miércoles, 30 de septiembre de 2015

Comparecencia del Ministro de Comunicación Mauricio Herrera Ulloa, ante el Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Las opiniones son libres, los hechos son sagrados

MINISTRO DE INFORMACION
 MAURICIO HERRERA 



San José, 29 de setiembre del 2015

Diputados y diputadas, les agradezco la oportunidad que me brindan. Me da mucha satisfacción estar esta tarde aquí, en el plenario de la Asamblea Legislativa para explicar con mucho respeto algunos aspectos que tienen que ver con la protección del derecho a la libertad de expresión.

El Gobierno de la República, y particularmente el Ministerio de Comunicación, es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión,  de la independencia editorial de los medios y  tolerante de la crítica. Es falso que haya amenazas, acoso, intimidación o amedrentamiento como se ha dicho en la Asamblea Legislativa sin ningún esfuerzo de verificación. No nos molestan las informaciones críticas ni aquellas que desfavorecen al Gobierno, las asumimos con naturalidad y espíritu constructivo. Sin embargo sí tenemos la obligación de aclarar información con datos erróneos o falsos, que puede perjudicar a la población o inducirla a equivocaciones.

Sabemos que al asumir puestos públicos los funcionarios y funcionarias nos hemos expuesto de manera voluntaria a un escrutinio más exigente y a un mayor riesgo de recibir críticas  y por esa razón nuestro umbral de tolerancia a la crítica, e incluso a los insultos, debe ser mayor que el de cualquier otro ciudadano. Así lo ha establecido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, que yo gané en el 2004 en defensa de la libertad de expresión.

Sin embargo, tanto los periodistas como la ciudadanía tienen derecho a  recibir la información correcta. No es extraño que algunos medios de comunicación publiquen noticias que contienen información errónea que al ser reproducida en redes sociales y replicada como cierta por actores políticos termina creando debates públicos basados en premisas falsas, que inducen a error a las audiencias.

Aunque la ciudadanía, como ya dije, tiene el derecho a recibir información correcta, en una democracia también los medios de comunicación tienen el derecho a publicar lo que quieran y como quieran, aunque su información contenga datos erróneos, siempre y cuando no sea difamatoria, calumniosa o injuriosa ni haga apología de un delito, llame a la violencia o atente contra  la moral de la infancia. 

Como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”. El Gobierno es tajante en su respeto a este mandato constitucional.

Creo firmemente que los periodistas y los medios de comunicación deben tener la posibilidad de equivocarse sin que eso implique un riesgo a su patrimonio, ni la posibilidad de sanciones penales o de imposiciones externas de contenido editorial. Más costoso sería para la sociedad y para la democracia el que los medios, por temor a las consecuencias de equivocarse, eviten informar de asuntos que son de interés público.   Pero a la vez, el resto de la sociedad, incluido el aparato estatal, debe tener la posibilidad de mantener un diálogo franco y sincero con los medios de comunicación para que de manera oportuna se aclaren,  corrijan, rectifiquen o desmientan informaciones erróneas o falsas. Una democracia sana no puede permitir que su imprescindible debate público se construya sobre información errónea o falsa.

La sociedad debe entender que en los apresurados ritmos de trabajo de los medios de comunicación las y los periodistas no siempre pueden acceder a tiempo a toda la información deseada, o no pudieron hablar con la fuente que buscaban o no identificaron oportunamente a la fuente más adecuada. En otros casos sí contaron con la información pero por la premura de un cierre de edición  no la pudieron interpretar o plasmar de la forma más adecuada.   Es ahí donde la interacción abierta, sana y constructiva con las fuentes oficiales y con las personas que se puedan sentir agraviadas se vuelve más importante, para aportar los datos correctos y colaborar de manera conjunta en el acercamiento a la verdad, objetivo último del periodismo y del debate democrático. 

Por lo general desde el Gobierno optamos por no reaccionar ante imprecisiones en noticias, porque implica un desgaste importante en tiempo y recursos,  además de que los pedidos de rectificación a menudo no son atendidos por algunos medios o ni siquiera son respondidos. Reitero que defendemos la libertad de expresión y somos respetuosos de la independencia editorial de los medios.

Empero, hay algunas informaciones incorrectas, imprecisas o falsas que sí deben ser aclaradas o rectificadas porque llegan a ser asumidas como ciertas por las audiencias y pueden inducir a errores e incluso a acciones, con base en falsas premisas.

Pongo unos pocos ejemplos: El 2 de mayo hubo un derrame químico frente a la playa de Puntarenas y el Gobierno declaró una veda temporal  en una zona del Golfo de Nicoya que podría haber sido afectada, para que las personas no se bañaran o consumieran productos de esa área. El 3 de mayo el Gobierno ofreció una conferencia de prensa en la que señalaba que la alerta roja había sido levantada, y el agua era apta para bañarse y pescar. Sin embargo, el 4 de mayo un titular del Diario Extra decía exactamente lo contrario: “Prohibido comer pescado tras derrame químico”. Llamé al Diario Extra para explicar que esa información era errónea y que afectaba seriamente a los pescadores y  comercios de Puntarenas. Esa tarde el Diario Extra publicó una información en su sitio web titulada: “Sin riesgo consumo de pescado”.  Como se ve en este ejemplo, el interés del Gobierno simplemente se concentra en que la información sea correcta.

