Frente Amplio exige permitir huelgas en servicios esenciales
PLN dirigiría la discusión, de romperse la alianza PAC-Frente
La agenda legislativa pasaría al control de Liberación Nacional, si Luis Guillermo Solís no permite las huelgas en los servicios esenciales.
Bajo el control verdiblanco, cambiaría el panorama de proyectos importantes tanto en materia fiscal como energética y de infraestructura.
Sin el acuerdo con esa fracción, el PAC perdería los ocho votos del Frente Amplio, su aliado político más importante, que necesita para mantener el control del Congreso.
Noviembre es la fecha límite exigida por el Frente Amplio, para que Solís permita las huelgas en servicios esenciales, tales como hospitales y policía. La expresidenta Chinchilla vetó en 2012 una iniciativa que pretendía legalizar las huelgas en estos servicios, prohibidas por la Constitución.
No existe ninguna razón para postergar el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, aseguró Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio.
Perder este apoyo sería un fuerte golpe para Solís, siendo el segundo año de la gestión a menudo el más importante, porque el gobierno elabora, negocia y ejecuta el presupuesto.
Solís mismo abrió la puerta para revocar decisiones de anteriores presidentes cuando anunció la eliminación del veto de Óscar Arias, sobre la ley que da la pertenencia de la calle 13 bis en San José a los artesanos de ese mercado.
Sin embargo, la Sala IV decidirá si un mandatario de hecho tiene la potestad de revocar un veto de un predecesor.
El Frente Amplio asegura que las huelgas son un derecho fundamental de los trabajadores, sea cual sea el oficio que desempeñen. Incluso se amparan en los estatutos de la Organización Mundial del Trabajo donde se reglamentan las huelgas en servicios esenciales pero no se prohíben.
Sin embargo hay quienes se oponen a este argumento. "Deben garantizarse el fuero sindical, las huelgas y la capacidad de reivindicar derechos de la clase trabajadora, sin embargo, la huelga en los servicios esenciales no puede permitirse, simplemente porque se ponen en riesgo vidas. El principio de vida está por encima", asegura Rolando González, diputado del PLN.
Esteban Arrieta
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