UNA RESOLUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ADVIERTE QUE EL RIESGO DE LA MINERÍA CON CIANURO, NO COMPENSA LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE ESTA ACTIVIDAD.
Si se diera un derrame de material con cianuro en la mina de oro en Las Crucitas, este químico tóxico contaminaría los pozos de agua para consumo humano que se abastecen del mismo acuífero regional, que afectaría también la operación minera.
Así lo indica un análisis preliminar del geólogo de la Universidad de Costa Rica y especialista en evaluación ambiental, Allan Astorga, quien revisó los pozos de agua que existen cerca de la zona del proyecto minero.
Astorga partió de los datos que brindó la propia empresa Industrias Infinito durante la vista ante la Sala Constitucional el año anterior, en la que indicaban que de haber un derrame, este no correría hacia el norte (Río San Juan), sino que el flujo de las aguas se daría hacia territorio costarricense.
AGUA POTABLE EN RIESGO
El geólogo solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) una lista de los pozos de agua registrados en la zona cercana al lugar donde se pretende desarrollar la mina en Las Crucitas, hasta abril del 2010.
De esta forma identificó una docena de pozos ubicados entre 10 y 25 kilómetros de distancia de la zona del proyecto, los cuales en su mayoría son utilizados para abastecimiento humano y riego.
Según el geólogo, un análisis preliminar indica que todos estos pozos se abastecen del mismo acuífero regional que pasa por debajo de la zona del proyecto Crucitas, y se verían afectados por la operación de la mina.
El especialista criticó que durante la vista ante la Sala Constitucional, el gerente de SENARA indicó a los magistrados que en el área de Crucitas se habían realizado suficientes estudios hidrogeológicos durante más de 15 años.
“Lo que no dijo fue que todo se concentraba en el área del proyecto y no se realizó un verdadero estudio regional. El problema es que las aguas subterráneas se mueven y los efectos de una contaminación van más allá del área de la mina”, afirmó.
De acuerdo con el experto, la supuesta contaminación con hierro de esas aguas, que fue argumentada, no parece ser tan importante dados los pozos para consumo humano registrados.
En la lista otorgada por SENARA, es posible ver que tres de los pozos son propiedad de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuatro pertenecen a las comunidades que abastecen y otro es administrado en conjunto por AyA y la comunidad.
Otros tres pozos pertenecen a sujetos privados y están destinados para riego; mientras que también se registró uno a nombre del Ministerio de Salud.
Para Astorga aún persiste la duda de si realmente el acuífero regional solo corre hacia el sur, ya que los datos de la cuenca hidrogeológica indican que todas las aguas de esa zona corren hacia el río San Juan y el lago de Nicaragua.
AGUA POTABLE EN RIESGO
El geólogo solicitó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) una lista de los pozos de agua registrados en la zona cercana al lugar donde se pretende desarrollar la mina en Las Crucitas, hasta abril del 2010.
De esta forma identificó una docena de pozos ubicados entre 10 y 25 kilómetros de distancia de la zona del proyecto, los cuales en su mayoría son utilizados para abastecimiento humano y riego.
Según el geólogo, un análisis preliminar indica que todos estos pozos se abastecen del mismo acuífero regional que pasa por debajo de la zona del proyecto Crucitas, y se verían afectados por la operación de la mina.
El especialista criticó que durante la vista ante la Sala Constitucional, el gerente de SENARA indicó a los magistrados que en el área de Crucitas se habían realizado suficientes estudios hidrogeológicos durante más de 15 años.
“Lo que no dijo fue que todo se concentraba en el área del proyecto y no se realizó un verdadero estudio regional. El problema es que las aguas subterráneas se mueven y los efectos de una contaminación van más allá del área de la mina”, afirmó.
De acuerdo con el experto, la supuesta contaminación con hierro de esas aguas, que fue argumentada, no parece ser tan importante dados los pozos para consumo humano registrados.
En la lista otorgada por SENARA, es posible ver que tres de los pozos son propiedad de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuatro pertenecen a las comunidades que abastecen y otro es administrado en conjunto por AyA y la comunidad.
Otros tres pozos pertenecen a sujetos privados y están destinados para riego; mientras que también se registró uno a nombre del Ministerio de Salud.
Para Astorga aún persiste la duda de si realmente el acuífero regional solo corre hacia el sur, ya que los datos de la cuenca hidrogeológica indican que todas las aguas de esa zona corren hacia el río San Juan y el lago de Nicaragua.
