Un ingenioso ardid ejecutado por un abogado y notario costarricense le permitió apoderarse, en un lapso de seis años, de bienes valorados en $41 millones (unos ¢23.000 millones), que eran producto de la herencia de un ciudadano alemán.
Así lo determinó el Tribunal de Juicio de San José, el pasado 13 de julio, cuando condenó a ocho años de prisión a Carlos Roberto Loría Quirós, de 70 años. Este es un conocido litigante creador de una página en Internet llamada La Campanada, desde la cual denunció presuntos actos ilícitos de funcionarios gubernamentales y que ha utilizadopara criticar en los últimos meses al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
En el fallo, los jueces ordenaron a Loría devolver el dinero producto del fraude (los $41 millones) además de asumir las costas del juicio, estimadas en ¢2.356 millones, y pagar ¢134 millones, al abogado penalista Francisco Castillo González, pues se acreditó que fue despojado de los honorarios por servicios profesionales prestados durante el desarrollo de este caso.
Debido a la alta pena y al peligro de fuga, el tribunal josefino envió al abogado a descontar seis meses de prisión preventiva, mientras el fallo, que fue apelado, adquiere firmeza. En la actualidad, el abogado está recluido en el Centro de Atención Integral de San José (conocido como cárcel de San Sebastián), confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.
Atractivo patrimonio
En este caso se juzgaron hechos cuyo inicio se remonta a 1998, cuando llegó al país el inversionista alemán Wolff Ulrich Schneider para comprar terrenos, especialmente en el área costera del Pacífico sur.
Este hombre falleció en febrero del 2004 de forma natural cuando se encontraba en Bélgica. Los negocios en Costa Rica los manejaba por medio de Mario Carazo Zeledón, quien era el socio y apoderado de los bienes.
Tras la muerte de Schneider, su esposa, Petra Schneider, pidió a Carazo que le entregara los terrenos, pero este se negó, pues no tenía claro si era la voluntad de Wolff Ulrich, razón por la cual puso los bienes en un fideicomiso.
Petra logró que un Juzgado de Hamburgo, Alemania, la declarara a ella y Elfriede Schwarzkoph de Schneider (madre de Ulrich) como las herederas, por lo cual se abrió un proceso sucesorio en el Juzgado de Menor Cuantía de Parrita y Quepos.
En el 2005, la mujer alemana contactó a Carlos Roberto Loría luego de leer sus fuertes críticas en La Campana y, además, porque sabía hablar alemán. A él le encomendó representarla en el proceso para retomar los bienes.
Precisamente, Loría y su esposa, de apellido Bedaña, se hicieron cargo de los asuntos legales de Petra Schneider y fue entonces cuando se creó una sociedad llamada Deco Asesorías S.A. a la cual, al inicio, se le cedieron los derechos para reclamar los bienes de la herencia. En su fundación, esa sociedad tenía como socias a las señoras Petra y Elfriede, pero con el paso de los meses, quedó en manos de Loría y Bedaña.
Según la sentencia 865-2018 del Tribunal de Juicio de San José y firmada por los jueces Maribel Bustillo Piedra, Laura Sánchez Sánchez y Alberto García Chaves, Deco Asesorías logró asumir, con el tiempo, el control de cerca de 25 propiedades ubicadas en los cantones de Osa y Quepos, en Puntarenas, las cuales tenían un gran valor económico
Algunas de esas fincas estaban en la llamada zona marítimo terrestre, es decir, tenían acceso a la playa.
Aunque, en este asunto, Mario Carazo figuró en algún momento como imputado, en el expediente hay una sentencia de sobreseimiento emitida en setiembre del 2009.
Acciones ilegales
De acuerdo con el fallo judicial, se responsabilizó a Loría de los delitos de administración fraudulenta y fraude de simulación, pues mediante la falsificación de escrituras, falsos pagos y otros engaños, se apropió de los bienes del inversionista alemán.
Para el tribunal, el abogado cometió el delito de administración fraudulenta pues, usando la firma Deco Asesorías, logró trasladar dinero y fincas a cuentas bancarias y otras sociedades que eran de su propiedad. Sin embargo, en juicio, Loría alegó que tanto el dinero como los terrenos, eran parte de los pagos por honorarios profesionales.
Los jueces consideraron lo contrario y le atribuyeron que “no cumplió con el deber de buen cuidador y administrador y, por el contrario, decidió perjudicar al titular, mediante la realización de la suposición de operaciones y el empleo abusivo e indebido de los bienes que le habían sido confiados”.
