Funcionarias llevan quejas a instancias legales
ACOSO SEXUAL Y LABORAL ES PAN DE TODOS LOS DÍAS EN ASAMBLEA
Aarón Sequeira
asequeira@diarioextra.com
Foto: Marco Valderrama
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Cuatro funcionarias se atrevieron a anunciar públicamente que tienen procesos contra sus jefes por acoso laboral en la Asamblea Legislativa. |
La reducción o cambio de labores de forma significativa, al punto de reñir con la formación profesional del funcionario, un ambiente laboral y un espacio de trabajo muy lejos de los ideales para desempeñar funciones en el Primer Poder de la República, así como constantes insinuaciones de índole sexual son pan de todos los días en las oficinas de la Asamblea Legislativa.
Desde funcionarios legislativos con 30 ó 40 años de ser parte del Congreso hasta asesores de confianza que dependen de los estados de humor o decisiones de su jefe, generalmente un diputado, todos están expuestos al acoso sexual o laboral.Así lo denunciaron cuatro funcionarias quienes tienen casos e historias muy particulares a su haber, en muy diferentes ámbitos y contra jerarcas del más alto nivel. De ellas, tres han llevado sus casos fuera del Congreso, en busca de solucionar la situación, una las apoya y cuenta su historia, sobre la cual nada puede ya hacer.
FUNCIONARIOS VEGETANDO
Xinia Pérez Quesada, socióloga y administradora pública, funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos, trabaja en el Congreso desde 1994. Ella afirma que no solo sufren ella y muchos otros amenazas diarias, sino que también son forzadas a vegetar, o sea que les quitan funciones propias de su formación y puesto, y luego son evaluadas en consecuencia, o sea que no pasan la prueba.
“Las evaluaciones en falso nos imposibilitan la aplicación de los pluses salariales, son subjetivas y violan los preceptos de la legalidad”, dijo Pérez. Ella tiene denunciados por acoso laboral a su jefe directo, Hugo Cascante, director de Recursos Humanos de la Asamblea; al director ejecutivo, Antonio Ayales; al Directorio Legislativo, a Pedro Solano, director administrativo, y a la Asesoría Legal.
CARTEL DE MAFIA LABORAL
A las funcionarias las apoya Olga Ching, quien calificó la red de nombramientos y “desnombramientos” de la Asamblea como un cartel de mafia laboral entre poderes de la República.
Ella refirió que su situación sucedió hace años, y tuvo que ver con un exdiputado que ocupaba hace poco más de diez años la primera secretaría, quien la intentó tocar y le enseñó incluso el pene y quería que se lo tocara, para hacer uso de su poder de nombrarla en una plaza de mayor jerarquía.
“Yo le dije que aquí no quería, sino afuera. Me dio su número, y cuando salí lo boté. Me dio asco porque trató también de besarme”, dijo Ching, quien dijo que al parecer esa persona quiere ser nuevamente diputado.
MEDICINAS VENCIDAS
Gabriela Fernández es enfermera en el Departamento de Servicios de Salud del Congreso. Ella fue relevada de sus labores por decisiones que dice desconocer, a partir de enero pasado. Fue enviada a sacar fotocopias, mientras en su lugar colocaron a otras personas.
“Coqueteos, ofertas, insinuaciones de las jefaturas superiores son constantes. Cuando uno no acepta eso, se da el acoso laboral”, dijo Fernández, quien promueve acciones de parte del Colegio de Enfermeras, pues en Servicios de Salud habría medicamentos vencidos que se le dan a los pacientes del Congreso, así como máquinas en que se habrían gastado millones de colones y hoy no se usan.
Helang Aguirre, hoy destacada en Iniciativa Popular, trabajaba en Servicios Técnicos, oficina a cargo de la exdiputada y exministra de la Condición de la Mujer Gloria Valerín.
Ella contó que su exjefa directa, Lilliana Cisneros, se molestó una vez por un malentendido al recibir una llamada telefónica, lo que generó que la enviaran a cargo de Valerín y empezara su calvario.
Ella denunció a Valerín, a Cisneros y a Ayales desde hace año y medio, porque dice que además de que le quitaron funciones, la evaluaban así, en falso, y sus superiores eran supuestamente obligados a evaluar en falso con notas no mayores a 50. De las denuncias de las funcionarias, DIARIO EXTRA posee copias. Las cuatro funcionarias aseguran que les han aplicado la ley del hielo, pero que muchos otros de los 1.000 funcionarios del Congreso las apoyan en silencio.
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