala I.
La Comisión de Nombramientos de la Corte Suprema de Justicia está integrada por: Julia Varela de la Sala II, Carlos Chinchilla de la Sala III, Paul Rueda de la Sala Constitucional, Zarela Villanueva de la Sala II y Luis Guillermo Rivas de la Sala I.
GRADUACION COLEGIO SAMAGU SANTO DOMINGO DE HEREDIA . VIERNES 7 DE SETIEMBRE 2012 PEDREGAL BELEN HEREDIA
CAROLINA ARIAS JIMENEZ Y RITA ARIAS JIMENEZ HERMANA Y MADRE DE EDUARDO RODRIGUEZ ARIAS DE LA SECCION 11-3 DEL COLEGIO SANTA MARIA DE GUADALUPE EN EL BAILE DE GRADUACION DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA
La Contraloría General de la República (CGR) envió a la auditoría del Banco Popular (BP) –sin pronunciarse- una denuncia del diputado José María Villalta remitida al órgano contralor por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), para que se investigara la posible transgresión de regulaciones en un acuerdo entre dicho Banco y la Corporación PIPASA S.A., cuando esta aún no había sido vendida a la transnacional Cargill de Estados Unidos y pertenecía a una empresa vinculada a los hermanos Arias Sánchez. Con recursos del Fondo Especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) el BP, entidad pública no estatal, financió una y otra vez la adquisición de franquicias de la compañía en puntos de venta que no habían sido rentables y sus dueños habían quebrado, según la denuncia de Villalta, diputado del Frente Amplio. Supuestamente sin tener un plan de inversiones, entre el 2004 y el 2009 el BP financió 48 operaciones de franquicias adquiridas por empleados de PIPASA y otras personas, muchas de las cuales no pudieron hacer frente a los gastos y tuvieron que devolverlas o se las quitaron.
MIÉRCOLES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012 00:04
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José María Villalta: Lo que hay que investigar es el manejo poco transparente de los fondos (Foto: archivo).
La Contraloría General de la República (CGR) envió a la auditoría del Banco Popular (BP) –sin pronunciarse- una denuncia del diputado José María Villalta remitida al órgano contralor por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), para que se investigara la posible transgresión de regulaciones en un acuerdo entre dicho Banco y la Corporación PIPASA S.A., cuando esta aún no había sido vendida a la transnacional Cargill de Estados Unidos y pertenecía a una empresa vinculada a los hermanos Arias Sánchez.
Con recursos del Fondo Especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) el BP, entidad pública no estatal, financió una y otra vez la adquisición de franquicias de la compañía en puntos de venta que no habían sido rentables y sus dueños habían quebrado, según la denuncia de Villalta, diputado del Frente Amplio.
Supuestamente sin tener un plan de inversiones, entre el 2004 y el 2009 el BP financió 48 operaciones de franquicias adquiridas por empleados de PIPASA y otras personas, muchas de las cuales no pudieron hacer frente a los gastos y tuvieron que devolverlas o se las quitaron.
Para una parte de los franquiciados (operadores de centros de carnes con la franquicia) el sueño de independizarse con un negocio propio se transformó en una prolongada pesadilla, pues tuvieron que devolver el negocio y quedaron pagando deudas, y hasta con casas de la familia hipotecadas.
Navil Campos, Gerente del Área de Denuncias e Investigación de la División Evaluativa y Operativa de la CGR, le informó en un nota a Villalta que la denuncia había sido remitida a la auditoría del BP, la cual lo mantendría informado al respecto. A la vez le adjuntó un estudio de la CGR sobre el uso de los recursos del FODEMIPYME –pero solo del período 2010/2011- en el cual concluye que el FODEMIPYME no ha utilizado en forma eficaz y eficiente los recursos públicos que administra.