En Elmundocr, el 22 de mayo, la señora Rocío Alvarez Olasso, (quien se identificaba como directora de ese medio y ahora es funcionaria de la fracción legislativa del Partino Liberación Nacional) señaló un presunto pago irregular a funcionarios en Casa Presidencial y una supuesta relación sentimental entre un asesor y una persona del entorno del Presidente, todos hechos falsos. El señor Mauricio Gordiano Muñoz reconoció que esa información era falsa y con la mediación del abogado que se identificó como asesor legal de ese medio, Ewald Acuña, fue publicado un derecho de respuesta. En otras dos ocasiones que han publicado informaciones que hemos considerado erróneas, he intentado conversar con personeros de este sitio web sin éxito y tampoco han publicado los derechos de respuesta. Hemos preferido no acudir a la Sala Constitucional para no aumentar la tensión, aunque tenemos ese derecho.  También sin éxito he intentado explicarle al señor Muñoz que para que un medio de comunicación emergente gane credibilidad es prudente aplicar una serie de procedimientos básicos. De acuerdo con lo que me ha dicho esta persona, no tienen formación periodística y no les interesa conocer esos procedimientos. Le he ofrecido incluso textos básicos de periodismo y ética periodística pero han interpretado el ofrecimiento como una ofensa. Cualquier persona puede ejercer el periodismo, de acuerdo con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no es necesario pertenecer a un colegio para hacerlo; sin embargo, es sano y conveniente que quien quiera ejercer el periodismo se preocupe por conocer los rudimentos básicos de esta disciplina, aunque no sea una obligación legal.

Es necesario aclarar que quien suele llamarme o escribir es el señor Muñoz y no a la inversa, y que cada vez que llama para quejarse por alguna solicitud de aclaración que yo he pedido, me grita e insulta de manera airada e irrespetuosa para la dignidad de cualquier persona.    De hecho, el 14 de julio en el auditorio de la Casa Presidencial, después de una larga conferencia de prensa el señor Muñoz me trató a gritos e insultos porque yo no pude atenderlo cuando él quería. Le pedí 15 minutos pero esta persona reaccionó de manera descontrolada y publicó un mensaje en twitter donde decía falsamente que yo había dejado plantados a tres periodistas. Él no quiso concretar la entrevista y poco después yo atendí con normalidad a los otros dos comunicadores de CR Hoy y Amelia Rueda.com a quienes había ofrecido responder preguntas adicionales. El video de ese incidente lo pueden ver en mi página oficial del ministro de comunicación en la red Facebook. Después de que este señor me gritó e insultó, un fotógrafo de la Casa Presidencial grabó al señor Gordiano Muñoz hasta que saliera de las instalaciones, ante la posibilidad de que en su descontrol profiriera nuevos insultos o dañara el edificio. Después de ese incidente, el señor  Muñoz ni los representantes de su medio han tenido ningún inconveniente para ingresar a la Casa Presidencial ni para hacer las preguntas que desee.

El pasado domingo 20 de setiembre, elmundocr publicó falsamente que solo Costa Rica y algunos países árabes habían rechazado recibir refugiados sirios. Esa información generó ruido en las redes sociales sobre bases falsas y yo opté por llamar a la persona que había escrito esa información para aclararle la posición reiterada del Gobierno de Costa Rica. El redactor de esa nota, un joven de unos 20 años sin formación periodística, se sintió ofendido porque dice que yo lo llamé “muchachito”.  Tras una conversación de dos minutos ese redactor me colgó el teléfono. Después, una vez más y como suele ser usual en él, recibí una llamada del señor Muñoz en el que insistió en su andanada de insultos contra mi persona. Intenté explicarle la posición del Gobierno acerca del tema pero me colgó el teléfono. Yo le envié por mensaje un texto en el que explicaba con detalle la posición la posición del Gobierno de Costa Rica y el señor Muñoz respondió con insultos como: “para mí son más grandes las evidentes deficiencias en su mediocre gestión”, o “es un mediocre ministro con título u atestados pero con actitud y eso se le reconoce” o “lástima la educación pública que recibió, que para cuando tuvo que ser funcionario público, fuera un simple desperdicio de recursos”.  

En otro ejemplo, el sábado 21 de setiembre el Diario Extra publicó que el presidente Solís viajaría a Nueva York con un equipo de asesores de imagen cuando en realidad viajaba con una pequeña delegación de ministros y una periodista, un fotógrafo y un camarógrafo encargados de transmitir información a todos los medios de comunicación de Costa Rica que no enviaron sus equipos a esta gira presidencial. Llamé a la periodista que escribió la nota para alertarla de la imprecisión y ella más bien me agradeció por llamarla y me pidió que hablara con su jefa. Nunca solicité cambiar la nota, ni su contenido y dejé en manos de la periodista y el medio hacer lo que consideraran conveniente.

