Controversia por concesión de puertos enfrenta a trabajadores en Costa Rica

Los trabajadores portuarios del Caribe de Costa Rica, divididos ante un proyecto de privatización impulsado por el gobierno de Oscar Arias, elevaron este jueves el tono de su disputa con amenazas y acusaciones recíprocas.Un grupo de trabajadores, apoyado por el gobierno de Arias, acusó a la dirigencia del sindicato de "amenazas y hostigamientos" ante su decisión de apoyar la concesión de los puertos de la provincia de Limón (Caribe) a empresas privadas."Nos apedrean las casas por la noche, nos llaman para amenazar a nuestras familias, nos dicen que cuidemos nuestras bocas y manos y, lo que es peor, no nos dejan votar y decidir libremente si queremos un cambio para Limón, un mejor futuro para nuestras familias", denunció el trabajador Wagner Barrantes en el marco de una reunión con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias."La amenaza es el argumento de los que no tienen argumento. Esas actitudes no pueden ser toleradas y el Gobierno en eso será firme", dijo el ministro Arias, hermano del gobernante.Por su parte, el secretario general adjunto del sindicato, Rafael Raudes, rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que lo que el gobierno intenta es montar "una provocación"."El gobierno pretende meterse en asuntos internos del sindicato para obligarnos a llamar a una nueva asamblea, pero ese tema (la concesión) ha sido discutido y decidido por cuatro asambleas anteriores, que han dicho no a la privatización de los puertos", dijo Raudes a la AFP.Por los puertos de Limón, a unos 160 km al este de la capital, fluye más del 80% del comercio exterior de Costa Rica y tanto los empresarios como el gobierno insisten en señalar que la ineficiencia del servicio que prestan estos puertos es un freno a la economía del país.El gobierno de Arias ha propuesto sacar a concesión el manejo de las terminales y cesar a todos los trabajadores pagándoles una compensación especial, pero los sindicalistas aseguran que todas las promesas del gobierno están en el aire y que al menos 1.000 trabajadores podrían quedar desempleados si prospera el plan oficial.Mientras tanto, la apertura de una licitación internacional, a la que Arias pretende llamar antes de concluir su mandato en mayo de 2010, sigue paralizada por el conflicto.