PIDEN PROHIBIR USO DEL CIANURO Y DEROGAR DECRETO
El grupo Llamado Urgente por el País, UNOVIDA, COECOCEIBA y los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, realizaron una conferencia de prensa en la que solicitaron a la presidenta, Laura Chinchilla, la derogatoria del decreto que le dio la condición de “conveniencia nacional” al proyecto Crucitas.
Los ambientalistas expusieron los alcances de la resolución emitida por el Parlamento Europeo el pasado 5 de mayo, en la que se prohíbe el uso de tecnologías mineras a base de cianuro en territorio europeo.
Entre sus consideraciones, el Parlamento señala que el cianuro es una sustancia altamente tóxica que se utiliza en la minería de oro, y está clasificado como uno de los principales contaminantes, por su impacto “catastrófico e irreversible” sobre la salud humana y el medio ambiente.
En el documento, los europeos manifiestan su preocupación por el uso de estas tecnologías “peligrosas” y las posibles consecuencias transfronterizas que pueden tener los proyectos mineros en esta región.
“En los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio”, señala el documento.
Esta contaminación sobre el río Danubio fue catalogada como “el peor desastre ambiental de esa época” en Europa Central; y de acuerdo con los legisladores europeos, no hay garantía de que esto no se vuelva a producir.
Heidy Murillo, integrante de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), advirtió que si lo europeos con todos sus recursos y tecnología, no sienten garantía real de que los proyectos mineros no ocasionen desastres ecológicos, con más razón Costa Rica debería prevenir en este tema.
Allan Astorga destacó que en el documento de la Unión Europea se señala que los beneficios económicos no compensan los riesgos, además de que es un tipo de minería que genera poco empleo y que permanece por periodos de entre 8 y 16 años.
“Si los europeos, con todos sus controles y los cánones que cobran a las mineras, que son mucho más altos que los nuestros, consideran que el riesgo es mayor al beneficio, entonces aquí no parece tener mucho sentido que a una mina se le diera un decreto de conveniencia nacional”, afirmó Astorga.
Ante estas advertencias, los ecologistas no solo piden la derogación del decreto que favorece la actividad en Crucitas; sino que además apoyan una modificación al Código de Minería, que prohíba la minería a cielo abierto en el país.
Este proyecto ya está en la corriente legislativa, y es impulsado por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
CRUCITAS ESPERA EL JUICIO CONTENCIOSO
El desarrollo del proyecto minero Las Crucitas se mantiene paralizado, luego de que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo determinara que las medidas cautelares a la actividad de la mina se deben mantener.
Estas medidas se impusieron desde abril pasado, luego de que se levantaran las prohibiciones impuestas por la Sala Constitucional, cuyo fallo favoreció parcialmente la operación minera.
Las medidas fueron solicitadas por la organización APREFLOFAS, la cual presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo; esta fue acogida y ahora espera la audiencia preliminar para determinar si se inicia o no un juicio.
La demanda de APREFLOFAS es contra el otorgamiento del decreto de “conveniencia nacional”, que permitió a la empresa minera en Las Crucitas cortar varias hectáreas de bosque, incluyendo especies vedadas como el almendro amarillo.
La empresa minera y su abogado, Juan Carlos Hernández, alegaron que el objeto del Contencioso Administrativo ya es “cosa juzgada” por parte de la Sala Constitucional; además de que las medidas cautelares no fueron otorgadas sobre hechos concretos.
El abogado de APREFLOFAS, Bernal Gamboa, en compañía del abogado Edgardo Araya, argumentaron que lo resuelto por la Sala IV solo tiene que ver con la violación a derechos fundamentales, y no con el acto administrativo.
Araya recordó que en el proceso ante la Sala, no hubo posibilidad de un “contradictorio” o debate entre las partes, sino una simple exposición de argumentos ante los magistrados.
El Tribunal de Apelación avaló lo argumentado por Gamboa y Araya; y aseguró que existe un daño a la naturaleza en la zona de Crucitas, el cual si es legal o ilegal, será objeto de discusión en el proceso contencioso. La audiencia preliminar está programada para agosto próximo.
El abogado Álvaro Sagot indicó a UNIVERSIDAD que una segunda demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo fue acogida el pasado 15 de junio; y ahora entra al proceso de verificación para determinar si todo está en orden, y proseguir con el proceso.
Esta demanda es más amplia que la planteada por APREFLOFAS, pues cuestiona todo el procedimiento que otorgó la concesión y la viabilidad ambiental a la empresa minera Industrias Infinito.
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