El 7 de agosto, la Sala Constitucional anunció su decisión acerca de la reforma procesal laboral. Una decisión compleja y todos los medios informaron el hecho y muchos reportaron de manera equivocada que el fallo era contra la administración Solís Rivera cuando en realidad era en contra del Gobierno anterior. Noticias Monumental se comportó de manera ejemplar: aunque al principio informó de manera equivocada, en el transcurso del día aclaró la información e incluso rectificó con una entrevista a profundidad a un magistrado en la noche de ese día. Otros medios aclararon o rectificaron posteriormente y en un caso se envió un derecho de respuesta que fue atendido y difundido el lunes siguiente.

El 21 de agosto trascendió que la empresa Uber comenzaría a funcionar en el país: después de unas declaraciones del Presidente en las que afirmaba que se aplicaría la ley, CRHoy publicó que el Presidente Solís le declaraba la guerra a Uber, esto se sumó a un tweet de La Nación que reprodujo de manera imprecisa lo que un taxista decía que había dicho el viceministro de transportes. Ese tweet de La Nación fue corregido rápidamente luego de que el Viceministro alertó al periodista del error. Sin embargo, en la noche del 21 de agosto algunas personas comenzaron a perseguir y atacar con bates de béisbol  a carros sospechosos de trabajar para Uber. En la Casa Presidencial planteamos la necesidad de emitir con urgencia un desmentido de la publicación de CRHoy porque la suspuesta declaratoria de guerra a Uber  se estaba tornando en un problema de seguridad en las calles. Antes de emitir el desmentido llamé a la directora de CRHoy, Silvia Ulloa, con quien he mantenido una relación profesional respetuosa, para adelantarle la comunicación que emitiríamos.  Una vez que el desmentido fue enviado ella me llamó para manifestarme su molestia por ese hecho. Al día de hoy esa noticia sigue activa en el sitio web de CrHoy.

El 4 de setiembre CRHoy publicó una noticia titulada: “presidente huye para no explicar cambio a directriz”, cuando en realidad el presidente había advertido con antelación que no iba a dar declaraciones a la prensa ese día. Hicimos un desmentido público de esa información y aclaramos que no había contradicción en dos directrices diferentes. Esa noticia también sigue activa en el sitio web.

Tampoco es cierto que se niegue la posibilidad de preguntar a algunos periodistas o o se rechace dar entrevistas a algunos de ellos. Los periodistas más bien han tenido la posibilidad de preguntarle al Presidente casi todos los días de la semana y en algunas ocasiones, por razones de tiempo limitamos la cantidad de preguntas a 4 o 5. En esas ocasiones no todos pueden preguntar. Un reportero en Casa Presidencial, como el de CRHoy, prácticamente pregunta en todas las actividades del Presidente, algunas veces incluso varias veces en un día. El que alguna vez alguien no pregunte, para que otro pueda hacerlo no es un atentado a la libertad de expresión, ni mucho menos.  

En este gobierno defendemos la libertad de expresión y somos meticulosamente respetuosos de la independencia editorial de los medios. Nunca se ha impedido o limitado la circulación de una noticia, nunca ningún medio ha sido amenazado de nada, nunca ningún medio ha sido amedrentado o intimidado de nada. Una llamada telefónica de una fuente de información a un periodista o al director de un medio de comunicación para aclarar un dato o hecho erróneo es un procedimiento normal en una relación profesional en aras de llevar al público la mejor información posible y el derecho de rectificación y respuesta es un mecanismo legítimo, adecuado y proporcionado para defender los derechos.

Las y los profesionales de periodismo, estemos donde estemos, trabajamos para acercarnos a la verdad todo lo que sea posible, aunque la búsqueda de la verdad sea un camino difícil, que requiere honestidad intelectual y deseo de aprender y corregir.

Aclaro que al referirme al concepto de periodismo profesional, lo hago en el mismo sentido que lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 5, según la cual “El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado”.

Para acercarnos lo más que se pueda a la verdad se requiere la mayor libertad de expresión posible y la más amplia independencia editorial de los medios de comunicación. Con ese objetivo incluso una sociedad democrática debe ser tolerante con algunos excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, con el error e incluso con expresiones que puedan ser  ofensivas o mortificantes.

La legislación costarricense contempla el derecho de rectificación y respuesta a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio. Sin embargo, aunque es un mecanismo legítimo y relativamente sencillo, por lo general es visto por los periodistas y medios de comunicación como una imposición de contenidos que, en caso de no ser admitido por el medio de comunicación, obliga a la persona afectada a recurrir a la Sala Constitucional y, si se acepta la solicitud, el proceso termina con la imposición al medio de la obligación de publicar la rectificación o respuesta.

Cómo periodista y como Ministro de Comunicación prefiero optar por el diálogo franco, sincero y profesional con los y las colegas que en algún momento han publicado información errónea, con el fin de aportar datos adicionales que puedan servir para completar una nota. A los periodistas y a los medios no les gusta que se les imponga contenido, aunque haya un legítimo derecho para que así. La pasión y deber de un periodista con actitud profesional es buscar la verdad y los periodistas valoramos muchísimo la posibilidad de contar con más datos que nos permitan llegar a ese objetivo. En ese sentido, es una práctica común y ordinaria que los periodistas reciban llamadas de sus fuentes para aclarar una información que podría ser errónea, sin necesidad de exigirlo por otras vías legales.

