PAC, ML, PLN y PUSC favorecen ley de concesión de aguas para generadores privados

Fuente: elpais.cr | 17/03/2009


San José (elpais.cr) - Una mayoría absoluta de 41 diputados contra tres en contra, aprobó la Ley de concesión de aguas para que las empresas privadas de Costa Rica generen energía eléctrica con el permiso del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

Se opusieron al proyecto los legisladores Ronald Solís y Leda Zamora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el representante del Frente Amplio, José Merino del Río, quien había presentado más de 40 mociones para mejorar el texto de la nueva Ley, pero fueron rechazadas una a una en las últimas dos semanas.

A las 6:29 de la tarde concluyó el primer debate, y se espera que el próximo jueves pase la segunda ronda de votación, lo que permitirá a los generadores privados explotar los ríos por un plazo máximo de 25 años.

Anteriormente, los permisos de explotación los otorgaba la Asamblea Legislativa, tras la presentación de todos los estudios científicos y permisos de las instituciones como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).

Además, prevé que la producción de energía eléctrica privada no supere el 15% de la capacidad instalada en el país.

Merino, en una de sus últimas intervenciones, calificó la generación privada de sangría que afecta al pueblo de Costa Rica, que entrega cada hora dos millones 800 mil colones o 68 millones de colones por día.

Declaró que en un balance de 20 años de participación de las generadoras privadas, son más los beneficios para los bolsillos de los empresarios que para el país.

El legislador advirtió que estaba solo en la pelea, tras conocerse el anuncio del Partido Acción Ciudadana (PAC), de apoyar dicho proyecto de ley para prolongar las concesiones y facilitar otras nuevas para generadores privados. Sin embargo Solís y Zamora votaron en contra del proyecto de Ley.

El diputado del PAC Sergio Alfaro dijo que muchas de las afirmaciones de Merino son falsas, y empezó a detallar que los controles ambientales para los proyectos existentes y para los nuevos son rigurosos, ya que se encuentran en otras leyes de la República.

Aclaró que el país vive un momento de crisis energética, originada por políticas neoliberales que no le permitieron al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), invertir durante años en nuevos proyectos, pero en este momento se hace necesario solucionar problemas.

Sobre el particular, Merino, en conversación telefónica con Nuestro País, consideró que con esa posición "el PAC comete un error", ya que se trata de justificar que el ICE no estaba en capacidad de invertir.

"Esa maniobra se consolidó con tesis neoliberales, que hoy son decadentes. Esta nueva ley deja portillos en cuanto al tema del recurso hídrico ambiental, y está claro que esta Ley no por casualidad está promovida por el Movimiento Libertario", sostuvo.

Merino propone que el Estado, a través del ICE, retome una a una las plantas hidroeléctricas privadas conforme se vayan venciendo las concesiones, y que les retribuya con el pago el valor justo de las mismas".

"Cinco proyectos privados, en diversas fases de estudios y tramitación, las multimillonarias sumas pagadas y las legalidades de esas leyes, los contratos y las tarifas permiten comprender la magnitud del negocio que se pretende consumar con esta ley, y explican la razón del rechazo del Frente Amplio y de organizaciones populares y sociales", explicó el legislador.

Reiteró que tras casi veinte años de vigencia de la ley 7200, de 1990, está claro que las empresas privadas han seguido disfrutando de un fuero exclusivo que les permite a varias de ellas hacer fortuna, bajo leyes, contratos y tarifas, "en algunos casos comprobados, ilegales".

"La Federación Ecológica Nacional (FECON), ha calculado que la sangría de 27 empresas privadas al pueblo de Costa Rica llega casi a los mil 500 millones de dólares, o lo que es igual a 68 millones de colones diarios o a lo que es igual, dos millones 800 mil colones por hora", afirmó.

"Estas leyes no son casos aislados, dice la FECON, sino que responden a un proceso de secuestro del Estado como han sido en estas dos décadas de políticas neoliberales, por parte de intereses corporativos privados, y a la ruptura de linderos entre lo publico y lo privado, que se consolidaron en estas largas de dominio neoliberal", agregó.

