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jueves, 22 de noviembre de 2012

En defensa de la legítima representatividad

Alajuela, 21 de noviembre del 2012

Señor

Fabio Molina

Jefe de Fracción del PLN

Asamblea Legislativa

Señor diputado:

Diversas organizaciones sociales de Alajuela, ante los hechos tan deplorables y antidemocráticos acontecidos en la Asamblea Legislativa el pasado 15 de noviembre, en los que usted, diputado Fabio Molina del PLN, promovió y lideró un movimiento para votar negativamente la reelección del Magistrado Fernando Cruz, manifestamos nuestra total desaprobación de lo actuado y dicho por usted en la Asamblea Legislativa. La forma en que actuaron los diputados ese día es una amenaza clara a la independencia judicial y a la misma democracia.

La actitud y el accionar de usted, diputado Molina, fue un acto de soberbia e irracionalidad política por motivos inconfesables, fue un acto de violación del derecho humano a la independencia judicial. Usted no tiene la estatura de digno representante del pueblo de Juan Santamaría, su actuación no solo no respeta la imprescindible independencia de poderes, sino que despoja al país de uno de los poquitos magistrados independientes, estudiosos, éticos que sobrevive a la reinante mediocridad.

Si en nuestra maltrecha y limitada democracia existiese la revocabilidad del mandato de representación, no solo debería quedar fuera usted, diputado Molina, sino que habría que haber disuelto el Parlamento para salvar a la Patria.

Los alajuelenses reprochamos toda esta bochornosa actuación, por lo que exigimos su renuncia como representante del pueblo alajuelense ante esta Asamblea Legislativa.

Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría

C: prensa legislativa

Boletin SEC Diputados mancillan nuestra democracia y amenazan la independencia judicial

La decisión tomada por 38 diputados, el jueves 15 de noviembre 2012, al votar en contra de la reelección del Magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, sienta un antecedente muy peligroso para la historia de Costa Rica, ya que constituye una clara intromisión de la Asamblea Legislativa en la independencia del Poder Judicial, cimiento de nuestro sistema democrático.

La osadía demostrada por el diputado Fabio Molina, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, en cuyas manifestaciones carecen de razonamiento y de peso por el fondo, se mofa de que esta es una "llamada de atención" dirigida a la Sala Constitucional "por haberse excedido en sus competencias". ¿Acaso no sabe este legislador que nuestro sistema democrático se rige por la división de poderes, con distribución de funciones del Estado? Igual de grave es su manifestación de que esta decisión pretende reivindicar a la Asamblea Legislativa, cuándo más bien, deslegitima a los diputados, y provoca el malestar en la totalidad del Poder Judicial, y del pueblo en general.

No queda lugar a dudas que al Magistrado Cruz, hombre valiente e intachable, le pasaron la factura por no pensar igual que el Gobierno y los grupos de poder, por haber votado en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o contra la minería a cielo abierto en Crucitas. ¿Acaso pretende el Gobierno seguir validando sus acciones, mediante un Poder Judicial conformado por magistrados complacientes que legitimen sus políticas antipopulares e ilegales?

El Poder Judicial es la instancia donde acuden los ciudadanos a reclamar los derechos constitucionales que el modelo neoliberal le niega y atropella. Tal como lo dijo la Magistrada Ana Virginia Calzada “el ámbito de la administración de justicia es la última frontera donde se define la vigencia de los derechos humanos y de la democracia, pues será ante la justicia, donde se juzgue si las actuaciones del poder público son acordes con el principio democrático y la protección de los derechos de las personas”.

Igual atención merecen las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Luis Paulino Mora, quién exigió a diputados y a la Presidenta la República rectificar este error. Nada resume mejor este hecho que lo vivido por el Magistrado Gilberth Armijo, quien dijo que “por primera vez sentí vergüenza ajena por mi país” Él se encontraba reunido con juristas latinoamericanos, que señalaron la similitud de este hecho, con los ocurridos en las dictaduras en Perú, Paraguay, y otras naciones.

Son días oscuros los que hemos vivido en este mes de noviembre. Se aprobó la reforma a la Ley Mordaza, y la policía garroteó y reprimió al pueblo cuando este defendía su derecho a una mejor atención en salud. Los partidos políticos no deben intervenir en las decisiones de ningún Poder de la República, mucho menos mediante el revanchismo político y la persecución de aquellos integrantes independientes e incorruptibles. Confiamos en que esta crisis sea resuelta por personas con más sensatez y legítimo sentido de justicia.

Costarricenses: adelante, no dejemos en el olvido estos actos antijurídicos quebranten los sagrados principios de una justicia democrática e independiente, salgamos a defender nuestro país de sus enemigos.