El diálogo con un periodista es el mecanismo de menor impacto sobre la independencia editorial y en el Gobierno preferimos optar por una comunicación franca y asertiva con las y los comunicadores antes que recurrir a otros procedimientos establecidos en la ley que elevan una diferencia puntual a una confrontación judicial. Con mucha frecuencia converso con colegas y directores de medios y en la inmensa mayoría de las oportunidades no hay ninguna queja de intromisión en la libertad editorial.

Es necesario insistir en que aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta a agraviante no es una amenaza, no es  un amedrentamiento, nada tiene que ver con una intimidación. Aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta o agraviante es un derecho fundamental de cualquier persona o institución y para concretar ese derecho este gobierno prefiere el diálogo directo y profesional con el periodista que podría haber cometido un error, antes que iniciar un proceso legal legítimo para obligar al periodista a publicar un contenido.  Aún más, los periodistas profesionales recibimos con agradecimiento cuando una fuente nos advierte de un error en una información, o en un ángulo que ha sido omitido u olvidado, porque eso nos permite acercarnos aún más a la verdad.

Los periodistas profesionales, en los medios o en organizaciones públicas y privadas, ejercemos nuestra disciplina con el afán de acercarnos a la verdad todo lo que podamos, no trabajamos para concentrar poder político, ni para atacar a quien tiene ideas diferentes a las nuestras, ni para acumular dinero, tampoco para ser famosos o influyentes. El norte de los periodistas con una actitud profesional es la búsqueda de la verdad. Debemos tener la más amplia libertad de expresión, el más vigoroso debate público, el mayor contraste posible de ideas y posiciones y el mayor respeto posible a los hechos, a los datos, a la verdad, con el fin de que la sociedad como un todo obtenga la mejor información posible  y pueda conocer los asuntos  públicos, asumir una posición si lo desea y tomar decisiones.

Un aforismo clásico sentencia que “las opiniones son libres pero los hechos son sagrados”. Una sociedad democrática sólida como la costarricense no puede permitir que los errores o las falsedades dominen el debate público porque nos encamina a tomar decisiones y actuar sobre premisas equivocadas. En ese mismo debate público todo lo que puedan hacer las voces múltiples y diversas de una sociedad, incluyendo al gobierno, para aportar hechos y datos verdaderos, es un aporte fundamental para el enriquecimiento de la democracia, sin que eso implique nunca una limitación a la libertad de expresión ni una violación a la independencia editorial de los pueblos.   Nadie en una sociedad democrática debería renunciar a recibir y debatir datos y hechos verdaderos, o que al menos son plausibles de ser verdaderos.

Por eso preocupa la posibilidad de que haya medios o periodistas cuya objetivo no sea la de proveer información verdadera a la sociedad sino otras agendas que impliquen el uso de desinformación para lograr sus objetivos, o intentar obtener notoriedad con base en exageraciones o victimizaciones inexistentes.

Aún más, es mi obligación como ministro de comunicación reaccionar cuando una información, declaración o dato sufre una posible distorisión que induce a un error relevante a la ciudadanía. Si no lo hiciera estaría incumpliendo con una tarea básica de mi cargo, y ustedes me interpelarían acerca del por qué lo habría permitido.

Tengo una vida dedicada a la defensa de a la libertad de expresión y a la enseñanza del periodismo en la Universidad de Costa Rica y he aprendido y enseñado que la mejor defensa de  la libertad de expresión es el periodismo responsable, de calidad, que busque sinceramente la verdad. El periodismo que desprecia la verdad atenta contra la libertad de expresión tanto como la censura pues justifica a quienes quieren limitar este derecho.

Esta comparecencia que con gusto hago ante el Plenario de la Asamblea Legislativa debería ser el inicio de una sana discusión democrática acerca de la calidad de la información que recibe la sociedad costarricense de los medios de comunicación tradicionales y digitales, y también acerca de las obligaciones que tenemos las y los funcionarios públicos de actuar siempre con transparencia, apertura y tolerancia ante las críticas de parte del resto de la sociedad.

El debate de fondo es acerca de cómo la sociedad costarricense puede recibir información verdadera, o al menos que aspire sinceramente a la búsqueda de la verdad,  sin que se vea afectada jamás la independencia editorial de los medios;  cómo mejorar mecanismos de autoregulación de los medios de comunicación para que sean ellos mismos quienes analicen críticamente sus falencias y errores y de manera autónoma apliquen procedimientos de control de calidad en beneficio de sus audiencias; cómo fortalecer el diálogo entre fuentes oficiales y medios de comunicación para favorecer al público con la mejor información posible sin afectar jamás la libertad de expresión, la libertad de prensa ni la independencia editorial de un medio de comunicación, y cómo lograrlo evitando recurrir a vías judiciales que impliquen una posible imposición de contenidos o peor aún una criminalización.

También es necesario plantearnos si todos quienes quieren hacer periodismo, aunque no tengan formación en la materia,  deberían procurar cumplir  prácticas profesionales y éticas mínimas o si preferimos no intervenir para impedir limitaciones. En ese sentido, sin que constituya una obligación, el Colegio de Periodistas podría dar un gran aporte en la capacitación de periodistas-ciudadanos o empíricos.