“La CGR rehuyó responder y le tiró la bola a la contraloría interna, y esta dice que está investigando”, dijo Villalta. El diputado no cree que la auditoría vaya a decir nada, porque las auditorías siguen sometidas a los jerarcas de las instituciones, aunque tendrían que ser independientes, y en este caso está de por medio una empresa ligada a los Arias y “van a tapar todo”.
Dijo que él se había reunido con los señores de la CGR y les explicó cuál era el fondo del problema, que no se trataba solo de morosidad en los créditos como dijo el BP, sino que reiteradamente, fondos que debían ir para apoyar a las micro y pequeñas empresas, los utilizaron para financiar venta de franquicias vinculadas con una gran corporación.
“Al pequeño le ponen todo tipo de trabas (con el crédito), pero bastó que llegara la Corporación PIPASA, en ese momento vinculada a los Arias, para que reiteradamente prestaran para adquirir franquicias de la empresa, a sabiendas de que la misma estructura del negocio había fracasado (…) Así que no se puede ver solo la cartera de morosidad de estas franquicias, sino todo el manejo poco transparente que hicieron”, dijo Villalta.
EN LA CALLE
El BP ha dicho que no se presentaron problemas de pago con esos préstamos, mientras que según afirmaron franquiciados a este Semanario, ellos tuvieron que endeudarse con nuevos créditos para pagar al Banco, e incluso en algunos casos PIPASA les pagó la deuda a los franquiciados cuando el asunto empezó a trascender.
Un grupo de franquiciados tiene una demanda presentada en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Distrito Judicial de San José, en la que solicitan la nulidad de los contratos de franquicia firmados por considerarlos “leoninos”.
“Quedé en la calle”, afirmó Cintia Torres, quien relató que al enterarse por medio de su esposo que trabajaba en PIPASA, sobre la posibilidad de adquirir la franquicia, sacó un préstamo del BP en marzo del 2009 para comprar una agencia de la compañía que estaba cerca de su casa en Heredia. Pero igual que ocurrió con dueños anteriores, las ventas eran buenas pero no le daban para pagar los gastos y más bien crecían las deudas con la compañía por lo que tuvo que devolver la agencia y quedaron endeudados, tanto ella como su esposo que había renunciado a su empleo para ayudarla con el negocio.
Cuando ocurrieron los hechos la Corporación PIPASA era propiedad del Grupo Sama, en la cual tiene participación el expresidente Óscar Arias y la Conferencia Episcopal era socio mayoritario, hasta hace poco tiempo. En junio del 2011, PIPASA fue adquirida por la corporación estadounidense Cargill.
Además de los fondos aportados por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a la Ruta 1856 (denominada trocha fronteriza), el gobierno de Laura Chinchilla destinó ¢23.000 millones para obras mediante modificaciones al presupuesto general de la República del 2011, que no conoció la Asamblea Legislativa. Dichos fondos fueron aportados por los Ministerios de Educación, Seguridad Pública y Hacienda. Las modificaciones se hicieron vía decretos al amparo de la declaración de emergencia que emitió el Poder Ejecutivo el 7 de marzo del 2011, para atender la invasión nicaragüense a la fronteriza isla Calero en octubre del 2010. El hecho se resalta en el dictamen negativo de mayoría rendido sobre la liquidación de presupuesto nacional del 2011, informe firmado por los diputados y diputadas opositores de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, y que el plenario legislativo deberá discutir en los próximos días.
Además de los fondos aportados por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a la Ruta 1856 (denominada trocha fronteriza), el gobierno de Laura Chinchilla destinó ¢23.000 millones para obras mediante modificaciones al presupuesto general de la República del 2011, que no conoció la Asamblea Legislativa.
Dichos fondos fueron aportados por los Ministerios de Educación, Seguridad Pública y Hacienda. Las modificaciones se hicieron vía decretos al amparo de la declaración de emergencia que emitió el Poder Ejecutivo el 7 de marzo del 2011, para atender la invasión nicaragüense a la fronteriza isla Calero en octubre del 2010.