WebRep

Comisión Nacional de Enlace Comunicado Político N° 35 Posición sobre la contradicción entre los poderes legislativo y judicial a raíz de la expulsión del magistrado Fernando Cruz

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado Político N° 35

Posición sobre la contradicción entre los poderes legislativo y judicial a raíz de la expulsión del magistrado Fernando Cruz

La Comisión Nacional de Enlace mira con mucha preocupación y llama la atención sobre lo que está ocurriendo en relación con el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, caso del magistrado Fernando Cruz. Nos llama de manera particular las reacciones que se han suscitado por parte de personas y organizaciones sociales sobre este sonado caso que pareciera como ya se está haciendo costumbre desvían la atención del movimiento popular en cuanto al enfrentamiento contra la ofensiva neoliberal.

Empecemos por la reacción del fiscal general Jorge Chavarría. Afirmó el fiscal general que a raíz de lo sucedido con el magistrado Cruz se había producido un “golpe de Estado técnico” en Costa Rica (véase http://www.nacion.com/2012-11-20/ElPais/la-jornada-de-negro-y-el--golpe--de-estado--tecnico--del-fiscal-general.aspx)

Ante esa apreciación tan categórica nos preguntamos dónde estaba Jorge Chavarría cuando la Sala IV aprobó en forma ilegal la reelección presidencial en abril de 2003 al reformar el artículo 132 que prohibía la reelección presidencial. Hecho que fue calificado incluso por el expresidente Luis Alberto Monge como un golpe de Estado sigiloso y corrupto. (véase La violencia engendra violencia,http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/mayo/03/opinion2.html)

Permitida la reelección presidencial, que le permitió un segundo e ilegal mandato a Oscar Arias Sánchez, el resto venía por añadidura, es decir, los sectores dominantes irían sobre la vía de controlar, ya totalmente, toda la “institucionalidad democrática” y entre esa institucionalidad se encuentra el Poder Judicial, en este caso la Sala IV, la que entre otras cosas dictaminó a favor del TLC con Estados Unidos a pesar de sendos informes de las universidades públicas contrarios a la constitucionalidad del TLC, consolidando el modelo neoliberal en Costa Rica y comprometiendo seriamente instituciones como el ICE y el INS, hoy convertidos en aparatos incompatibles con el modelo impuesto (al igual que la CCSS). Igual de incompatible resulta para el modelo impuesto el magistrado Fernando Cruz, víctima de una “vendetta” y de un ajuste de cuentas por parte de las fracciones legislativas neoliberales Arista/Liberacionista y Calderonista/Libertaria.

Hablan de ingobernabilidad y de llamados de atención a la Sala Constitucional. Vaya discurso pueril. ¿Cuál ingobernabilidad? El país está perfectamente gobernado por una “dictadura de clase” que impusoel modelo neoliberal ejerciendo un control absoluto de la institucionalidad judicial, legislativa y ejecutiva, la cuál es en su conjunto un instrumento al servicio de dicha “dictadura de clase”.

Por eso consideramos que las organizaciones sindicales, el movimiento popular y algunos partidos políticos deben tener mucho cuidado a la hora de hacer los llamados a defender la “institucionalidad democrática” tomando como referencia la restitución del magistrado Fernando Cruz porque las instituciones, en este caso el Poder Judicial, Sala IV, tienen mucho que ver en el estado cosas actuales y las manifestaciones a favor de la reinstalación del magistrado Cruz pueden ser fácilmente utilizadas con el fin de presentar instancias como la Sala IV como centros de pureza constitucional.

Aunque no compartimos algunos de los criterios expresados por el expresidente Luis Alberto Monge en su comunicado titulado “Costa Rica en la cruz, la Patria está en peligro” (Ver,http://www.crhoy.com/opinion-costa-rica-en-la-cruz/?fb_comment_id=fbc_561893310494330_89339927_561916443825350#f2bf0e88cfb32ba),en el mismo el expresidente expresa un criterio con el cual coincidimos: “La ciudadanía está indignada porque los frutos del crecimiento económico se distribuyen con inequidad creciente. Más de un millón de costarricenses se levantan con el sol y se acuestan con el hambre”.

Esta es la realidad producto del modelo económico neoliberal que hay que transformar, la tarea del momento del movimiento popular esdotarse de objetivos y programa político propio con la finalidad defisurar la “dictadura de clase” y desmontar el modelo económico neoliberal.

Si bien reconocemos extensas virtudes en el magistrado Fernando Cruz, el movimiento popular debe sopesar los temas de fondo y no debe dejarse arrastrar en caliente, por el espontaneísmo y el oportunismo, al contrario debe aprovechar todas las circunstancias para profundizar las contradicciones entre los mismos poderes (Legislativo, Judicial, Sala IV) que por medio de leyes y decisiones han contribuido al desmantelamiento del Estado y han hecho avanzar el modelo neoliberal en nuestro país.

Comisión Nacional de Enlace

20 noviembre 2012