Es necesario plantear si nos interesa debatir como sociedad la relevancia de saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación. Ya esa norma existe para los periódicos impresos pero no para otros medios electrónicos o digitales.

Hay tantas cosas que nos podrían dividir como sociedad, múltiples diferencia de matices y enfoques, pero la búsqueda de la verdad debe unirnos a todos y a todas para defender y fortalecer esta democracia que tanto amamos.
Les agradezco su atención y paciencia. Quedo a sus órdenes para responder sus preguntas.
Buenas tardes.

martes, 29 de septiembre de 2015

Sala IV condena al Estado a pagar daños y perjuicios a sindicalistas encarcelados septiembre 29, 2015 / Autor: Luis Manuel Madrigal / CONDENADO EL ESTADO COSTARRICENSE POR VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) declaró parcialmente con lugar el recurso de hábeas corpus presentado por los diputados Otto Guevara y Gerardo Vargas Varela, del Movimiento Libertario y Frente Amplio respectivamente.
El departamento de prensa del Poder Judicial informó la decisión de los magistrados con base en sentencia 2015-15205. En dicha resolución se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, sin embargo no se ordena la liberación de los sindicalistas.
Según los magistrados el hecho de que se haya dictado una sentencia condenatoria contra los sindicalistas es fundamento suficiente para decretar la prisión preventiva, “toda vez que la sentencia condenatoria desvirtúa la presunción de inocencia y, por consiguiente, la actuación del Tribunal recurrido es conforme a Derecho”.
Por mayoría, los diputados consideraron que ha habido una actividad endoprocesal de los propios abogados de los sindicalistas, que ha contribuido a que el proceso penal no haya concluido con una sentencia firme dentro de un plazo razonable.
“No obstante, la mayoría observa que algunas actuaciones de la Administración de Justicia también provocaron dilaciones indebidas. Ergo, aunque la actividad endoprocesal de las partes involucradas en el proceso ha contribuido a que la resolución del caso se haya prolongado de forma excesiva, no menos cierto es que en la medida que en tal mora judicial hay corresponsabilidad del Estado, y por ello existe mérito suficiente para declarar con lugar este amparo solo por tal motivo, lo que, sin embargo, no justifica ordenar la libertad de los amparados, puesto que, como ya se indicó, reiterada jurisprudencia de esta Sala ha declarado procedente la prisión preventiva cuando existe sentencia condenatoria. Examinar la procedencia o no de la sentencia condenatoria en sí, no es propio de la vía constitucional, sino de la penal por la vía de los recursos de apelación y, eventualmente, casación”, dice la sentencia.
La Magistrada Hernández López salvó el voto y declaró con lugar el recurso ordenando el archivo del proceso número 00-201797-485-PE por exceder un plazo razonable en violación al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a su vez ordena la libertad de los amparados.
El Magistrado Salazar Alvarado salvó parcialmente el voto y ordenó la libertad de los tutelados; pues consideró que el hecho del dictado de cinco sentencias, en un lapso de quince años, sin duda alguna lesiona los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, atentatorio de la dignidad humana y del estado de inocencia, ya que los imputados han permanecido atentos al proceso y no han mostrado peligro de fuga alguno.

Fedefútbol presenta tercer uniforme de la Selección Nacional de Costa Rica

Esta mañana, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefut) y la marca New Balance revelaron que el tercer uniforme que utilizará la Selección Nacional de Fútbol será completamente azul, con lo cual marcará un cambio entre las acostumbradas camisetas rojas y blancas.

Este nuevo uniforme será estrenado por la Tricolor el próximo jueves 8 de octubre en el Estadio Nacional al medirse con su similar de Sudáfrica en un encuentro amistoso.

La camiseta se destaca por un elegante diseño, en el cual prevalece un azul oscuro con algunas rayas verticales de color rojo, mientras que el dorsal será blanco.

Allan Gerli, director comercial de la marca New Balance Costa Rica, explicó que la camiseta al igual que la roja y la blanca cuenta con todos los estándares de calidad, además de que se optó por una nueva opción, la cual viene a contrastar con los habituales colores que se han utilizado en los pasados años.

Por su parte, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, expresó sentirse muy feliz y con buenas expectativas en cuanto a cómo la recibirá la afición.

"La verdad muy contento, ya lo conocíamos, creo que es muy sobrio  y ojalá este uniforme tenga la aceptación de la afición", explicó Villalobos.

La camiseta de hombre tendrá un valor de 43.900 colones mientras que para damas costará 42.300 colones, estas se encuentran disponibles desde hoy en todos los puntos de venta autorizados.

