Naves artilladas y siete mil "marines" patrullarán costas ticas (II)
Con la presencia de 39 diputados, 31 a favor y ocho en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la entrega de la soberanía nacional a más de siete mil militares estadounidenses, que llegarán en los próximos seis meses a bordo de 46 naves artilladas para supuestamente combatir el narcotráfico.
Una propuesta del legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luís Fishman, de romper el quórum para no votar el permiso, no tuvo eco en cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), ni en colegas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Tras la fundamentación del legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, sobre la inconstitucionalidad del permiso, fundamentado en un convenio policial para combatir el narcotráfico internacional, Fishman respaldó el planteamiento y ahondó en el mismo.
A raíz de la evasiva de los representantes de los progubernamentales partidos Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario y los dos cristianos, de discutir la constitucionalidad del permiso, Fishman propuso la ruptura del quórum, respaldada de inmediato por su fracción, por el legislador Villalta y otros del PAC, entre ellos el Jefe de Fracción Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Muñoz.
Los diputados del PAC que no respaldaron la propuesta de Fishman, quien demandó respeto a la Constitución y contra la imposición de la mayoría mecánica, son María Eugenia Venegas, Gustavo Arias, Janette Ruiz y Manrique Oviedo, junto con la fracción del PASE.
La diputada del PAC, Carmen Muñoz, dijo que “hubo una propuesta que manejamos de romper el quórum pero en el caso del PAC nos dividimos; una parte salimos y no se logró romper el quórum”.
Sin embargo, justificó que los cinco que se quedaron en el plenario votaron negativamente, aunque la presencia de esta parte de la fracción facilitó que se votara el tema, según miembros de Comités Patrióticos en las barras de la Asamblea.
“Decidimos que cada quien asumiera de forma personal la decisión; por supuesto que estábamos en pleno en contra de la decisión. En eso no había duda. Es el mecanismo de presión el que no se compartió”, justificó
El legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, dijo que “el Convenio de Patrullaje Conjunto permite el ingreso de naves del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos a las aguas territoriales de Costa Rica, pero no embarcaciones de la Marina de Guerra de ese país, que no están preparadas para combatir el narcotráfico sino para otro tipo de conflictos y enfrentamientos militares”.
El legislador Villalta Florez-Estrada afirma que se está violentando lo pactado porque el parlamento aprobó una cláusula donde Costa Rica interpreta que el convenio se refiere a “las aeronaves de los Estados Unidos de América, pertenecientes a las autoridades del orden, policiales y no militares estrictamente”.
También cuestiona el Frente Amplio las condiciones en que se solicita el permiso, ya que el gobierno de Estados Unidos pide que el personal militar “podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que consideren necesarias en el desempeño de su misión”, lo que significaría según Villalta “un cheque blanco”.
“Les damos el derecho para que hagan lo que les dé la gana en el territorio nacional siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión, y además el Gobierno de Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades”, dijo Villalta.
El Frente Amplio también llamó a reflexionar sobre las condiciones geopolíticas en que se pretende aprobar estos permisos, en una región que los Estados Unidos considera parte de su “área de influencia” y donde aplica la estrategia de “dominación del espectro completo”, que incluye acciones ofensivas como el golpe de Estado en Honduras, la instalación de bases militares en Colombia, la “ocupación limpia” de Haití tras el terremoto o las maniobras militares en el mar Caribe.
Villalta instó a los diputados oficialistas a leer los periódicos, a informarse por internet de lo que acontece en la región, y los retó en varias oportunidades a debatir, pero la respuesta fue el silencio.
Inclusive, Villalta les ofreció parte de su tiempo para que razonaran el voto, pero no obtuvo respuesta de liberacionistas ni de libertarios.
De seguido, el legislador Fishman recordó al plenario que él firmó ese Convenio de combate al narcotráfico cuando fue ministro de Seguridad Pública hace una década y propuso modificarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos.
Además, fustigó a los diputados de la llamada mayoría mecánica para que debatieran el tema, sin éxito. Al contrario, recibió ademanes y sonrisas de burla por su posición.
Fishman acusó a libertarios y a liberacionistas de “prepotencia y soberbia, ya que no conduce a nada”, y demandó “respeto a la Soberanía Nacional, a la legalidad”.
Indicó también que en los próximos días estarán varios diputados presentando un recurso de amparo, ya que el permiso a los navíos artillados, aeronaves, helicópteros y casi ocho mil militares viola el mismo Convenio, firmado hace diez años.
Fishman coincidió con Villalta en que aprobar el permiso de entrada a esas tropas estadounidenses “es dar un cheque en blanco; no podemos ser participes de un acto ilegal; no permitiremos que se rompa la Constitución Política”.
