MIÉRCOLES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012 00:04
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José María Villalta: Lo que hay que investigar es el manejo poco transparente de los fondos (Foto: archivo).
La Contraloría General de la República (CGR) envió a la auditoría del Banco Popular (BP) –sin pronunciarse- una denuncia del diputado José María Villalta remitida al órgano contralor por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), para que se investigara la posible transgresión de regulaciones en un acuerdo entre dicho Banco y la Corporación PIPASA S.A., cuando esta aún no había sido vendida a la transnacional Cargill de Estados Unidos y pertenecía a una empresa vinculada a los hermanos Arias Sánchez.
Con recursos del Fondo Especial para el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (FODEMIPYME) el BP, entidad pública no estatal, financió una y otra vez la adquisición de franquicias de la compañía en puntos de venta que no habían sido rentables y sus dueños habían quebrado, según la denuncia de Villalta, diputado del Frente Amplio.
Supuestamente sin tener un plan de inversiones, entre el 2004 y el 2009 el BP financió 48 operaciones de franquicias adquiridas por empleados de PIPASA y otras personas, muchas de las cuales no pudieron hacer frente a los gastos y tuvieron que devolverlas o se las quitaron.
Para una parte de los franquiciados (operadores de centros de carnes con la franquicia) el sueño de independizarse con un negocio propio se transformó en una prolongada pesadilla, pues tuvieron que devolver el negocio y quedaron pagando deudas, y hasta con casas de la familia hipotecadas.
Navil Campos, Gerente del Área de Denuncias e Investigación de la División Evaluativa y Operativa de la CGR, le informó en un nota a Villalta que la denuncia había sido remitida a la auditoría del BP, la cual lo mantendría informado al respecto. A la vez le adjuntó un estudio de la CGR sobre el uso de los recursos del FODEMIPYME –pero solo del período 2010/2011- en el cual concluye que el FODEMIPYME no ha utilizado en forma eficaz y eficiente los recursos públicos que administra.
“La CGR rehuyó responder y le tiró la bola a la contraloría interna, y esta dice que está investigando”, dijo Villalta. El diputado no cree que la auditoría vaya a decir nada, porque las auditorías siguen sometidas a los jerarcas de las instituciones, aunque tendrían que ser independientes, y en este caso está de por medio una empresa ligada a los Arias y “van a tapar todo”.
Dijo que él se había reunido con los señores de la CGR y les explicó cuál era el fondo del problema, que no se trataba solo de morosidad en los créditos como dijo el BP, sino que reiteradamente, fondos que debían ir para apoyar a las micro y pequeñas empresas, los utilizaron para financiar venta de franquicias vinculadas con una gran corporación.
“Al pequeño le ponen todo tipo de trabas (con el crédito), pero bastó que llegara la Corporación PIPASA, en ese momento vinculada a los Arias, para que reiteradamente prestaran para adquirir franquicias de la empresa, a sabiendas de que la misma estructura del negocio había fracasado (…) Así que no se puede ver solo la cartera de morosidad de estas franquicias, sino todo el manejo poco transparente que hicieron”, dijo Villalta.
EN LA CALLE
El BP ha dicho que no se presentaron problemas de pago con esos préstamos, mientras que según afirmaron franquiciados a este Semanario, ellos tuvieron que endeudarse con nuevos créditos para pagar al Banco, e incluso en algunos casos PIPASA les pagó la deuda a los franquiciados cuando el asunto empezó a trascender.
Un grupo de franquiciados tiene una demanda presentada en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Distrito Judicial de San José, en la que solicitan la nulidad de los contratos de franquicia firmados por considerarlos “leoninos”.
“Quedé en la calle”, afirmó Cintia Torres, quien relató que al enterarse por medio de su esposo que trabajaba en PIPASA, sobre la posibilidad de adquirir la franquicia, sacó un préstamo del BP en marzo del 2009 para comprar una agencia de la compañía que estaba cerca de su casa en Heredia. Pero igual que ocurrió con dueños anteriores, las ventas eran buenas pero no le daban para pagar los gastos y más bien crecían las deudas con la compañía por lo que tuvo que devolver la agencia y quedaron endeudados, tanto ella como su esposo que había renunciado a su empleo para ayudarla con el negocio.
Cuando ocurrieron los hechos la Corporación PIPASA era propiedad del Grupo Sama, en la cual tiene participación el expresidente Óscar Arias y la Conferencia Episcopal era socio mayoritario, hasta hace poco tiempo. En junio del 2011, PIPASA fue adquirida por la corporación estadounidense Cargill.