El hecho se resalta en el dictamen negativo de mayoría rendido sobre la liquidación de presupuesto nacional del 2011, informe firmado por los diputados y diputadas opositores de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, y que el plenario legislativo deberá discutir en los próximos días.
Igual que el anterior, este año hay un dictamen de mayoría negativo sobre la liquidación del presupuesto, “lo que quiere decir que no estamos conformes en cómo se manejó el presupuesto del 2011, y precisamente como la trocha fronteriza se hizo al amparo de decretos de emergencia que le dan (al Ejecutivo) la facultad de modificar los presupuestos; entonces, en ese informe presentamos un anexo sobre la trocha desde el punto de vista financiero”, explicó Patricia Pérez, presidenta de la mencionada comisión (ver recuadro “Trocha al plenario legislativo”).
Por otra parte, añadió Pérez, los diputados de oposición decidieron enviar a la Fiscalía una denuncia contra Vanessa Rosales, presidenta de la CNE, por considerar que la funcionaria faltó al juramento de decir la verdad durante su comparecencia ante la comisión, en la que negó responsabilidad en los trabajos de la trocha y la endosó enteramente al CONAVI, entidad ejecutora del proyecto.
“Lo que me queda claro es que doña Vanessa mintió (…), que efectivamente está involucrada y tuvo conocimiento de todo el desarrollo de la obra desde el 2010, y no desde principios del 2012 como ella dice”, afirmó Pérez (del Movimiento Libertario), en alusión a declaraciones de otros comparecientes, que señalaron a la Presidenta de la CNE entre las personas que dieron seguimiento y discusión a las labores relacionadas con la trocha.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público inició hace dos meses una investigación sobre presuntas dádivas a funcionarios, por parte de las empresas contratistas de la trocha y otros hechos de corrupción, los cuales también están bajo la lupa penal de la Fiscalía.
Esta semana empezaron a ser llamados a declarar los empresarios que participaron en la construcción de las obras en la frontera norte. Hasta ahora solo habían sido interpelados funcionarios y exfuncionarios gubernamentales, entre ellos Francisco Jiménez (exministro de Obras Públicas y Transportes), Carlos Acosta (exdirector ejecutivo del CONAVI), y Manuel Serrano (ingeniero del CONAVI encargado directo del proyecto).
Estos confirmaron el funcionamiento de una comisión de alto nivel en la Presidencia, conformada por ministros, viceministros y otros funcionarios, que dieron seguimiento a las obras, y de la cual formó parte la Presidenta de la CNE.
Faltan por ser llamados a declarar Luis Liberman, segundo vicepresidente de la República, y otros miembros de una grupo asesor de la Presidencia sobre infraestructura, así como José María Tijerino, exministro de Seguridad Pública y actual embajador en Uruguay, a quien diversos comparecientes señalan como quien pidió las obras por construir en la zona fronteriza.
“Obviamente en la administración la responsabilidad existe, y lo que tenemos que buscar es el grado de responsabilidad de cada uno. Si además de esa responsabilidad se determina que hubo enriquecimiento ilícito de algunos, eso tendrá otra connotación legal, pero la responsabilidad la hay”, dijo Pérez.
¿De dónde a dónde va la línea de responsabilidad? Para la diputada “viene claramente de la Casa Presidencial”, y el exministro Tijerino tiene su participación, ya que es quien pide que se hagan las obras y dice qué se hace, mientras que el exministro Jiménez es quien da la orden de contratar el equipo y empezar las obras.
A la vez, el vicepresidente Liberman ante la información que le da Jiménez de que se habían paralizado las obras, va el 18 de marzo pasado a una reunión en el CONAVI, donde pide que las obras continúen y que se deje de hacer cualquier otra cosa, pero que estas continúen, señaló Pérez.