Finalmente, Villalta acusó de “rebaño” a los legisladores que votarían positivamente el permiso, a pesar de todas las ilegalidades que conlleva la decisión.
Una propuesta del legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luís Fishman, de romper el quórum para no votar el permiso, no tuvo eco en cinco diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), ni en colegas del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Tras la fundamentación del legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, sobre la inconstitucionalidad del permiso, fundamentado en un convenio policial para combatir el narcotráfico internacional, Fishman respaldó el planteamiento y ahondó en el mismo.
A raíz de la evasiva de los representantes de los progubernamentales partidos Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario y los dos cristianos, de discutir la constitucionalidad del permiso, Fishman propuso la ruptura del quórum, respaldada de inmediato por su fracción, por el legislador Villalta y otros del PAC, entre ellos el Jefe de Fracción Juan Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Muñoz.
Los diputados del PAC que no respaldaron la propuesta de Fishman, quien demandó respeto a la Constitución y contra la imposición de la mayoría mecánica, son María Eugenia Venegas, Gustavo Arias, Janette Ruiz y Manrique Oviedo, junto con la fracción del PASE.
La diputada del PAC, Carmen Muñoz, dijo que “hubo una propuesta que manejamos de romper el quórum pero en el caso del PAC nos dividimos; una parte salimos y no se logró romper el quórum”.
Sin embargo, justificó que los cinco que se quedaron en el plenario votaron negativamente, aunque la presencia de esta parte de la fracción facilitó que se votara el tema, según miembros de Comités Patrióticos en las barras de la Asamblea.
“Decidimos que cada quien asumiera de forma personal la decisión; por supuesto que estábamos en pleno en contra de la decisión. En eso no había duda. Es el mecanismo de presión el que no se compartió”, justificó
El legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, dijo que “el Convenio de Patrullaje Conjunto permite el ingreso de naves del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos a las aguas territoriales de Costa Rica, pero no embarcaciones de la Marina de Guerra de ese país, que no están preparadas para combatir el narcotráfico sino para otro tipo de conflictos y enfrentamientos militares”.
El legislador Villalta Florez-Estrada afirma que se está violentando lo pactado porque el parlamento aprobó una cláusula donde Costa Rica interpreta que el convenio se refiere a “las aeronaves de los Estados Unidos de América, pertenecientes a las autoridades del orden, policiales y no militares estrictamente”.
También cuestiona el Frente Amplio las condiciones en que se solicita el permiso, ya que el gobierno de Estados Unidos pide que el personal militar “podrá disfrutar de libertad de movimiento y el derecho de realizar las actividades que consideren necesarias en el desempeño de su misión”, lo que significaría según Villalta “un cheque blanco”.
“Les damos el derecho para que hagan lo que les dé la gana en el territorio nacional siempre que consideren que sea necesario para cumplir su misión, y además el Gobierno de Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades”, dijo Villalta.
El Frente Amplio también llamó a reflexionar sobre las condiciones geopolíticas en que se pretende aprobar estos permisos, en una región que los Estados Unidos considera parte de su “área de influencia” y donde aplica la estrategia de “dominación del espectro completo”, que incluye acciones ofensivas como el golpe de Estado en Honduras, la instalación de bases militares en Colombia, la “ocupación limpia” de Haití tras el terremoto o las maniobras militares en el mar Caribe.
Villalta instó a los diputados oficialistas a leer los periódicos, a informarse por internet de lo que acontece en la región, y los retó en varias oportunidades a debatir, pero la respuesta fue el silencio.
Inclusive, Villalta les ofreció parte de su tiempo para que razonaran el voto, pero no obtuvo respuesta de liberacionistas ni de libertarios.
De seguido, el legislador Fishman recordó al plenario que él firmó ese Convenio de combate al narcotráfico cuando fue ministro de Seguridad Pública hace una década y propuso modificarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos.
Además, fustigó a los diputados de la llamada mayoría mecánica para que debatieran el tema, sin éxito. Al contrario, recibió ademanes y sonrisas de burla por su posición.
Fishman acusó a libertarios y a liberacionistas de “prepotencia y soberbia, ya que no conduce a nada”, y demandó “respeto a la Soberanía Nacional, a la legalidad”.
Indicó también que en los próximos días estarán varios diputados presentando un recurso de amparo, ya que el permiso a los navíos artillados, aeronaves, helicópteros y casi ocho mil militares viola el mismo Convenio, firmado hace diez años.
Fishman coincidió con Villalta en que aprobar el permiso de entrada a esas tropas estadounidenses “es dar un cheque en blanco; no podemos ser participes de un acto ilegal; no permitiremos que se rompa la Constitución Política”.
Finalmente, Villalta acusó de “rebaño” a los legisladores que votarían positivamente el permiso, a pesar de todas las ilegalidades que conlleva la decisión.
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