| Costa Rica, 23 Nov. 08 (Eco Católico) | ||
María Estela Monterrosa mmonterrosa@elecocatolico.org “Nuestro Obispo expresó (Eco Católico 9 de noviembre) que ninguna ventaja material está por encima de la vida, eso resume la posición de la Iglesia, no puede haber ningún capital, ningún tesoro o promesa que podamos poner por encima de la vida, debemos defenderla con todas nuestras fuerzas”. Con estas palabras, el sacerdote Félix Torres, director diocesano de la Pastoral Social–Cáritas de Ciudad Quesada, se dirigió a los asistentes de la marcha que se realizó el viernes 14 de noviembre en Ciudad Quesada. La manifestación fue convocada por el Frente de Oposición a la Minería de Oro a Cielo a Abierto y contó con una nutrida participación de diferentes organizaciones sociales. Entre los asistentes estuvieron miembros de la Pastoral Social- Cáritas de Ciudad Quesada y de la Pastoral Juvenil, así como organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales, ambientalistas, cámaras de turismo, vecinos de comunidades cercanas al proyecto como Coopevega, Chamorro, Las Crucitas y Moravia del cantón de Pocosol, delegaciones de las comunidades indígenas Maleku y de Talamanca y políticos. La actividad transcurrió en paz y muchos participantes hicieron gala de creatividad y entusiasmo para manifestarse en contra de la minería a cielo abierto. Doña Balbina Torres, vecina de Cutris, aseguró que está en contra de la minería porque aumentaría el deterioro ambiental de la región e implicaría el desplazamiento de los productores agrícolas, ganaderos y forestales, transformando así la identidad campesina de la región. “La comunidad está dividida, nosotros estamos en contra de la mina porque somos amantes de la vida. Ellos se llevan la riqueza y a nosotros nos dejan la contaminación. Dan pocos empleos por poco tiempo”, dijo. La existencia de yacimientos de oro en Talamanca motivó a un grupo de indígenas a organizarse para participar en la marcha en Ciudad Quesada. Salieron desde el jueves a mediodía para llegar a tiempo. “Vemos una gran amenaza, en Talamanca tenemos más de 100 kilómetros que quieren explotar, ahí está la cabecera de los ríos, son tierras de nuestros antepasados y no lo podemos permitir, la minería es muerte total”, dijo Leonardo Buitrago. Denuncias de los manifestantes Según el Frente de Oposición, la minería de oro a cielo abierto es la actividad industrial de más alto impacto ambiental, social y cultural. La técnica supone la remoción de casi una tonelada de terreno para obtener una onza de oro (cuyo valor actual en el mercado es de unos $1.000), lo que implicará la devastación de la superficie, produciría la destrucción de áreas cultivadas e incluso podría alterar los cursos de agua. El Frente llama la atención en cuanto a la contaminación del aire producida por partículas sólidas (polvo y residuos de combustibles) resultantes de diversas fases del proceso. Afirman también que se contaminará el aire con cianuro, mercurio, dióxido de azufre, y otros gases residuales, y el uso de voladuras y dinamita. Los residuos sólidos finos, por su parte, aumentarían la sedimentación en los ríos de la zona y aumentaría el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por sustancias químicas. Además, se afirma que el uso intensivo de las aguas subterráneas para el abastecimiento de las operaciones de la mina conllevaría un descenso en los niveles de este recurso para otras actividades productivas de la zona. “Para el proyecto Las Crucitas se autorizó a la empresa la destrucción total de importantes ecosistemas dulces de quebradas, ríos y caños presentes en el cerro Botija y Fortuna. Asimismo el gobierno autorizó la destrucción de un manto acuífero de carácter regional que será fracturado y expuesto una vez que los cráteres alcancen el nivel freático del acuífero”, manifestó el Frente. Por otra parte, la eliminación de la vegetación impactaría a las especies animales propias de la zona y otras cercanas, incluidas especies protegidas como la lapa verde. Según los detractores del proyecto, el daño ambiental, como la contaminación del agua, el suelo y el aire podrían también afectar a los seres humanos con la incidencia de algunas enfermedades, y a las actividades de pescadores, ganaderos y agricultores, entre otros. “La minería no genera empleos de manera importante, tanto cualitativa como cuantitativamente, ni sostenidos en el mediano y largo plazo y los ingresos fiscales por esta actividad no son sustanciales, debido a las exoneraciones tributarias (art. 59 código de minería)”, rezaba el comunicado del Frente de Oposición. Diputados piden razones Mientras los manifestantes se aglomeraban frente a la Catedral, un grupo de seis diputados del Partido Acción Ciudadana y José Merino del Río, de Frente Amplio, en compañía de las regidoras Ada Luz Benavides y Marcela Céspedes entregaron el pliego de peticiones al Vicealcalde de San Carlos, Wilber Rojas. Rojas manifestó que actividades como la organizada por el Frente de Oposición a la Minería de Oro de la Zona Norte fortalecían la democracia y que debería ser el Alcalde, Alfredo Córdoba, quien argumentara sus razones para apoyar la minería. “La queja de la gente es que la Municipalidad no los ha querido escuchar, don Wilber da su criterio sobre los ambientalistas, pero no los reciben para conocer sus opiniones”, afirmó el diputado Merino. Por su parte, el