A su juicio, Jiménez se contradijo al decir que a Liberman y al grupo asesor sobre infraestructura se le informaba del avance de la obra, pero que estos no tomaban decisiones. ¿Para qué se le da cuentas a alguien que no toma decisiones? Eso es contradictorio, consideró la diputada.
Mientras tanto, el diputado Manrique Oviedo (Partido Acción Ciudadana) dijo que el objetivo que se ha propuesto en la comisión es desnudar los actos de corrupción, como el pago de dádivas y otras irregularidades. Son hechos que aún no están claros, porque son negocios que se hacen en la oscuridad y es lo más difícil de demostrar. Es algo que “desde un principio lo teníamos claro, pero ese es el objetivo planteado y sobre eso estamos trabajando”, manifestó.
Recordó que aún tienen que llegar a declarar los miembros de la junta directiva del CONAVI (donde hay representantes del Gobierno y de la empresa privada), y también “el vicepresidente Liberman debe venir; él me decía que había un grupo a cargo de la obra y debe venir a dar las cuentas respectivas”.
Asimismo, deben comparecer las empresas, de las que se dice que estaban pagando dádivas, cobrando por máquinas que no existen y poniendo más tiempo del trabajado; “de todo esto tenemos referencias, así como de un traslado de ¢25 millones a una cuenta panameña, pero todo esto tenemos que corroborarlo”, acotó Oviedo.
INTERROGANTE
Un asunto por dilucidar y que podría comprometer la actuación de la CNE en el asunto de la trocha, es la legalidad de la transferencia de fondos que hizo la CNE al CONAVI para financiar la obra. La Presidenta de la CNE invocó en la comisión legislativa un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), que avala la figura de la donación como uno de los mecanismos que se pueden utilizar para el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias a la unidad ejecutora de las obras.
Sin embargo, se ha omitido mencionar requisitos que según el mismo dictamen de la PGR deben cumplirse. Por ejemplo, que la entrega de los fondos está supeditada al decreto de emergencia y a la aprobación previa de un plan de inversión de las obras para atender la emergencia (ver recuadro “Fondos vinculados”).
En este caso, el plan de inversión y el acuerdo entre la CNE y el CONAVI para la entrega de los recursos se firmó el 28 de febrero del 2012, cuando la mayor parte de las obras ya estaban hechas. Además se incluyó la construcción de la ruta paralela al río San Juan, invocando el decreto de emergencia 36440, que refiere a actividades en tres fases (respuesta, rehabilitación y reconstrucción) y por ningún lado habla de obra nueva en infraestructura.
No obstante, la presidenta de la CNE, Vanessa Rosales, y el director ejecutivo del CONAVI, Carlos Acosta, firmaron el 28 de febrero del 2012 un convenio para el traspaso por donación de ¢16.000 millones del fondo de la emergencia. El objetivo del acuerdo es ejecutar los proyectos de infraestructura vial indicados en el plan de inversión denominado “Habilitación de las rutas de lastre y construcción de la nueva ruta paralela a la frontera”.
Entre los documentos firmados se agrega ahí una ampliación al plan de inversión, aprobada por la directiva de la CNE el 25 de enero del 2012, que extiende la ruta fronteriza hasta la costa pacífica. El proyecto se describe como “Trabajos de desarrollo vial en la frontera norte, III etapa carretera paralela a la frontera con la república de Nicaragua, Delta Costa Rica-Los Chiles-Peñas Blancas-Bahía Salinas (Conventillos) y ampliación de los cinco kilómetros fronterizos de la carretera interamericana norte, Ruta Nacional Nº 1”.
Trocha al plenario legislativo
El informe sobre la liquidación del presupuesto incluye un anexo donde se detalla de dónde salió en una primera instancia el dinero que utilizó en la trocha el CONAVI, que es el ente que realizó la parte más importante de la obra. Luego están ¢5.000 millones del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), ¢5.000 millones que aporta Hacienda, ¢6.000 millones el Ministerio de Educación y otros ¢4.000 millones que da el MSP. Esto hace un total de ¢23.000 millones que se le pasan vía decreto a la CNE y esta se los deposita al CONAVI mediante una donación.
