Consideran que espionaje gubernamental en Costa Rica debe terminar

San José, 23 Nov (Notimex).- El escándalo de corrupción que estalló la semana pasada en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Dis) indica que el espionaje gubernamental, carente de controles, debe terminar, afirmó hoy aquí el analista Rodolfo Cerdas.
La existencia de la Dis fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de la Presidencia- revela que el poder ejecutivo está en capacidad de violar la privacidad de las personas según el titular de ese Ministerio y sus asistentes estimen pertinente, señaló Cerdas.
El peligro de tal espionaje se agudizó cuando, en el caso que ahora afecta a la Dis, información en poder de esa entidad fue facilitada a una banda de estafadores bancarios, indicó Cerdas en su columna semanal Ojo Crítico, que publicó el diario La Nación.
El escándalo estalló mientras Costa Rica es gobernada por un galardonado con el Premio Nobel de la Paz, indicó, en alusión al hecho de que durante su primer mandato presidencial (1986-1990), el actual jefe de Estado de este país, Osca Arias, obtuvo esa distinción.
“Se evidencia la capacidad del Ejecutivo para violar la privacidad ciudadana y para espiarla, sin controles ni rendición de cuentas y al arbitrio y capricho del ministro de la presidencia y sus ayudantes”, señaló.
Eso “no es nuevo, pues ya se sabía de este espionaje oficializado y nadie hizo nada”, y el hecho de “que sea un mal viejo y con una mala ley, solo hace más urgente acabarlo”, aseguró el politólogo, en el artículo.
La Dis es un “monstruito en crecimiento, antidemocrático y anticonstitucional, carece de control legal y lleva en sí el virus del abuso de poder”, y “un instrumento político disfrazado de policial, para invadir el ámbito privado de la ciudadanía”, advirtió Cerdas.
La Nación publicó el artículo cuatro tres días después de que el subdirector de la Dis, Roberto Guillén, y otros ocho integrantes de la banda fueron detenidos bajo los cargos de asociación ilícita, estafa mayor, falsificación de documentos, y uso de documento falso.
La banda operaba accediendo a un banco de datos privado, mediante la clave de la que disponía Guillén, y obteniendo así información confidencial de personas a quienes el grupo luego estafaba mediante falsificación de cheques y de documentos de identidad.
El delito global cometido por el grupo es superior a 150 millones de colones (algo más de 270 mil dólares), de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas esta semana aquí por medios informativos costarricenses.
Guillén fue puesto en libertad, sujeto a medidas cautelares.