Ser joven en El Salvador es un peligro. Los jóvenes son el blanco predilecto de la violencia de las pandillas y son también la cantera de la que estas organizaciones criminales alimentan sus filas, que viven siempre al filo de la muerte. Sobrevivir en este contexto es un arte que se aprende: desde seleccionar el autobús adecuado para viajar y la escuela donde se estudia hasta los lugares de recreación, son decisiones importantes para eludir la violencia.

www.elmundo.cr

San Salvador, 29 set (AFP) – Ser joven en El Salvador es un peligro. Los jóvenes son el blanco predilecto de la violencia de las pandillas y son también la cantera de la que estas organizaciones criminales alimentan sus filas, que viven siempre al filo de la muerte.
Sobrevivir en este contexto es un arte que se aprende: desde seleccionar el autobús adecuado para viajar y la escuela donde se estudia hasta los lugares de recreación, son decisiones importantes para eludir la violencia.
Bajo tales presiones viven 1,7 millones de menores de 29 años en un país cuya población total es de 6,3 millones.
“Los adolescentes y jóvenes siguen siendo los más vulnerables a la violencia criminal, particularmente a los homicidios y otras formas de violencia social, e intrafamiliar”, advierte la directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), Jannet Aguilar.
En agosto, el país vivió el mes más violento de las últimas dos décadas con 911 homicidios, de los cuales 156 eran jóvenes entre 15 y 19 años, y 184 entre 20 y 24 años. En resumen, 77% de las víctimas tenían entre 15 y 39 años.
A pesar de una política gubernamental de mano dura contra la criminalidad, el número de homicidios en El Salvador tuvo un repunte este año con 4.323 asesinatos entre enero y agosto, frente a 2.533 en el mismo período de 2014.
Una buena parte de esas muertes son atribuidos a las pandillas, las cuales cuentan con unos 72.000 miembros, 13.000 de ellos en prisión.
“La juventud salvadoreña está pagando un alto precio como consecuencia de vivir en un espacio dominado por la violencia. Este precio es diferenciado según el origen social, el género y el lugar de residencia, pero es alto para todos”, advierte el reciente estudio “Entre esperanzas y miedos”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ante el clima de violencia, el gubernamental Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), ha expresado “su más profunda preocupación” porque entre las víctimas figuran niños desde ocho meses que han resultado heridos de bala o fallecido a consecuencia de ataques armados, o en fuego cruzado entre grupos delincuenciales.
Los jóvenes, según el estudio del PNUD, “sortean el día a día en medio de los desafíos de su edad, del miedo causado por un entorno violento y de la desconfianza de una sociedad que los estigmatiza como peligrosos”.
Acoso en escuelas
En muchas escuelas, las pandillas afectan el normal desarrollo de las actividades, amenazan a los maestros e incluso deciden con qué calificaciones aprobarán miembros de esos grupos el año escolar.
“La deserción escolar es grande, esto se debe a la amenaza de grupos pandilleros”, declaró a AFP el secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Rural, Urbana, y Urbano-Marginal de El Salvador (Simeduco), Francisco Zelada.
La deserción escolar por diferentes circunstancias, incluida la violencia, ha ido en aumento. Según estadísticas oficiales, en 2012 un total de 76.398 estudiantes salieron de la escuela, en 2013 la cifra creció a 90.252 y para 2014 alcanzó 91.711.
“Todo el territorio nacional está infectado por está pandemia pandillera”, explica Zelada.
En 2015, la matricula -desde preescolar hasta educación media- ascendió a 1.510.906 estudiantes, pero las autoridades todavía no tienen una proyección de la deserción del año escolar que concluye en noviembre.
“El problema es serio. Por ejemplo, estudiantes de una zona no pueden ir a estudiar a otra escuela que está ubicada en otra zona donde domina la pandilla contraria porque son amenazados de muerte y, en el mejor de los casos, obligados a dejar la escuela”, resume el dirigente del sindicato de maestros.
Desde 2005, según Aguilar, las pandillas comenzaron a “incrementar” el reclutamiento de niños en las escuelas para reponer bajas en sus miembros.
Más allá del problema que afrontan los jóvenes, Aguilar advierte que si el país cierra el año con más de 6.000 homicidios (hasta agosto se registraba 4.323), tendría un promedio de 96 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo para un país sin guerra.

Directora de El Mundo presenta recurso de amparo contra Mauricio Herrera por violación a los Derechos Humanos