Asimismo, se le responsabilizó del fraude de simulación al gravar con un préstamo ficticio una propiedad, la cual era parte del pago de honorarios al abogado Francisco Castillo.
Para el tribunal, ”Carlos Roberto Loría (...) fraguó un plan altamente elaborado en el que se utilizaron instrumentos públicos (notariales) para ejecutar parte del ardid, con el que también se vio afectada la fe pública, la publicidad registral y se llevó a error al Registro Nacional”.
Asimismo, consideraron que “la cuantía de lo defraudado resulta de las más grandes o significativas posibles ($41 millones o más), siendo difícil que se presente, en nuestra realidad, otra defraudación de esa magnitud”.
El tribunal no condenó a Loría al máximo de la pena que la ley contempla para los delitos antes citados “por su edad, preparación y comportamiento en la sociedad, aun cuando el hecho que realizó sea de los más gravosos que pueden encontrarse”.
Acusación y descargo
En una declaración que rindió en juicio, Petra Schneider dijo que el dinero invertido en Costa Rica era de ella y su esposo.
Asimismo alegó: “Yo estoy aquí porque me robaron mis bienes y dinero. Por siete años, he sufrido mucho. Todo esto es muy malo. Todos mis derechos, mis propiedades, derechos de mis cuentas (bancarias)... Por eso estoy aquí.
“Todos los papeles y libros estaban en la caja fuerte de Carlos Loría y no sé que los hizo. Sin mi autorización, hizo todo por debajo y detrás de mi espalda. Yo no di autorización; solo la di para guardar. Él lo que quiere es el dinero y quedarse con las propiedades (...) He sido muy perjudicada, perdí millones y propiedades. Mi situación está muy mal, tengo solo dinero para comer y sobrevivir”.
En tanto, Carlos Roberto Loría, al explicar sus actuaciones, afirmó que siempre fueron de carácter legal e insistió en que el dinero que recibió fue para pagos de honorarios profesionales y otras obligaciones, como el pago de impuestos.
Poco antes de concluir el debate, manifestó: “Aquí se busca que yo vaya a prisión por una deuda (...). Aquí se ha dicho que yo he dañado a todo el mundo. La parte más dañada hemos sido nosotros, mi esposa y mis hijos.
“A mi casa llevaron la Policía y nos allanaron (...); buscaban nuestra prisión preventiva. No encontraron nada. No encontraron dinero. Lo que encontraron fueron documentos que dan testimonio de un trabajo del 2005 al 2011 en protección a lo que se me encomendó. El daño ha sido enorme. Prefiero que me hagan daño a mí; no a otro”.
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Ruta del dinero
Los bienes de esta herencia que generó tal controversia legal en Costa Rica, también causaron duda en el Ministerio Público, que inicialmente, investigó el caso como de legitimación de capitales. De hecho, se presumió que podría tratarse de una estafa.
Sin embargo, el tribunal en la sentencia descartó esas presunciones y recalificó los delitos a administración fraudulenta y fraude de simulación.
Asimismo, en la resolución se estableció que el dinero lo trajo el ciudadano alemán Wolff Ulrich Schneider, quien lo sacó de Alemania por medio del principado de Liechtenstein.
Schneider empezó los contactos en el país durante 1998 y comenzó a realizar compras de propiedades en los cantones de Osa y Quepos. Las fincas fueron inscritas a nombre de 15 sociedades que tenían como apoderado a Mario Carazo Zeledón.
Al morir Schneider, el 4 de febrero del 2004 en Bélgica, es cuando se desencadena la disputa por la herencia.
En el expediente judicial se establece que, en total, se trataba de 25 propiedades, de las cuales 14 eran terrenos que estaban en la zona marítimo terrestre y, por tanto, sujetos a las regulaciones que establecían las municipalidades.
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Asimismo, el tribunal, al resolver el caso, declaró que hubo muchas falsedades en documentos inscritos ante el Registro Nacional, en los cuales se daba cuenta de asambleas de accionistas, traspasos de acciones e incluso del establecimiento de varias hipotecas. Todos esos documentos fueron anulados y se devolvió a su estado original la situación de varias de las sociedades.
También ordenaron poner en conocimiento de esta sentencia a las autoridades de Tributación Directa, del Ministerio de Hacienda.
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