Contraloría General de la República solicita al Poder Ejecutivo definir un ente como rector del empleo público de Costa Rica
San José 16 de marzo de 2009. “Definir un ente rector en materia de empleo público, dotar a la Dirección Generalde Servicio Civil de los recursos humanos, financieros y tecnológicos requeridos para el ejercicio de sus competencias, y para fortalecer el ejercicio de la rectoría técnica”, forman parte de las recomendaciones que la Contraloría General de República planteó al Poder Ejecutivo mediante su informe sobre “Función de Rectoría en materia de Empleo Público y la Gestión de Competencias de la Dirección General de Servicio Civil”, entregado oficialmente el pasado 6 de marzo.
El Informe, elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la Contraloría General de la República indica además que “al Director General se le dispuso determinar la cantidad de recursos requeridos para el ejercicio de las competencias asignadas, exigir el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ascensos interinos y concursos internos, agilizar la resolución de nóminas, diseñar un adecuado sistema automatizado y conformar el Fondo de Formación Permanente de los Funcionarios Públicos y gestionar lo procedente para que se provea de los recursos presupuestarios ofrecidos en la Ley 7454, y se fortalezca así el proceso de capacitación de los funcionarios del Sector Público”.
Según indica el Informe (DFOE-PGAA PGAA-4-200 2009) como resultado del estudio, se pudo determinar que el Estado Costarricense no ha definido un rector que se encargue de la emisión de lineamientos y políticas en materia de empleo público, a ser implementadas en todas las dependencias del Sector Público.
“La normativa vigente asigna atribuciones y potestades de rectoría técnica al Director General de Servicio Civil, cuya aplicación se circunscribe, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Servicio Civil, a las dependencias principalmente del Poder Ejecutivo; además, de competencias de orden técnico y operativas para el manejo de los recursos humanos de las dependencias referidas”, señala.
El Informe es amplio en indicar que los recursos humanos, financieros y tecnológicos asignados a la Dirección General de Servicio Civil como subprograma de la Presidencia de la República, son limitados e inciden negativamente en el desempeño de las competencias asignadas a esa Dirección General y a su jerarca; lo que contribuye a la duración excesiva en la resolución de concursos para la selección de elegibles para laborar en el Poder Ejecutivo entre otras, así como en el desarrollo limitado de las actividades de capacitación.
“En cuanto a la resolución de nóminas que esta Dirección envía a las dependencias que tramitan pedimentos de personal, a pesar de que la normativa exige a los jerarcas seleccionar el nuevo funcionario de la respectiva nómina, la devolución de dichos instrumentos es reiterada, originando incremento en las cargas de trabajo al elaborar nuevas nóminas para las dependencias solicitantes”, indica.
En el estudio realizado por la CGR, se analizó adicionalmente el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal y de acuerdo con sus conclusiones, “en la selección de personal a laborar en las dependencias cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, no se utiliza el ascenso o concurso interno para nombrar funcionarios; no obstante que la normativa vigente, en procura de incentivar la carrera administrativa, faculta la utilización de dichos instrumentos, incrementándose la cantidad de pedimentos de personal recibidos en la Dirección General de Servicio Civil”.
“En el proceso de selección y reclutamiento de candidatos por parte de la Dirección General de Servicio Civil, se utiliza como soporte tecnológico el Sistema automatizado para el reclutamiento y selección (SAPRES), que presenta serias debilidades de configuración y seguridad, se encuentra desactualizado y no permite la integración con otros sistemas o bases de datos; por lo cual no se ajusta a los requerimientos de esa Dirección General” adiciona.
“Este Informe coincide con lo planteado también por la Comisión de Eficiencia Administrativa de Reforma del Estado (CEARE) en el documento denominado Propuesta de Acciones de Reforma del Estado; y con los resultados del reciente Foro “Nuevas Tendencias en la organización del empleo público”, realizado el pasado 13 de febrero en nuestro país”, manifestó José Joaquín Arguedas, Director General de Servicio Civil.
“Ambos foros son coincidentes sobre la importancia de que el Estado costarricense determine el establecimiento de una instancia rectora conformada con representantes del más alto nivel político. La estructura de la misma podría perfilarse tomando como base experiencias recientes en la organización del empleo público en Iberoamérica y Europa”, agregó Arguedas.
“También es altamente significativo el que sea la propia CGR la que constate el hecho de que la DGSC, había llegado, hasta el año 2005, a un nivel de verdadero ahogamiento presupuestario y por ende, dispone que la Presidencia de la República debe “accionar lo pertinente para dotar a la Dirección General de Servicio Civil de recursos humanos, materiales y tecnológicos que le permitan cumplir con las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico. Además, asignar los recursos previstos por la Ley Nº 7454 para el Fondo de Formación Permanente de Funcionarios Públicos”, concluyó el Director General.
Se adjunta el documento completo. También puede descargarlo desde nuestra página electrónica:www.sercivil.go.cr.
Periodista Ruth Piedra Marín
Comunicación Institucional
Dirección General de Servicio Civil
Tel: 22-27-21-33, ext. 204
No hay comentarios:
Publicar un comentario