Hermano de presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por escándalo
SAN JOSE (AFP) — El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Rodrigo Arias, defendió este jueves ante el Congreso la legalidad de decenas de consultorías pagadas por el gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que han sido el centro de un escándalo político.
El ministro y hermano del mandatario Oscar Arias aseguró que desde 2006, el directorio del BCIE aprobó una cooperación financiera de un millón de dólares para las Casas Presidenciales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que son los estados fundadores de ese banco.
"No es el resultado de un acuerdo secreto entre personeros del BCIE y la Presidencia de Costa Rica, que se maneje en las sombras o a entera discreción de algún funcionario público", acotó el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
"Tampoco otorga chequeras secretas a Costa Rica ni la posibilidad, como se ha dicho, de que entre los consultores y las autoridades se "repartieran" los fondos de esta cooperación", agregó.
La revelación de que la Casa Presidencial pagaba costosas consultorías a decenas de allegados políticos, al margen de las normas y controles de la administración pública, desató un pulso político que ya dura varias semanas y que mantiene enfrentados al gobierno con la oposición y sectores de la prensa.
Este escándalo causó la renuncia esta semana del ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, cuestionado por pagar asesorías con fondos donados por Taiwán para combatir la pobreza, mientras que el gremio de jueces exigió investigar a un magistrado que prestó consultorías al gobierno.
Según ha reconocido el propio ministro Arias, en el pago de consultorías se han gastado unos dos millones de dólares donados por el BCIE en 2007 y 2008.
Rodrigo Arias insistió además en que el gobierno "no ha manejado un centavo" de esos fondos, pues es el BCIE el que paga directamente a los consultores contratados para que presten sus servicios a la Casa Presidencial.
Por esa misma razón -alegó- los recursos no pueden considerarse "fondos públicos", porque en ningún momento ingresaron a las arcas del Estado.
El diputado opositor Alberto Salom, del Partido Acción Ciudadana, acusó al gobierno de haber contratado, con fondos del BCIE, a ex funcionarios que habían sido destituidos por cuestionamientos éticos y mencionó los nombres de cuatro de ellos.
El ministro respondió que "posiblemente, hoy no recomendaría el 100% de esas contrataciones", pero que no todas habían sido su decisión.