Los recursos se fondean con un decreto de emergencia, con lo que el Gobierno tiene la posibilidad de hacer las modificaciones presupuestarias sin notificarle a la Asamblea Legislativa. “Eso fue lo que ocurrió. Por eso no nos dimos cuenta el año pasado” en la Asamblea Legislativa, cuando la alianza opositora por Costa Rica supuestamente estaba controlando el presupuesto, dijo la diputada Patricia Pérez.
¿Fue un presupuesto que se manejó desde la Casa Presidencial?
-Claro, porque son decretos de emergencia que le permiten hacer modificaciones presupuestarias sin notificar a la Asamblea Legislativa. Se hicieron 32 modificaciones presupuestarias.
¿Qué habría pasado si la Asamblea Legislativa hubiera estado enterada de la modificación presupuestaria?
-Bueno, acuérdese que ellos (el Gobierno) en todo momento le contestan a uno que era una emergencia nacional y un decreto de Estado. Aunque la investigación de la trocha no ha terminado, acordamos hacer un anexo en el informe de liquidación del presupuesto, porque el presidente legislativo, después de recibido este informe, tiene por reglamento cinco días de plazo para someterlo a discusión en el plenario.
Tiene que hacerlo, y no es como ha ocurrido con muchas investigaciones que han hecho comisiones especiales, que no se han podido nunca discutir en el plenario. Por eso es que decidimos que en la liquidación de presupuesto, como el inicio de la trocha se da vía modificación presupuestaria, se agregara el tema para que el presidente legislativo tenga que someterlo a discusión.
Es muy importante que el costarricense sepa que hay un dictamen negativo, y creo que los compañeros vamos a irnos más por el tema de la trocha, para que se dé la discusión en el plenario, lo que es inesperado, porque estaríamos haciendo una discusión a dos meses de que se inició la investigación.
Ya que lo hicieron con modificaciones presupuestarias del 2011, la liquidación del presupuesto 2011 había que aprovecharla y la aprovechamos, expresó Pérez.
Fondos vinculados
Ante una consulta de Miriam Orozco, auditora interna de la CNE, Magda Rojas, procuradora general interina de la República, respondió en un informe del 13 de octubre del 2011 que la donación de recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) es posible, considerando los siguientes aspectos, entre otros:
•El artículo 48 de la Ley la Ley Nacional de Emergencias (Nº 8488) autoriza a la CNE a donar bienes de cualquier naturaleza a los entes públicos, a efecto de que atiendan una situación de emergencia, lo cual se sujeta a un plan de acción específico que debe ser conforme con el Plan General de la Emergencia.
•Es un elemento imprescindible que las acciones que se financiarán con la donación se enmarquen en un plan de acción, que debe ser conforme con el Plan General de Emergencia.
•De acuerdo con la Ley, es la CNE la que administra, dispone sobre el uso y disposición de los recursos del FNE, todo bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna de la CNE.
•La CNE no puede disponer discrecionalmente de esos fondos, sino únicamente para los fines establecidos por la misma Ley, sea actividades de emergencia, prevención y mitigación.
•Estando de por medio los recursos del FNE, se debe seguir como lógica consecuencia la competencia de la CNE para determinar el uso de los recursos y el control y fiscalización sobre ese uso.
•El FNE no debe destinarse a cubrir actividades no asociadas con la emergencia, salvo el caso de los gastos administrativos dispuestos en el artículo 44 de la Ley.
•De acuerdo con esta Ley (art. 39), el Plan General de Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia.
•Los proyectos finales que deben elaborar las distintas unidades ejecutoras deben ser aprobados por la junta directiva de la CNE, como requisito previo al giro de los recursos.
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