San José, 29 set (elmundo.cr) – La directora del diario digital El Mundo, Yamileth Angulo Rosales, presentó esta mañana un recurso de amparo contra el Ministro de Comunicación Mauricio Herrera Ulloa, por supuestas violaciones a los Derechos Humanos.
Según el recurso presentado, Herrera Ulloa habría incurrido en violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Costa Rica.
En días pasados han sido expuestas en medios de comunicación varias denuncias contra Herrera Ulloa en el sentido de que llama a periodistas de medios de comunicación para exigir modificación de contenido de notas de prensa que no responden a sus intereses ni a los de Casa Presidencial.
Según el recurso presentado “Mauricio Herrera argumenta en varios medios y en comentarios que el personal de Elmundo.cr no tiene formación periodística y que por lo tanto no se apegan a la verdad, ni tienen rigores éticos”.
Esto según el recurso presentado sería “una clara violación al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
“Claramente Mauricio Herrera persigue y molesta a personas “a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas”. Por otro lado en Elmundo.cr, trabajan 5 periodistas, una socióloga, una antropóloga, una relacionista pública, y varios estudiantes de diversas carreras. No es cierto que los que trabajan no tienen una formación profesional. Pero igual si esta formación no existiera querer molestar, intimidar o presionar por el trabajo realizado viola los Derechos Humanos”.
Angulo alega que al ministro Mauricio Herrera “se le ha indicado en reiteradas ocasiones que no llame a los periodistas o comunicadores de Elmundo.cr, que si tiene algún cuestionamiento por alguna información que lo haga por escrito, o por los canales legales establecidos en las Leyes de la República. El insistir con llamadas es un acoso y una intimidación”.
Para la directora de El Mundo “Mauricio Herrera es Ministro de Comunicación, al llamar a un medio lo está haciendo desde la investidura de su cargo, eso no se puede ignorar, no es lo mismo una conversación entre colegas, que una llamada de un ministro en tono amenazante para modificar un contenido de una información periodística. Hay una evidente relación de poder, que ejerce un funcionario público de alto rango sobre un comunicador de un medio de prensa”.
Angulo Rosales agrega que “en la última llamada realizada al comunicador y estudiante, Luis Madrigal, el ministro lo trata con el adjetivo de “muchachito” en un evidente intento de amedrentarlo por la edad y además que el tono de la llamada fue a gritos de parte de Herrera”.
La afectada expone que “esto no es nuevo en Casa Presidencial, antes de llegar Herrera al puesto, el encargado de Prensa de Casa Presidencial, Boris Ramírez, “invitó a un café” a la directora en ese momento Rocío Álvarez. El hecho concluyó en una emboscada en la que participó el director jurídico de Casa Presidencial, reclamando y amenazando por tuit realizados por Álvarez desde su cuenta personal”.
Según declaró Angulo lo que se busca con este recurso es ir agotando las vías internas y de no recibir auxilio a su petición, se presentarían reclamos en las instancias internacionales necesarias.

UNAS PALABRAS SOBRE LA LUCHA DE CLASES. Humberto Vargas Carbonell


Hace unos pocos días publiqué un pequeño artículo con el título LOS RICOS LE HAN DECLARADO LA GUERRA A LOS TRABAJADORES.
No pocos lo leyeron con interés y lo agradezco. Otros lo utilizaron para atacarme y en alguno caso insultarme. Los insultos me tienen sin cuidado ya que la vida me ha enseñado que los que insultan reconocen su incapacidad para razonar. Así que esas palabras se las llevará el viento a no sé a qué basurero; habrá de existir uno para guardar las sinrazones.
A los otros, a los que piensan que no tengo razón, con el debido respeto, les doy aclaraciones, obviamente con la brevedad imprescindible en este medio.
La violencia social nunca se ha dado por iniciativa de los de abajo, siempre ha sido impuesta desde arriba. La respuesta de los explotados y oprimidos es una expresión de autodefensa.
Resulta que  las clases dominantes, bajo cualquier régimen, no pueden prescindir de la explotación y de la opresión contra otros sectores de la sociedad. Esa es la razón incondicional de su existencia. El capitalista no podría existir sin explotar a los trabajadores y, por esa misma razón, no puede prescindir de las más diversas formas de opresión. Los explotados y los oprimidos son seres humanos conscientes que forman parte de una sociedad determinada. La situación de explotación y opresión los enfrenta a los explotadores y opresores, por muchas razones, pero principalmente por la injusta distribución de la nueva riqueza que nace del proceso del trabajo. El trabajo produce riqueza pero el productor recibe apenas una parte, el salario. El salario normalmente es  absolutamente injusto; la parte mayor se la apropia el explotador, esta es la plusvalía.  Este fenómeno es el principal generador de la lucha de clases. Este es el escenario de la injusticia que se expresa en la diferenciación social.  
Los capitalistas no explotan solamente a los obreros, también a otros sectores de la sociedad, a los pobres en general, a los campesinos, a los pequeños empresarios y a los intelectuales asalariados.
La lucha de clases es un fenómeno histórico natural y no una creación artificiosa de nadie; aunque ha habido innumerables intentos, no han logrado demostrar lo contrario.
Marx y Engels, en las primeras líneas del Manifiesto Comunista, afirmaron que“Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de las luchas de clases”. Esta afirmación es uno de los pilares fundamentales de la comprensión científica de los fenómenos sociales.
La lucha de clases y la violencia implicada son fenómenos que tienen una evolución esencial de la cual se desprenden fenómenos sociales diversos. A veces extraordinariamente originales.
En el mismo Manifiesto Comunista agregan: “Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, veladas una veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna…”
Como lo señalan Marx y Engels en determinados momentos de la historia la lucha de clases puede ser velada, pero siempre está presente.
También la historia de Nuestra América es la historia de diversas manifestaciones del enfrentamiento de la clase de los oprimidos frente a los opresores. No es posible en este “medio” ahondar en los enfrentamientos de clase en todos los países. Por eso invito a los lectores a examinar las grandes luchas de los pueblos ahogadas por la criminalidad de las dictaduras al servicio de las clases dominantes. También las mentiras y las agresiones contra los procesos de transformación social.
Me parece que sería fructífero un debate sobre la situación particular de la  lucha de clases en nuestro país. Este examen si es detallado y serio confirmará lo dicho por Marx y Engels.
La lucha de clases desborda las fronteras nacionales cada vez con mayor violencia. Las guerras contra los pueblos, los bloqueos, las sanciones, etc. Son buenos ejemplos de la internacionalización de la lucha de clases. Por eso los propietarios de los grandes oligopolios sueñan con un “gobierno mundial”, cuyos dirigentes se reúnen todos los años en el “grupo de Bilderbeg”.
Las clases dominantes tienen vedado el ejercicio del derecho constitucional a la organización sindical para la mayoría de los trabajadores en las empresas privadas. Hacen un enorme esfuerzo para “privatizar” también la libertad espiritual de los trabajadores, atentas todos los días contra el derecho a decidir sobre cuestiones elementales de la vida privada de las personas.
El capitalismo es esencialmente un modo de producción violento. No reconoce el valor de la justicia social porque eso significaría renunciar a su esencia explotadora.
Escandalizan sobre las remuneraciones de los empleados públicos, pero se niegan a hacer públicas las “declaraciones de la renta” que, estamos seguros, pondrían en evidencia la elusión de los impuestos y a los verdaderos responsables de la “crisis fiscal”. Esto es solo un ejemplo.
El intercambio sobre este tema podría ayudar que muchos trabajadores lograran descubrir su propia realidad y ser conscientes de su propia situación en la sociedad y descubrir la profundidad del abismo que lo separa de un burguesía vendida y parasitaria.

