Ocultan derecho constitucional a la insurrección en Honduras
Redacción (elpais.cr) - Con una nota publicada a las 3:35 de la tarde de este martes por la versión digital del diario La Nación de que los medios de comunicación de Honduras fijaban su posición, supuestamente alejándose de su prédica inicial de alentar el Golpe de Estado, y se esperaba un cambio en ese periódico en su línea informativa.
La firma Grupo Nación S.A. informó del rechazo de 192 países, miembros de la Organización de Naciones Unidas (ON), en una votación por unanimidad, al golpe antidemocrático, represivo, que ya ha costado vidas humanas, secuestros y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la fugaz esperanza de cambio se esfumó poco después de la medianoche, al conocer que esa empresa mantenía la línea editorial e informativa de defender el Golpe de Estado, ejecutado por militares que secuestraron y expulsaron del país al gobernante Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué?
Antes de continuar sobre el tema, se debe leer primero lo que dice la Constitución Política de Honduras en su “ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
La nota, subida en la página de nación.com precisaba que los medios de comunicación escritos en Honduras fijaron su posición con respecto al golpe de Estado del domingo y a los posteriores acontecimientos.
“Los periódicos La Prensa, Tiempo y El Heraldo lamentaron lo sucedido y llamaron al diálogo urgente, en aras de minimizar el impacto que esta situación pueda provocar en la población hondureña”.
Esto publicó el matutino Tiempo: “Quienes se coludieron para dar el golpe de Estado para derrocar al presidente de la República, José Manuel (Mel ) Zelaya Rosales, jamás imaginaron el repudio mundial que esto les depararía ni las graves consecuencias para Honduras y su pueblo”.
Añadió: “Que nosotros sepamos, esta acción diplomática mundial de rechazo a un golpe de Estado es inédita a nivel centroamericano, latinoamericano y universal. Denota un paso más en la evolución del derecho internacional, puesto que no se admite la ruptura de los principios básicos del sistema democrático”.
Con el título Unidad, La Prensa publicó lo siguiente: “La crisis política, cuyo desenlace por la fuerza lamentamos, llegó a su ‘punto de no retorno’ con el decreto presidencial para la encuesta de opinión pública convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El desafío a los demás poderes e instituciones del Estado precipitó los hechos que debieron recibir una respuesta en el marco de la institucionalidad”.
Por su parte, el editorialista de El Heraldo escribió lo siguiente: “Quienes optaron por esta situación para dilucidar una crisis política están ahora ante una prueba colosal: demostrar que también tienen la inteligencia y la razón para convencer al mundo entero que la captura y expulsión de Zelaya, las escenas que se repitieron hasta el cansancio en la televisión internacional de soldados apuntando sus fusiles contra personas desarmadas, que la toma de medios de comunicación, no es un golpe de Estado sino una acción que tiene fundamento en la misma Constitución de la República”.
Los tres medios también llamaron la atención sobre las limitaciones que enfrenta la prensa en su labor informativa, ya sea “por colusión los más y por coerción oficial los menos”, según escribió Tiempo, de acuerdo con la gacetilla de La Nación digital.
La edición de este miércoles da cuenta de la votación de la ONU, sin precedentes en la historia de la máxima organización mundial de Estados, pero dedica más espacio a los supuestos 18 delitos que habría cometido el Presidente Constitucional para ser merecedor de un Golpe de Estado, por parte de unas fuerzas armadas, que siguen siendo la fortaleza de la oligarquía de ese país para mantener el control sobre la población, mayoritariamente pobre en una relación de seis a cuatro de cada diez personas.
A la vez que mantiene su línea informativa original de justificar el golpe y torcer la verdad, la línea editorial justifica, en su sección Opinión, con varios artículos la “legalidad” de la acción militar.
Por ejemplo Fernando Zamora, abogado constitucionalista, en su artículo “La crisis constitucional en Honduras”, dice que esta refleja “el alto grado de inmadurez política de esa noble nación hermana”.
Nos cuenta que “con ocasión de mis labores de profesor universitario, me correspondió dirigir una investigación académica en derecho comparado centroamericano, que me permitió la oportunidad de estudiar la Constitución Política hondureña, de la cual hoy extraigo conclusiones interesantes de compartir en relación con su actual crisis institucional”.
En síntesis, tras un exhausto análisis, citando varios artículos, aunque no defiende la legalidad de la actuación militar, califica de “referendo” la encuesta que pretendía realizar el Presidente Zelaya el domingo, a petición de más de 400 mil ciudadanos, y señala inconstitucionalidades.
