Gobierno tico enfrenta críticas por gestión ambiental

Varias organizaciones ecologistas clausuraron simbólicamente la Secretaría Técnica Ambiental en el Día Mundial del Ambiente, como una crítica a la gestión del gobierno de Costa Rica, país que se presenta como ejemplo en la protección de sus recursos naturales.

"Queremos llamar la atención de la opinión pública sobre la contradicción existente entre el discurso oficial y la falta de políticas para mitigar el grave deterioro que sufre el ambiente", dijo el jueves a la AP Mauricio Alvarez, de la Federación Ecologista (Fecon).

El grupo llegó de madrugada, colocó cadenas y rótulos que decían "clausurado" al frente del edificio de la secretaría, que se encarga de avalar los permisos ambientales de todo tipo de actividades en el país, desde plantaciones piñeras hasta hoteles.

Alvarez aseguró que el ejecutivo ha prtesionado a la Secretaría para que apruebe el funcionamiento de la finca piñera Tico Verde, en la zona caribeña, a pesar de la existencia de numerosas denuncias por contaminación de aguas.

El presidente de la Cámara de Piña, Abel Chávez presentó el jueves un "compromiso de responsabilidad socio ambiental", mediante el cual aplicarán prácticas responsables que ayuden a conservar el agua, el aire, se reduzcan los desechos y se proteja la salud de los trabajadores.

Pero Fecon y otros grupos ambientales insiste en que "conforme han ido avanzando los piñales, han desaparecido quebradas y nacientes, se han contaminado pozos para el consumo humano, se extinguen y estrangulan zonas en recuperación de bosque y se ha desatado una pandemia de moscas paleteras que matan al ganado".

También se presentó un conflicto en Sardinal, a unos 250 kilómetros al noroeste de la capital, donde los vecinos se opusieron a la construcción de un acueducto que utilizará el líquido de los pozos en esa zona para abastecer desarrollos turísticos en la costa del Pacífico. Las obras -actualmente suspendidas- son financiadas por empresarios privados pero sería administrada por el Estado.

Según los ambientalistas, el gobierno también eliminó una moratoria que regía desde el gobierno anterior y se avaló el funcionamiento de una mina en la zona norte propiedad de una empresa canadiense y asegura habrá salvaguardas ambientales.

"El gobierno tiene un doble discurso. A nivel internacional promueve la recaudación de fondos para iniciativas que no se ven en el país, y tampoco usan el dinero para mejorar, por ejemplo, el ministerio de Ambiente", señaló Alvarez.