“¡LIQUIDEN A LOS SINDICATOS!” Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“¡LIQUIDEN A LOS SINDICATOS!”



Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)


Por más que lo intenten, aunque empleen las armas más innobles, las mentiras más espernibles, los argumentos más infames y acudan a las más bajas ruindades, incluyendo amenazas de exterminio físico directo, no acabarán con los sindicatos.

Se ha dicho muchas veces pero debe reiterarse muchas más: Una Democracia que se precie de serlo, debe contemplar a los sindicatos; y sin éstos, no hay Democracia.

Quienes hoy, como asalariados amanuenses (bien pagados, por cierto), escupen estiércol retórico de precaria argumentación contra los sindicatos, van mostrando la profundidad de su convicción totalitaria y totalitarista ajena a la más mínima ética y honestidad democrática. Sin embargo, en sus escritos no habían llegado tan lejos.

¡Preparémonos!: Han lanzado ya su “grito de guerra”, descarándose completamente: “los sindicatos son más que un estorbo”, a página completa, gratuitamente y no en campo pagado; como si nos quisieran indicar que a partir de ahora, la línea oficial del capital neoliberal de signo extremista, es la “liquidación” (¿física?) de los sindicatos y de los y de las sindicalistas.

¿Quién iba a pensar que a los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial; que a los 70 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas; que a los 70 años del descubrimiento de los horrores del Holocausto, Adolfo Hitler tendría un “émulo” en Costa Rica?

En su momento, en la Alemania nazi, Hitler dictaminó y sentenció más o menos parecido: “los sindicatos son más que un estorbo”… ¡y luego los exterminó! Entiéndase: mató a miles y miles de sindicalistas.

No vayamos muy atrás. En los años 70’s, en nuestra amada América Latina (concretamente en las hermanas naciones de Argentina, Chile y Uruguay), las mentes militares de corte totalitario y totalitarista también sentenciaron: “los sindicatos son más que un estorbo”… y entonces, hubo miles de muertos, de desaparecidos, de exiliados… ¡Dolor sobre dolor y más dolor!

El amanuense terrorista que escribió recientemente que “los sindicatos son más que un estorbo”, es dueño de una mente de pensamiento tan profundamente totalitario que “olvidó” el contenido del artículo 60 de la máxima ley de Costa Rica: la Constitución Política:

“Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

La ruta humana hacia la senectud no siempre presupone alcanzar el Olimpo de la sabiduría, de la tolerancia y de la paz espiritual interna. Ejemplos sobran como éste, el del oráculo del totalitarismo tico que ha sentenciado en tierra costarricense que “los sindicatos son más que un estorbo”; contando para ello con la venia extraoficial, así lo interpretamos, del latifundio mediático que le abrió sus puertas de par en par para su… ¿proclama guerrerista de promoción de la confrontación civil entre costarricenses?

Un colega de lucha social por estos días sufrió un linchamiento mediático inmisericorde, pues tuvo la “osadía” de emitir un comentario que se interpretó como una “amenaza a la prensa”, en el marco de la polarización “in crescendo” que estamos presenciando en nuestra sociedad.

Sin embargo, seguros estamos de que nadie en esa prensa que se sintió“amenazada” se cortará la venas, ni habrá moción de censura alguna, cuando a un“terrorista de la palabra” se le da un escenario mediático “de lujo” para que llame a la liquidación (“¿física?”), de una parte esencial de la democracia: los sindicatos.

La consigna “muerte a los sindicatos” nos recuerda el inmoral pero tristemente profético poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque no yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.




“Lloren y laméntense, ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan (…).
El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos
está clamando contra ustedes; sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos”.
(Carta del apóstol Santiago. 5, 1-6)

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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS
ANEP - integrante de PATRIA JUSTA:
colectivo sindical latinoamericanista
COSTA RICA