Además, acusó a un alto funcionario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de mentir y ocultar información cuando él demandó detalles sobre la construcción de la Ruta 1856, paralela al río San Juan.
Céspedes aseguró en el plenario que el 25 de enero solicitó informes a Carlos Acosta, ex directivo de CONAVI y actual jefe de la obra, pero éste negó la documentación “porque se trataba de secreto de Estado, por decreto de la Presidente Laura Chinchilla”.
Sin embargo, aseguró Céspedes, “leí el decreto y ahí no dice que la construcción de la obra es secreto de Estado”.
De acuerdo con el voto Nº 2012004647, del 13 de abril anterior, la Sala Constitucional ordena a Carlos Acosta Monge, en su condición de Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quien en su lugar ejerza el cargo, que en el plazo improrrogable de un mes entregar la información solicitada por el diputado.
De acuerdo con Céspedes la solicitud es específicamente sobre elementos relacionados con la construcción de la carretera paralela al rio San Juan y no sobre aspectos directamente relacionados con la seguridad nacional, respecto al conflicto internacional Calero- Costa Rica- Nicaragua
Acosta Monge reconoció no haber respondido la gestión presentada por Céspedes Salazar alegando que “el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo Nº 36440”, y manifiesta que “la declaratoria de emergencia instituida por el decreto se establece confidencialidad sobre la materia, pues se busca proteger la soberanía nacional”.
Afirma “que el decreto establece que trate o verse sobre el conflicto internacional Calero-Costa Rica- Nicaragua, deberá ser tratado con suma confidencialidad y su información, por ende, no puede ser de conocimiento público”.
“Nótese que mi solicitud no quiso ser contestada por el Director de CONAVI, pues solo pedí información de procedimiento de contratación, de planos catastrados, maquinaria y sobre presupuestos y recursos públicos utilizados en las obras y no que me tomen el pelo aduciendo que no me pueden dar información porque se trata de una carretera pública Juan Rafael Mora Porras que la misma Presidenta con bombos y platillos fue a inaugurar el pasado 17 de febrero ”, manifestó indignado el diputado socialcristiano.
Céspedes explicó que pidió información sobre contrataciones para ejercer control político sobre los gastos o inversión en la obra, así como los manejos del dinero. Sin embargo, anotó, no se entregó información y aparece la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez Reyes.
Céspedes dijo que detrás de Jiménez hay gente involucrada y pregunto, “¿cómo nace este proyecto?, ¿a quién fue que se le ocurrió?, ¿de quién fue la idea?; ¿deme el nombre del funcionario o funcionarios públicos que tomaron la decisión de hacer este proyecto, aporte los documentos al respecto, actas, acuerdos, y cualquier otro documento? Preguntas sin respuesta hasta este momento”, lamentó.
“¿Qué empresa se contrató para hacer los planos de la construcción? Ustedes sabían que una carretera de ciento sesenta kilómetros, vamos a ver, para que tengan una idea, ¿cuántos kilómetros hay de San José a Limón?, ¿cuántos kilómetros?, ¿alguien se acuerda? Ciento setenta y dos kilómetros. Y esta carretera es de ciento sesenta kilómetros, quiere decir, para que tengamos una idea, porque la gente habla y no sabemos de qué estamos hablando, de ciento sesenta kilómetros, eso es un poquitico menos que ir de San José a Limón”, explicó.
De seguido cuestionó “¿Qué institución del Estado confeccionó los planos y el presupuesto de la construcción de este camino?, ¿en cuánto se estimó el costo de ese camino? Les ruego aportar una copia de los planos y el presupuesto”.
“Saben por qué no me pueden contestar esta pregunta, porque no existe ningún presupuesto, no está paralizada la obra, no se había venido la Presidenta de a inauguración de la primera parte de la carretera y de la escuela, no había llegado a San José cuando la maquinaria ya estaba parada”, afirmó.
Céspedes insistió que “cuando usted tiene presupuesto para una obra usted no paraliza la obra, usted continúa, porque hay una planificación, porque hay planos constructivos y no existen planos, no existe planificación, no existe presupuesto, ahí van al “tarantantán”, a lo que salga, así están haciendo esta carretera y ojalá, doña Laura, ojalá que se guarden unos días más, hasta que le garanticen, no a este diputado, al país, que van a hacer las cosas bien, yo no la estoy culpando a usted por lo que está pasando, van a salir muchos culpables, pero ojalá que no los proteja como ha protegido a un montón de ministros y de funcionarios públicos que este diputado ha denunciado”.
“¿Cuáles instituciones aportaron esos recursos?, ¿cuánto aportó cada una de las instituciones?, ¿de dónde cogieron estos recursos?, ¿de qué presupuesto y de qué año? Le pido que me aporte planos, aquí estoy esperando. ¿En qué etapa se encuentra la construcción de ese camino?, ¿cuál es el porcentaje construido?, ¿cuál es el costo por kilómetro construido, incluyendo los drenajes y alcantarillas?, ¿cuál fue el criterio para seleccionar a la empresa de supervisión y control de calidad?”, fue la andanada de preguntas de Céspedes.
De seguido anunció que está investigando a una empresa, que están contratando para supervisar la mayor parte de todos los proyectos aprobados en la Asamblea, como préstamos para construir obras de infraestructura, “y estamos investigando quiénes son, precisamente, los dueños, porque fueron los mismos que terminaron fiscalizando la carretera San José-Caldera”.
Dijo que esos dueños de la empresa “pasan a la Comisión Nacional de Emergencias, inspeccionan Cinchona, inspeccionan San José-Caldera, ahora están en la carretera San Carlos, van a Chilamate, diay, esto es una fiesta para algunas empresas que aún no están al día con el pago de los impuestos, y esas son las denuncias que hacemos y no les prestan atención”.
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