diputado de Acción Ciudadana, Marvin Rojas afirmó que el objetivo de su visita fue “interpelar al Alcalde sobre sus razones para apoyar la minería a cielo abierto y sobre las declaraciones del Presidente, Oscar Arias, quien dijo que consultó a muchas personas sobre el tema, entre las cuales lo menciona. Queremos que le diga al país cuáles fueron las razones que tuvo para dar esa recomendación”. “Lo que ellos mismos dicen es que el 90% de las utilidades se van a ir del país, ¿dónde está el interés público y conveniencia nacional? Nosotros estamos seguros de que la decisión del Presidente fue equivocada y hacemos corresponsable al Alcalde”, agregó. A favor de la minería El 31 de octubre vecinos de Cutris y Pocosol, empleados y empresarios de Industrias Infinito realizaron una marcha en defensa del proyecto minero. “No solo hemos ayudado a este pueblo en la generación de nuevos empleos, hemos contribuido en la construcción de caminos, puentes, escuelas y sobre todo al desarrollo de esta zona”. “Aquí venimos a decirles a los ciudadanos que el proyecto Crucitas es otra cosa, a como los ambientalistas lo han pintado, creemos en el derecho de la conservación, por qué tanto alboroto con unos pocos árboles que necesitamos talar si la empresa ha adquirido muchísimo más terreno que se dedica a la conservación”, manifestó Andrés Soto, vocero de la empresa Crucitas, de acuerdo con el diario La Prensa Libre. Un vecino dijo que la actividad minera lo que ha dado es una gran ayuda a la comunidad, porque “no existimos para nadie, cuándo alguien del Gobierno ha hecho algo por nosotros, parece que somos una parte de Costa Rica que desean esconder pero ahora que alguien nos quiere ayudar tratan de detenerlos, no lo vamos a permitir”, manifestó con pancartas en el desfile por las calles de Ciudad Quesada, según dicho diario. La actividad concluyó en el Parque de Ciudad Quesada, donde agradecieron el voto de apoyo de la Municipalidad local y del Presidente de la República, Dr. Óscar Arias. | ||
domingo, 23 de noviembre de 2008
Polémica a cielo abierto
| TODOS CONTRA ELLA EDITORIAL ECO CATOLICO | |
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Son muchas las luchas que este medio de comunicación, en particular, viene librando para no dejar pasar desapercibidas las constantes descalificaciones que recibe la Iglesia por tratar de ser fiel a Cristo en este delicado tema, rechazando, con firmeza, todo procedimiento que atente contra el valor fundamental de la vida. En las últimas semanas, el Eco Católico ha publicado un sin numero de “derechos de respuesta” a una serie de personas e instancias que coordinan y articulan estrategias muy bien orquestadas y, especialmente, financiadas a favor de la despenalización del aborto, de la promoción del mismo y de la difusión de una visión sexista al margen de la ética. Algunos diputados, ministros de Estado y periodistas, entre otros, se han autoproclamado “defensores de las minorías” acusando a la Iglesia de constantes “abusos” e intromisiones en la vida política. Esto no es nuevo pero, llama la atención, la agresividad e intolerancia manifiesta. Es entendible que la Iglesia sea blanco de tanta burla y reprobación de parte de algunos sectores, claramente definidos, que evidencian en algunos casos, el prejuicio y la ignorancia, cuando no el populismo de frente a una opción clara por la persona humana como medida de todas las cosas. Para la Iglesia, desde el Evangelio, el derecho a la vida es la primera y fundamental garantía sobre las otras. Como nos enseñara Monseñor Vittorino Girardi en su laureada predicación el 2 de agosto pasado: “El cristiano entonces está llamado a asimilar y a hacer vida la convicción de que no puede separar la opción por el Dios de Jesucristo, de la opción por la persona humana. Si decide poner a Dios en el centro debe, y con la misma medida, poner a la persona humana en el centro y, cuanto más se hace discípulo de Cristo, más se le hace inaguantable todo atropello del ser humano y de su dignidad”. Las ofensas a la vida humana se han tornado en nuestra cultura costarricense un fenómeno cotidiano. De forma pasiva vemos el avance de una cultura de la muerte que es efecto de dar la espalda al Dios de la vida, de la voluntad engañosa de sustituir el reconocimiento de Dios como Creador por el repliegue en una libertad ilusoria, por la esclavitud del pecado o por la idolatría del mundo, en sus diversas variantes (cf Catecismo de la Iglesia Católica, 2097). Estas circunstancias, obligan tanto a los Obispos como a los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y laicos en general, a conocer las distintas propuestas legislativas que se discuten para su eventual aprobación con sus alcances jurídicos, éticos y morales y a difundir la doctrina cristiana en aras de resaltar en los creyentes el respeto irrestricto de la vida humana para que nadie, amparado en su investidura, disponga directamente de la vida sin tener en cuenta el grave riesgo social que corremos. | |
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Consideran que espionaje gubernamental en Costa Rica debe terminar
San José, 23 Nov (Notimex).- El escándalo de corrupción que estalló la semana pasada en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Dis) indica que el espionaje gubernamental, carente de controles, debe terminar, afirmó hoy aquí el analista Rodolfo Cerdas.
