VIDEO PIDIENDO LA DESTITUCION DEL MAGISTRADO FEDERICO SOSTO

Caso Sosto vuelve a Corte Plena
23/07/2008

San José, 23 Jul (NP) La Inspección Judicial decidió trasladar una denuncia contra el Magistrado suplente Federico Sosto a la Corte Plena, para
que investigue la legalidad de su participación en consultorías brindadas al Poder Ejecutivo.

Un grupo de diez personas presentaron el lunes una gestión de coadyuvancia ante la Inspección Judicial, que había recibido una denuncia formal
contra Sosto, del legislador Olivier Pérez González y otros, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Hoy recibí una notificación, pues soy la abogada autenticante de la coadyuvancia, donde presentamos la Proclama Ciudadana y las 200
firmas que la avalaron, en donde me indican que han enviado nuestra gestión a la Corte Plena, con en base al artículo 182 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial”, informó a Nuestro País la abogada Leonor Antillón Sargent.

“Eso significa que la Corte Plena debe resolver o pronunciarse nuevamente. Ya que sólo archivaron las gestiones que vieron el lunes pasado”,
precisó.

La Corte Plena, el máximo órgano judicial, dispuso el lunes archivar el caso de Sosto, a quien reprochan diputados, sindicatos, abogados y
organizaciones sociales asesorar legalmente al gobierno en el uso de los dineros de las asesorías del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).

Desde que emergió a la luz el caso de las asesorías que se pagaron con recursos que estaban destinados a las familias pobres de Pavas, son
muchas las personas físicas y jurídicas que se han visto envueltas y se conoció que el magistrado suplente asesoró al presidente Óscar Arias y a su
hermano Rodrigo en el uso de esos recursos.

Ante esos hechos, considerados inmorales y antiéticos, diputados, organizaciones sociales y sindicatos pidieron la renuncia del magistrado y
solicitaron la apertura de una investigación del Ministerio Público.

Por esa situación el asunto llegó hasta la Corte Plena, donde por 12 votos contra 10 se dispuso archivar el caso, dando por sentada la veracidad
del informe que el magistrado Sosto les brindó a sus compañeros.

Sosto aceptó que ha hecho varias colaboraciones gratuitas a la Presidencia de la República en el ejercicio liberal de su profesión, aunque también
ha brindado servicios legales al Consejo Técnico de Aviación Civil, pero remunerados, en la actual administración.

La Corte Plena debe analizar nuevamente si con esos servicios incumple o no la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe a los magistrados
suplentes ejercer como abogados privados.

Para Antillón Sargent la actuación de Sosto es contraria a la ley, “ya que debe basarse en el hecho de que la imparcialidad, el no adelantar criterio
y la ética, deben ser bastiones de toda judicatura, contrario a una interpretación endeble de un artículo de ley, que no es la totalidad de lo que
dispone el Ordenamiento Jurídico”.

El asunto también es estudiado actualmente por el Colegio de Abogados, que analizará si Sosto incumplió el Código de Deberes Profesionales.

Dicho reglamento señala que los abogados litigantes están obligados a cobrar por sus servicios. Varios partidos opositores exigen la salida de
Sosto, a pesar de que el Gobierno y algunos diputados de la Unidad Social Cristiana consideran conveniente el nexo entre el magistrado suplente y
el Ejecutivo.

El jefe de bancada del PAC, Francisco Molina, aseguró que la investigación debe ser realizada por la Corte Plena para tranquilidad de la
ciudadanía, que confía en la institucionalidad del país.

“La Corte Plena debió haber aprobado las investigaciones para tranquilidad de la ciudadanía y de la democracia. Era necesario descartar o
confirmar que Sosto violentó la división de Poderes del Estado y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Molina al comentar la decisión
del lunes, tomada por la Corte Plena.

“Ojalá que los magistrados no hayan tomado esta decisión impulsados por presiones políticas porque eso sería aún más preocupante”, destacó
Molina.
Por otra parte, el también legislador del PAC, Rafael Elías Madrigal, consideró que la Corte con la determinación a favor de Sosto dio un golpe a la
transparencia.

“El magistrado Sosto violentó la división de poderes y la Corte Plena lo que hace es tapar el caso, como echar la basura bajo la alfombra”, aseguró
Madrigal.

Finalmente, la abogada Antillón consideró que las organizaciones populares, que se encuentran molestas por la falta de transparencia que ha
rodeado el caso del magistrado asesor del gobierno, pueden organizar protestas frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se respete la
ley.