Comisión Nacional de Enlace
Comunicado Político N° 35
Posición sobre la contradicción entre los poderes legislativo y judicial a raíz de la expulsión del magistrado Fernando Cruz
La Comisión Nacional de Enlace mira con mucha preocupación y llama la atención sobre lo que está ocurriendo en relación con el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, caso del magistrado Fernando Cruz. Nos llama de manera particular las reacciones que se han suscitado por parte de personas y organizaciones sociales sobre este sonado caso que pareciera como ya se está haciendo costumbre desvían la atención del movimiento popular en cuanto al enfrentamiento contra la ofensiva neoliberal.
Empecemos por la reacción del fiscal general Jorge Chavarría. Afirmó el fiscal general que a raíz de lo sucedido con el magistrado Cruz se había producido un “golpe de Estado técnico” en Costa Rica (véase http://www.nacion.com/2012-11- 20/ElPais/la-jornada-de-negro- y-el--golpe--de-estado-- tecnico--del-fiscal-general. aspx)
Ante esa apreciación tan categórica nos preguntamos dónde estaba Jorge Chavarría cuando la Sala IV aprobó en forma ilegal la reelección presidencial en abril de 2003 al reformar el artículo 132 que prohibía la reelección presidencial. Hecho que fue calificado incluso por el expresidente Luis Alberto Monge como un golpe de Estado sigiloso y corrupto. (véase La violencia engendra violencia,http://wvw.nacion.com/ln_ee/ 2005/mayo/03/opinion2.html)
Permitida la reelección presidencial, que le permitió un segundo e ilegal mandato a Oscar Arias Sánchez, el resto venía por añadidura, es decir, los sectores dominantes irían sobre la vía de controlar, ya totalmente, toda la “institucionalidad democrática” y entre esa institucionalidad se encuentra el Poder Judicial, en este caso la Sala IV, la que entre otras cosas dictaminó a favor del TLC con Estados Unidos a pesar de sendos informes de las universidades públicas contrarios a la constitucionalidad del TLC, consolidando el modelo neoliberal en Costa Rica y comprometiendo seriamente instituciones como el ICE y el INS, hoy convertidos en aparatos incompatibles con el modelo impuesto (al igual que la CCSS). Igual de incompatible resulta para el modelo impuesto el magistrado Fernando Cruz, víctima de una “vendetta” y de un ajuste de cuentas por parte de las fracciones legislativas neoliberales Arista/Liberacionista y Calderonista/Libertaria.
Hablan de ingobernabilidad y de llamados de atención a la Sala Constitucional. Vaya discurso pueril. ¿Cuál ingobernabilidad? El país está perfectamente gobernado por una “dictadura de clase” que impusoel modelo neoliberal ejerciendo un control absoluto de la institucionalidad judicial, legislativa y ejecutiva, la cuál es en su conjunto un instrumento al servicio de dicha “dictadura de clase”.
Por eso consideramos que las organizaciones sindicales, el movimiento popular y algunos partidos políticos deben tener mucho cuidado a la hora de hacer los llamados a defender la “institucionalidad democrática” tomando como referencia la restitución del magistrado Fernando Cruz porque las instituciones, en este caso el Poder Judicial, Sala IV, tienen mucho que ver en el estado cosas actuales y las manifestaciones a favor de la reinstalación del magistrado Cruz pueden ser fácilmente utilizadas con el fin de presentar instancias como la Sala IV como centros de pureza constitucional.
Aunque no compartimos algunos de los criterios expresados por el expresidente Luis Alberto Monge en su comunicado titulado “Costa Rica en la cruz, la Patria está en peligro” (Ver,http://www.crhoy.com/opinion- costa-rica-en-la-cruz/?fb_ comment_id=fbc_ 561893310494330_89339927_ 561916443825350# f2bf0e88cfb32ba),en el mismo el expresidente expresa un criterio con el cual coincidimos: “La ciudadanía está indignada porque los frutos del crecimiento económico se distribuyen con inequidad creciente. Más de un millón de costarricenses se levantan con el sol y se acuestan con el hambre”.
Esta es la realidad producto del modelo económico neoliberal que hay que transformar, la tarea del momento del movimiento popular esdotarse de objetivos y programa político propio con la finalidad defisurar la “dictadura de clase” y desmontar el modelo económico neoliberal.
Si bien reconocemos extensas virtudes en el magistrado Fernando Cruz, el movimiento popular debe sopesar los temas de fondo y no debe dejarse arrastrar en caliente, por el espontaneísmo y el oportunismo, al contrario debe aprovechar todas las circunstancias para profundizar las contradicciones entre los mismos poderes (Legislativo, Judicial, Sala IV) que por medio de leyes y decisiones han contribuido al desmantelamiento del Estado y han hecho avanzar el modelo neoliberal en nuestro país.
Comisión Nacional de Enlace
20 noviembre 2012
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