La existencia de la Dis fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de la Presidencia- revela que el poder ejecutivo está en capacidad de violar la privacidad de las personas según el titular de ese Ministerio y sus asistentes estimen pertinente, señaló Cerdas.
El peligro de tal espionaje se agudizó cuando, en el caso que ahora afecta a la Dis, información en poder de esa entidad fue facilitada a una banda de estafadores bancarios, indicó Cerdas en su columna semanal Ojo Crítico, que publicó el diario La Nación.
El escándalo estalló mientras Costa Rica es gobernada por un galardonado con el Premio Nobel de la Paz, indicó, en alusión al hecho de que durante su primer mandato presidencial (1986-1990), el actual jefe de Estado de este país, Osca Arias, obtuvo esa distinción.
“Se evidencia la capacidad del Ejecutivo para violar la privacidad ciudadana y para espiarla, sin controles ni rendición de cuentas y al arbitrio y capricho del ministro de la presidencia y sus ayudantes”, señaló.
Eso “no es nuevo, pues ya se sabía de este espionaje oficializado y nadie hizo nada”, y el hecho de “que sea un mal viejo y con una mala ley, solo hace más urgente acabarlo”, aseguró el politólogo, en el artículo.
La Dis es un “monstruito en crecimiento, antidemocrático y anticonstitucional, carece de control legal y lleva en sí el virus del abuso de poder”, y “un instrumento político disfrazado de policial, para invadir el ámbito privado de la ciudadanía”, advirtió Cerdas.
La Nación publicó el artículo cuatro tres días después de que el subdirector de la Dis, Roberto Guillén, y otros ocho integrantes de la banda fueron detenidos bajo los cargos de asociación ilícita, estafa mayor, falsificación de documentos, y uso de documento falso.
La banda operaba accediendo a un banco de datos privado, mediante la clave de la que disponía Guillén, y obteniendo así información confidencial de personas a quienes el grupo luego estafaba mediante falsificación de cheques y de documentos de identidad.
El delito global cometido por el grupo es superior a 150 millones de colones (algo más de 270 mil dólares), de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas esta semana aquí por medios informativos costarricenses.
Guillén fue puesto en libertad, sujeto a medidas cautelares.
La existencia de la Dis fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de la Presidencia- revela que el poder ejecutivo está en capacidad de violar la privacidad de las personas según el titular de ese Ministerio y sus asistentes estimen pertinente, señaló Cerdas.
El peligro de tal espionaje se agudizó cuando, en el caso que ahora afecta a la Dis, información en poder de esa entidad fue facilitada a una banda de estafadores bancarios, indicó Cerdas en su columna semanal Ojo Crítico, que publicó el diario La Nación.
El escándalo estalló mientras Costa Rica es gobernada por un galardonado con el Premio Nobel de la Paz, indicó, en alusión al hecho de que durante su primer mandato presidencial (1986-1990), el actual jefe de Estado de este país, Osca Arias, obtuvo esa distinción.
“Se evidencia la capacidad del Ejecutivo para violar la privacidad ciudadana y para espiarla, sin controles ni rendición de cuentas y al arbitrio y capricho del ministro de la presidencia y sus ayudantes”, señaló.
Eso “no es nuevo, pues ya se sabía de este espionaje oficializado y nadie hizo nada”, y el hecho de “que sea un mal viejo y con una mala ley, solo hace más urgente acabarlo”, aseguró el politólogo, en el artículo.
La Dis es un “monstruito en crecimiento, antidemocrático y anticonstitucional, carece de control legal y lleva en sí el virus del abuso de poder”, y “un instrumento político disfrazado de policial, para invadir el ámbito privado de la ciudadanía”, advirtió Cerdas.
La Nación publicó el artículo cuatro tres días después de que el subdirector de la Dis, Roberto Guillén, y otros ocho integrantes de la banda fueron detenidos bajo los cargos de asociación ilícita, estafa mayor, falsificación de documentos, y uso de documento falso.
La banda operaba accediendo a un banco de datos privado, mediante la clave de la que disponía Guillén, y obteniendo así información confidencial de personas a quienes el grupo luego estafaba mediante falsificación de cheques y de documentos de identidad.
El delito global cometido por el grupo es superior a 150 millones de colones (algo más de 270 mil dólares), de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas esta semana aquí por medios informativos costarricenses.
Guillén fue puesto en libertad, sujeto a medidas cautelares.
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