El 97 % de los reos que fueron liberados cumplía penas relacionadas con delitos contra la propiedad así como ligados a drogas.
De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Justicia y Paz, un 63,3 % cumplía una sentencia relacionada con delitos contra la propiedad, un 33,9 % por delitos ligados a las drogas (como cultivo, tenencia, venta o transporte siempre y cuando no formaran parte del crimen organizado), y el 2,8 % restante por estafa, portación de arma, conducción temeraria, receptación, etc.
En total, fueron 570 reos reubicados en el nivel semiinstitucional, pero de ellos solo 7 cumplirán su pena de cárcel este 2015.
Mientras que en 2016 lo harán 91 personas. La cifra aumenta en 2017, cuando 141 privados de libertad terminen su sentencia y en 2018 serán 141.
El resto saldaría su deuda entre 2019 y 2020.
Las valoraciones que tomaron en cuenta por autoridades para darle “libertad” a los reos se establecen en la circular 6-2015 entre los que se citan el no tener sanciones disciplinarias durante los últimos seis meses, así como el descuento de la sentencia en un máximo de siete años.
Se excluyeron radicalmente aquellos que cumplen sentencias por crimen organizado, trata de personas, tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, secuestro, entre otros.
Marta Iris Muñoz, defensora pública, y Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), apoyan la medida tomada por las autoridades argumentando que solo una de cada 100 personas trasladadas a un semiinstitucional vuelve a cometer delitos.
“Cualquier persona puede cometer un delito, nadie está exento a ser sometido a un proceso penal y una sanción, y todas las personas merecen la oportunidad de integrarse nuevamente a la vida en sociedad”, destacan ambos expertos.
El hacinamiento carcelario es de 46,3 % según el Ministerio, pues hay 13.361 personas en un espacio para 9.130.
Un 63,3% de los reos que fueron sacados de la cárcel para bajar el hacinamiento cumplían condenas por delitos contra la propiedad, según datos del Ministerio de Justicia.
Es decir, 361 de los 570 reclusos que serán redistribuidos en algunos de los 12 Centros Semiinstitucionales del país, cometieron delitos como robo o hurto agravado, o bien robo simple con violencia.
Esta redistribución de presos se da luego de que, en agosto, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, les ordenó a los directores de las prisiones que buscaran perfiles de reclusos “no peligrosos” para redistribuirlos y así bajar el hacinamiento.
El otro 33,9% de beneficiados (193 reclusos) cumple pena por cultivar, poseer, vender o transportar droga, actividades que realizaban sin pertenecer a un grupo criminal, según Justicia.
Mientras, el 2,8% restante (16 reos) fue condenado por estafa, portación ilegal de armas, conducción temeraria, receptación, daños agravados, uso de documentos falsos, resistencia agravada y desobediencia a la autoridad.
Además de cometer un delito menor, los seleccionados están próximos a cumplir sentencia, comunicó Justicia.
La institución detalló que siete de los reclusos reubicados cumplirían sentencia en este año; 91 en el 2016; 147 para el 2017 y, 141 un año después. En el 2019, saldrían 128 reos y 56, en el 2020.
Las reubicaciones, sumadas a otros egresos, redujeron el hacinamiento de 52,2% a 46,3% entre el 15 de setiembre y el 2 de noviembre anteriores.
Desacuerdo. Esta decisión provocó reacciones encontradas entre jerarcas del Gobierno.
Aunque Justicia asegura que hubo una selección rigurosa, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, reprochó que “saquen a privados de libertad a la calle”.
“Hay gran necesidad de hallar medidas para darle solución al hacinamiento, pero deben ser distintas a la liberación”, indicó.
Marco Feoli, viceministro de Justicia, insistió en que este proceso es un traslado de personas; no una liberación.
“No hay liberación de reos, lo que hay es una reubicación de personas de un sistema cerrado a uno semiabierto. Eso es lo que existe”, enfatizó Feoli.
La Defensa Pública comunicó, por medio de una carta, que les “preocupan” las críticas hechas a Justicia por la decisión de reubicar presos. “La selección de las personas no es caprichosa, obedece a estudios técnicos.
”No se trata de una ocurrencia o una salida fácil, como se ha querido hacer ver en los discursos populistas”, se lee en el documento firmado por Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, y por Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Impacto en cifras. Casi dos meses después de que la ministra Sánchez ordenara hacer la revisión de perfiles, la institución comunicó, ante una consulta de La Nación, que, del 16 de setiembre al 19 de octubre, 429 reos obtuvieron el permiso para salir de la cárcel.
Este martes, Justicia informó de que, entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre, otros 141 reos fueron reubicados.
En total, 570 privados de libertad han sido movilizados.
Esos cambios, aunados a los reos que cumplieron pena o que salieron porque cumplieron o les eliminaron la prisión preventiva, redujeron la sobrepoblación de 52,2% (unos 13.889 reos a mediados de setiembre) a 46,3% (13.361 privados de libertad).
Es decir, con las medidas disminuyó el hacinamiento en seis puntos porcentuales.
Esta no es la única decisión que Justicia toma para reducir la sobrepoblación.
Este martes anunció que abrió la licitación para la construcción y equipamiento de dos unidades productivas que albergarían, en total, a 1.152 reos.
