Luego de que la Contraloría General de la República, frenara el proyecto de la refinería,los diferentes sectores políticos y ciudadanía achacan parte de la responsabilidad de la situación al Ministro de Ambiente, René Castro, al punto que muchos piden su salida de esa cartera, pese a que éste niegue cualquier responsabilidad.
Para Johnny Araya, alcalde de la Municipalidad de San José y aspirante a la presidencia de la República, le corresponderá al Gobierno de la República analizar cualquier implicación del Ministro de Ambiente, sin embargo, indicó que los implicados en el proyecto deben de ser investigados sin ninguna excepción.
“Realmente desconozco cual relación tuvo René (Castro) con las decisiones que se tomaron. Sí he sido muy enfático en decir que el Gobierno tiene que establecer responsabilidades. Quienes participaron tienen que asumir las responsabilidades”, aseveró Araya.
Araya indicó que habría que analizar si René Castro votó o no las decisiones sobre el proyecto de la refinería “pero le corresponderá al Gobierno y a la misma Contraloría valorar la responsabilidad de quienes la tuvieron”.
Por su parte, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) sostuvieron una reunión para analizar las recientes actuaciones de Castro y pese a que no llegaron a un acuerdo, diferentes legisladores pedirán explicaciones al Gobierno.
A esto se une el socialcristiano Walter Céspedes, quien interpondría una denuncia penal en contra de Castro, así como de la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Céspedes indicó que en la denuncia solicitarán que se investiguen las acciones de la Junta Directiva de RECOPE, el Presidente Ejecutivo, así como al Ministro René Castro, “ya que dentro de la junta que tomaba las decisiones se encontraba Castro”.
La Contraloría determinó el incumplimiento de la cláusula 5.02 c) del Acuerdo de Empresa Conjunta, firmado por RECOPE y CNPCI Internacional Ltd, en virtud de que la empresa que realizó el estudio de factibilidad tiene una relación con la petrolera china, lo cual está prohibido y resulta en un incumplimiento contractual del acuerdo de empresa conjunta.
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