APOYAMOS LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Albino Vargas Barrantes *

Quienes hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento al drama delincuencial que está viviendo la sociedad en México, nos horrorizamos del profundo grado de penetración del crimen organizado en la institucionalidad del sistema político de ese hermano país, abarcando, incluso, a sus aparatos públicos de seguridad, judicial y militar, sin hablar de la inserción en partidos políticos apoyando todo tipo de candidaturas.

Otro caso igualmente espeluznante es el de Guatemala, país en el cual hay regiones en las cuales no hay acción alguna del Estado por cuanto en no pocos lugares quien manda es el crimen organizado. Por su parte, Colombia es ya un caso paradigmático, comprobándose el financiamiento de diputados, senadores y ¡presidentes!, por parte de las estructuras del narcotráfico que son las más sofisticadas en materia de crimen organizado. El actual mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez tiene serios cuestionamientos en tal sentido.

Nos parece que en nuestro querido país, ese fenómeno ha empezado a tomar forma. Hay ya no pocos episodios en los cuales ciertas manifestaciones delictivas demuestran la existencia de toda una estrategia y toda una estructura para delinquir. De esto el mejor conocimiento lo tienen varias de las autoridades judiciales y penales de mayor prestigio y credibilidad en el país. Los y las costarricenses debemos poner mucha atención a estas acertadas opiniones.

Una de estas autorizadas voces es la señor Fiscal General de la República, don Francisco Dall’Anese Ruiz quien, de manera insistente, pide a la Asamblea Legislativa la aprobación de un proyecto de ley en contra del crimen organizado. Hoy queremos expresar que la organización que nos honramos en representar, respalda dicha iniciativa.

Es más, desde esta columna lanzamos una vehemente exhortación a los y a las honorables diputados y diputadas para que, sin mayor dilación y sin triquiñuelas reglamentistas, aprueben el citado proyecto de ley. Costa Rica lo necesita. De nuestra parte hemos de enviar al parlamento, en próximas horas, un pronunciamiento oficial exigiendo la aprobación de la normativa que ha propuesto la Fiscalía General de la República.

Una de las más novedosas normas jurídicas que tiene ese proyecto de ley, es que permitirá investigar el origen súbito, de un momento a otro, de grandes fortunas y de enormes capitales; dineros que, presuntamente de dudosa procedencia, hacen que emerjan de un día para otro, cambios sustanciales radicales en la situación económica de personas que, a lo mejor, pueden ser nuestros propios vecinos; o bien, aparecen empresas que entran al mercado con gran ímpetu sin que, por ejemplo, medien créditos bancarios.

Por ejemplo, muchas interrogantes surgen en cuanto a construcciones fastuosas en el sector inmobiliario y ya hasta hubo una ocasión en que una agencia del mismo gobierno estadounidense alertó de que en Costa Rica, el crimen organizado estaba lavando dinero intermediando inversiones en tal tipo de construcciones.

Resulta sospechoso que desde ciertos sectores del corrupto sistema bipartidista PLUSC (Liberación-Unidad), estén surgiendo obstáculos para que Costa Rica no tenga una fuerte ley contra el crimen organizado. Nos preguntamos: ¿será que esos capitales que súbitamente aparecen sin mayor explicación, han financiado o lo harán en el futuro candidaturas municipales, diputadiles y/o presidenciales?... Exhortamos a todas las organizaciones sociales y cívicas ha pronunciarse en igual sentido. Todavía estamos a tiempo.

 
* Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)