Merino denunció "los numerosos casos de corrupción, la creación de leyes y decretos a la medida de algunas empresas, a las violaciones a las leyes nacionales, son ejemplos de la usurpación corporativa que hemos vivido tratando de destruir el Estado Social costarricense".

Precisó que "estas leyes mercantilistas sobre la hidroelectricidad reducen los ríos a fuentes energéticas y los incorporan en el proceso de generación y acumulación no equitativa de la riqueza".

"Los proyectos que implican concesiones del Estado a empresas privadas nacionales o extranjeras, han sido, en este caso, un mecanismo de apropiación y de concentración de la riqueza; en caso de los generaciones de los generadores privados solo ha sido posible explotando el bien de dominio público como el agua, pero convertido en una mercancía por la Ley 7200, hecha a la medida de un grupito de la élite político empresarial", dijo.

"No es un problema de que el ICE no tenga la energía hidroeléctrica, le cortan los recursos al ICE para obligarlo a comprar a generadores privados", precisó.

DERECHO DE RESPUESTA

LA REALIDAD SOBRE EL VOLUNTARIADO DE LA PRIMERA DAMA DEL ICE

En forma reiterada gran cantidad de trabajadores (as) del ICE acuden a nuestra organización para denunciar la forma irregular en que la Sra. Ana Quirós, esposa del Sr. Pedro Pablo Quirós; hace uso de los fondos públicos delegados por Ley a su esposo en forma transitoria.

El pasado lunes 9 de marzo enviamos al señor Presidente de la República una carta, donde le pedimos su intervención para terminar con este problema en el ICE, le adjuntamos una cantidad de pruebas suficientes para que el señor Presidente entienda de qué estamos hablando. Los documentos probatorios van desde minutas, correos electrónicos, boletines publicitarios de una gran cantidad de actividades que por su importancia para el ICE esta Institución las tiene asignadas a la Gerencia General o a otras Subgerencias para enmarcar todo accionar dentro de los principios fundamentales de la Administración Pública , en cuanto a manejo de recursos públicos, así como de subordinación jerárquica aprobado por Mideplan, las leyes de creación del ICE y sus reformas. En una forma simplista y sin ninguna información adicional, el señor Miguel Ángel Agüero trata de ridiculizar esta denuncia como si el ICE fuera una Institución de beneficencia, donde personas o grupos puedan ir a realizar su voluntariado y que se le asignan vehículos, teléfonos, secretaria y otros.

El artículo 2 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito define claramente lo que es un servidor público, que es la primera violación a la Ley hecho por el señor Presidente Ejecutivo al permitir el uso de Fondos Públicos a su señora esposa.

La Sra. Ana Quirós funciona en una sala de sesiones del piso 13 o en el piso 15, tiene asignado el correoaquiros2@ice.go.cr y el teléfono 2220-5643. Más de veinte funcionarios del área social que le corresponde manejar a la Gerencia General del ICE, las cuales adjuntamos en las minutas, usa vehículos ICE, choferes ICE, su secretaria personal es María de los Ángeles Morales Romero.

Adjuntamos toda la prueba aportada, además de una cantidad de denuncias hechas por ANTTEC principalmente por personas que sirven en forma irregular a directrices emanadas desde el piso 13 muchas veces por la señora o el señor Quirós.

No existe el puesto de Primera Dama en el ICE ni en ninguna Institución del Estado, excepto en la Presidencia de la República y para practicar voluntariado los Hospitales del Estado, los clubes de leones, rotarios y otros están llenos de esas importantes mujeres y hombres; pero nunca usurpando funciones que por Ley le corresponden a funcionarios públicos.

Para terminar quiero recordar a don Samuel Hidalgo, Excontralor de la República cuando afirmaba que aunque fueran ¢ 0.25 céntimo si eran del erario público, su mal uso es un delito penal.

No reaparecí, es que los dueños de la gran prensa han obligado a muchos periodistas a ignorarnos como dirigentes sindicales, porque todavía estamos dando nuestro aporte para que este país no se nos vaya de las manos.

Jorge Arguedas Mora

Presidente de ANTTEC

Cédula 1-411-109