La comunidad internacional está asfixiando al gobierno provisional de Honduras. La ONU exige el retorno incondicional de Zelaya al poder y la OEA da 72 horas para hacerlo. BID y Banco Mundial anuncian cierres financieros. Sobrevivir así es un milagro.
Pareciera un triunfo de la democracia sobre unos militares golpistas. En gracia de discusión, digamos que la impresión que quedó fue la del cuartelazo, a todas luces inaceptable. Las operaciones militares para deponer presidentes tienen que ser inequívocamente rechazadas. Sin embargo, el asunto está lejos de ser tan sencillo. Zelaya es el principal responsable de lo acontecido. La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial y dice que quien pretenda cambiar esa regla por vías inconstitucionales incurre en delito de traición a la patria.
A pesar de ello, Zelaya buscaba la reelección. Con ese fin, decidió convocar una consulta, no permitida por la Constitución. Por eso, el Tribunal Electoral se negó a hacer los comicios. La Corte Suprema declaró la consulta inconstitucional. En abierta contradicción con los tribunales, Zelaya siguió avanzando. Trajo de Venezuela urnas y papeletas. Dio orden a las FF. MM. de organizar la consulta. El Comandante de estas se negó y lo destituyó. La Corte Suprema lo restituyó en su cargo alegando que el apego a la Constitución no podía suponer la salida del oficial. Zelaya no hizo la restitución. La Fiscalía abrió causa por rompimiento del orden constitucional. Cuando se pensaba que desistiría de su propósito, una turba encabezada por el mismo Presidente irrumpió en el lugar donde se habían incautado urnas y papeletas. Ordenó la publicación de un decreto que convocaba la consulta. Frente a la posibilidad de que, en todo caso, Zelaya hiciera la consulta el domingo, fue deportado a Costa Rica. El Congreso hondureño, siguiendo la Constitución y por unanimidad, eligió como presidente provisional a Roberto Micheletti, quien se comprometió a celebrar elecciones en noviembre y a entregar el poder.
Así que aquí no estamos frente a unos gorilas que dan un golpe para quedarse en el poder. Puede alegarse que los militares no pueden decidir cuándo un jefe de gobierno vulnera la Constitución y que es intolerable que asuman el papel de árbitros constitucionales o políticos. Pero, en este caso, ocurre que los jueces habían declarado que era el Presidente quien violaba la Constitución. Por eso, la Corte hondureña ha sostenido que los militares actuaron conforme a derecho. Si bien los jefes de gobierno son los comandantes supremos de las FF. MM., no pueden ordenarles actuar en contra de la Constitución y las sentencias de los tribunales. Fue lo que hizo Zelaya. Los ejércitos se deben a las constituciones, no a los presidentes.
Por otro lado, negar a los otros poderes democráticos de un Estado la posibilidad de poner fin a las violaciones de la Constitución cometidas por un jefe de gobierno es autorizar a los presidentes a que actúen como si sus países fueran cotos de caza.
Las consecuencias del regreso a cualquier costo de Zelaya pueden ser catastróficas. Como están las cosas, la comunidad internacional está legitimando las violaciones reiteradas de Zelaya contra la Constitución y la Carta Democrática Interamericana que, en sus artículos 3 y 4, sostiene que el poder debe ejercerse "con sujeción al Estado de derecho" y con respeto a "la separación e independencia de los poderes públicos". Excepto que se abra espacio para su juzgamiento conforme a lo establecido en la propia Constitución hondureña, algo incompatible con el regreso "incondicional".
Resulta claro que Zelaya estaba dando un autogolpe. Es inaceptable que la comunidad internacional lo tolere y que, para rematar, ahogue cualquier espacio institucional para ponerle término. Al final, la pregunta es válida: ¿qué pueden hacer las instituciones democráticas frente a la pretensión de los presidentes electos de perpetuarse en el poder por vías plebiscitarias y en contravía de sus constituciones? ¡Que no nos venga con que simplemente tenemos que aguantarnos!
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