En su actuación, la fiscal general Luisa Ortega imputa a Capriles, a los miembros de su comando de campaña y a algunos miembros de la Mesa de la Unidad de los delitos de instigación a delinquir, agavillamiento o asociación ilícita, instigación a causar zozobra a la población y obstrucción de la vía pública, así como los asesinatos ocurridos el lunes durante varias protestas.
De acuerdo con fuentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a Luisa Ortega y a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, proceder al procesamiento de Capriles, su equipo de campaña y otros dirigentes de la oposición, cuyas identidades ABC no ha podido conocer.
El procedimiento abierto por la Fiscalía se corresponde con la advertencia lanzada el mismo martes por el propio Maduro, durante una retransmisión televisiva en cadena, de tomar medidas legales contra Capriles.
“Esto funciona así: la Fiscalía hace la imputación ante un tribunal y este recibe una llamada del TSJ dándole instrucciones de cómo tiene que actuar”, aseguró a ABC un antiguo magistrado buen conocedor de las prácticas judiciales bajo el régimen chavista.
La imputación a Capriles y demás dirigentes opositores invoca los artículos 285 y 292 del Código Penal, que hacen referencia a la instigación a delinquir y al agavillamiento, respectivamente. El primero habla de pena de prisión de tres a seis años; el segundo, de prisión de seis meses a un año.
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