El 3 de octubre de este año, el Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez envió una carta a Paul Gallie, representante de la Empresa APM Terminals, solicitando la modificación de dos cláusulas del contrato de concesión de los muelles de Moín y Limón.
Esto pese a que el presidente de la República Luis Guillermo Solís ha dicho en reiteradas ocasiones que el contrato no se puede modificar.
“Cuando se rompen las negociaciones y se actúa fuera de la ley, el Gobierno tiene que actuar en consecuencia. (…) Los contratos han sido aprobados por los Tribunales de Justicia, se ha dicho desde esas instancias judiciales que no hay impedimento para que este contrato se lleve a cabo”, afirmó el Mandatario en días anteriores.
Pero en la nota de oficio DM-716-2014, el Ministro Jiménez solicita a la empresa holandesa indicar -por escrito- si existe la posibilidad de modificar la cláusula 11.8 inciso 8, del contrato, así como el párrafo primero de la cláusula 11.14.3 del contrato.
En la primera modificación, se solicita indicar que el aporte de APM Terminal para el desarrollo de Limón será del 5% de los ingresos brutos, y en la segunda, se establece que el concesionario pagará un aporte para el desarrollo de la Junta Administrativa de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que será de un 2,5% de los ingresos mensuales.
“Consideramos oportuno solicitar lo anterior, en virtud de crear mejores oportunidades para los habitantes de Limón y una mejora en la actividad de Japdeva, repartiendo de manera efectiva los aportes establecidos en dicha cláusula”, indica.
Eso sí, en la nota no se menciona la cláusula 9.1, que es en la que las autoridades y el sindicato no logran ponerse de acuerdo, pues concesiona la mayoría de la administración de la Terminal de Contenedores de Moín a la compañía, dejando a Japdeva un pequeño porcentaje.
Sin embargo, Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial afirma que la cláusula si se consideró para negociación y que, en total, fueron cuatro puntos los que se sometieron a análisis de los representantes de la empresa y de estos, solo la modificación del punto 9.1 no fue aceptado por la compañía.
“Por ser un acuerdo bilateral, no puede ser modificado sin el visto bueno de las dos partes y APM Terminals no aceptó modificar esa parte. Nosotros podríamos hacerlo unilateralmente, pero estaríamos irrespetando el contrato y nos someteríamos a una demanda de parte de la empresa”, afirmó Carvajal.
La huelga en los muelles limonenses inició la semana anterior. Archivo CRH
El funcionario agregó que lo único que lograron de APM era que aceptara una interpretación de la cláusula, donde se dejara claro que el transbordo está fuera del contrato, con excepción de un 10% que puede ser manejado por APM.
Además, se sacaron los temas ambientales de la mesa de debate, dejando toda la responsabilidad de este tema a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que estudia en este momento una apelación a los permisos presentada por los grupos ambientalistas.
Por otra parte, en las cláusulas que si se negociaron con APM plantean que APM dirigirá un 5% de los ingresos a la modernización de Limón, mientras que un 2,5% de los ingresos mensuales será para Japdeva.
“Sintrajap (sindicato) Y Japdeva abogaban por dotar de fondos a Japdeva para la prestación de servicios portuarios de mejor calidad. Se negoció con la empresa y esta accedió a modificar el contrato en ese aspecto, para que el 2,5% adicional fuera empleado por Japdeva para gastos de capital (inversión) en la modernización de sus instalaciones y mejoramiento de sus servicios”, comentó Carvajal.
Municipios se oponen
Esto no satisface a los alcaldes de las municipalidades de la zona, pues afirman que no se determina como se utilizará ese 5% que se destinará a la provincia y temen que se quede en Japdeva.
“La Ley constitutiva de Japdeva crea una obligación de la Junta hacia la participación de Japdeva en el desarrollo de los cantones y si ahora, esta característica que se está presentando no da una seguridad de esos recursos a los municipios, ellos se van a pronunciar”, informó el alcalde de Talamanca, Melvin Cordero, alcalde de Talamanca.
Sin embargo, Carvajal señaló que esos fondos no podrán ser utilizados por Japdeva en gastos corrientes.
“Según se negoció, de los fondos producto del canon, el 5% debe ser empleado para el desarrollo socioeconómico de la vertiente Caribe. El 2,5% restante, para el fortalecimiento y modernización de Japdeva, a través de la adquisición de bienes de capital, es decir, para inversión. Dichos fondos no pueden ser empleados para pago de gastos corrientes (como salarios o pluses, por ejemplo), sino únicamente para la compra de equipos, maquinaria o terrenos necesarios para que Japdeva opera en forma eficiente y pueda insertarse adecuadamente en el mercado de servicios portuarios”, finalizó el funcionario.