Dice que “es a la Corte Suprema de Justicia, el poder al que le corresponde conocer los procesos incoados contra los más altos funcionarios del Estado, y un tercer protagonista es el Tribunal Constitucional hondureño. Este último, según aquella Ley Fundamental, dirime los conflictos entre los poderes estatales. Todo, dentro del marco del debido proceso y con el implícito respeto de sus correspondientes etapas”.
“Así las cosas, resulta que la respuesta frente a la conducta arbitraria e inconstitucional en la que incurrió el presidente Zelaya no fue la que preveía el ordenamiento, sino, por el contrario, fue una reacción aún más atávica y brutal contra el orden constitucional establecido, lo que tristemente refleja el alto grado de inmadurez política de esa noble nación hermana”, concluye.
En este análisis de Zamora, a pesar de su gran conocimiento sobre la Constitución Política de Honduras, no menciona el ARTÍCULO 3, a pesar de que la población se ha sublevado y arrincona a los soldados en las esquinas, mientras que bloquea y abre carreteras.
Cabe recordar también lo que dice el antiguo director del medio, Eduardo Ulibarri, quien sostiene que: “Yo veo el problema jurídico así: el presidente Zelaya, al igual que Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua, se engolosinó en el poder y quiere seguir gobernando. Pero la reelección nos es permitida. Entonces, quiso reformar la Constitución para entronizarse en el poder. Pero escogió procedimiento que no se corresponde con la Constitución ni el Tribunal Electoral. Y, claro, la Corte y el mismo Tribunal Electoral lo desautorizaron. Pero él, insaciable, quiso seguir adelante con un referendo no autorizado ni fiscalizado por el Tribunal Electoral. Ese fue el fin del problema jurídico. Y el inicio del problema político y militar”.
“En esas circunstancias, aun si lo transportaran de vuelta a Honduras, en un avión militar venezolano, sus posibilidades de gobernar eficazmente serían muy reducidas. No tendría ninguna capacidad para conducir el Congreso (donde tiene a todas las fracciones en su contra), y el marco de acción de un Ejecutivo totalmente menguado sería muy limitado, especialmente si el Congreso, ofendido, adopta una serie de leyes presupuestarias y demás para coartar sus poderes. Podrá regresar, tal vez, a la presidencia. Pero quedaría reducido a la nada”, concluyo Ulibarri su comentario del lunes.
Por su parte, el Jefe de la Sección Editorial, Julio Rodríguez, reconoce que “ningún golpe de Estado, en la historia de América Latina, ha sido objeto, tan rápida y reciamente, de un repudio regional y mundial, como el recibido por el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en 72 horas. Esta reacción implica, para no caer en el cinismo y la vana retórica, un gran compromiso”.
Para Rodríguez “Si el retorno legítimo a la presidencia, no ha estado precedido de un acuerdo previo, claro y terminante, en aras del respeto y de la paz, en estos seis meses, cualquier cosa puede suceder. La imprevisión, ante un paso tan decisivo, dada la exacerbación interna, sería funesta, echaría por tierra lo ganado y dejaría a todos los mediadores democráticos en una posición deplorable”.
¿A qué se refiere cuando dice “echaría por tierra lo ganado”? ¿A un posible triunfo de las fuerzas populares, desarmadas, frente a fuerzas militares entrenadas y bien armadas?
El anunciado retorno del Presidente Constitucional a Honduras y la recuperación del poder, no se va a dar por la magia de la compañía de mandatarios latinoamericanos, ya que en la calle, en las montañas, en los centros de trabajo y dentro de las misma Fuerzas Armadas hay una lucha por la defensa de Zelaya y contra el Golpe de Estado. Esto se llama insurrección.
En cuanto a los medios de comunicación de Honduras, hoy se publican diversas notas en las que se resalta la lucha de las Fuerzas Armadas contra los terroristas, los izquierdistas, chavistas, gente de Ortega y Castro, que causan caos y desorden.
Por tanto, no hay cambio de línea informativa ni editorial en los medios hondureños, y basta recordar la mentira y la manipulación del diario La Prensa que daba cuenta del apoyo del Cardenal Oscar Rodríguez apoyando a las Fuerzas Armadas. Las declaraciones las dio durante una homilía en enero anterior cuando se celebraba un aniversario más de la aparición de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras y de las Fuerzas Armadas.
Para concluir, los medios de comunicación, adeptos de las Fuerzas Armadas de Honduras, siguen manipulando y mintiendo con la información porque temen que se cumpla lo que reza el artículo 3 de la Constitución Política en su último párrafo: “El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
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