San José.- El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Rodrigo Arias, defendió hoy ante una comisión legislativa el uso que el Gobierno ha hecho de dos millones de dólares de un programa de cooperación no reembolsable del BCIE para pagar asesores en diferentes ámbitos.
Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia de Costa Rica, subrayó que comparecía ante el Congreso para "refutar las afirmaciones de algunas personas que han señalado, temerariamente, que Presidencia manejaba fondos secretos o chequeras secretas", con los dineros del programa.
"Nada hay que ocultar cuando todo está correcto", aseguró el hermano del presidente Óscar Arias ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, a quienes explicó que este programa de cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) funciona con todas las Casas Presidenciales del istmo.
Una investigación del diario local La Nación reveló semanas atrás la existencia de los recursos, pero el Gobierno se negó a calificarlos como donación.
Esta situación causó críticas de la prensa y la oposición debido a que los pagos no fueron reportados a la Contraloría General de la República (CGR).
Con los dos millones de dólares, indicó luego el Ejecutivo, se han pagado consultorías a 54 personas y empresas en áreas como comunicación, toma de decisiones, reforma legal, coordinación gubernamental, apertura de monopolios y gestión pública.
Entre los contratados hay desde ex diputados y ex funcionarios públicos, hasta un guitarrista, secretarias y mensajeros.
Rodrigo Arias subrayó hoy que comparecía ante el Congreso, en primer lugar, para "refutar las afirmaciones de algunas personas que han señalado, temerariamente, que Presidencia manejaba fondos secretos o chequeras secretas", con los dineros del programa.
Arias detalló que los orígenes de esta cooperación del BCIE a las presidencias centroamericanas se remontan a una idea planteada por primera vez en una cumbre presidencial en El Salvador en el 2005, que fue aprobada por el directorio del banco en 2006.
Esta cooperación, añadió el ministro, se fijó en un monto global de cinco millones de dólares anuales, con una distribución de un millón para cada Estado beneficiario (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), y se definió que el organismo ejecutor fueran las presidencias de cada país.
Arias aseguró que "los órganos de la Presidencia han recibido, en virtud de la ejecución de este convenio, los productos de las asesorías profesionales contratadas o algunos bienes adquiridos.
"Nunca dinero. Nunca medios para manejar chequeras secretas. Nunca cuentas corrientes de libre disposición", dijo.
Respecto a los consultores contratados, el ministro indicó que además de la "idoneidad profesional, integridad personal, capacidad y trayectoria" de la persona, "es absolutamente lógico que se tuvieran en cuenta los elementos de confianza y de afinidad del consultor con el proyecto país que impulsan la presidencia y sus órganos".
"Difícilmente podríamos sugerir para realizar una consultoría sobre apertura de monopolios públicos a alguien que tenga una posición opuesta a esa política", argumentó.
Arias reiteró que corresponde al órgano ejecutor definir características de las consultorías y términos de referencia, pero que esos datos se envían para su aprobación al BCIE y es el banco el que contrata al consultor.
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