La Contraloría General de la República (CGR) tiene una investigación abierta contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco de Costa Rica (BCR) por ignorar la orden del ente fiscalizador del 2012 de someter a refrendo el contrato de fideicomiso Range (Red de Acceso de Nueva Generación), entre otras cosas.
La iniciativa fue adjudicada a la empresa GIP, que fue fundada por la ahora directora jurídica del ICE Julieta Bejarano en el 2005. En el 2010 Bejarano renuncia a la compañía y poco tiempo después es nombrada en la entidad estatal.
El proyecto servirá para instalar conexiones en fibra óptica de tecnología GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) y conexiones basadas en soluciones mixtas, que involucran el uso de fibra óptica para un segmento de la conexión y cableado de cobre para otro segmento de la misma, que podrán brindar conexiones de banda ancha en diferentes zonas del país. Tiene un costo total de 30 mil millones de colones y a la empresa GIP se le han desembolsado cerca de 250 mil dólares.
En marzo del 2012, el Consejo directivo del ICE avaló la decisión – que se había tomado en el 2011 – de crear el contrato de fideicomiso con el BCR para el proyecto, gracias a un criterio dado en febrero por la dirección jurídica, representada por Julieta Cambronero, donde se alegaba que el contrato no requería refrendo de la Contraloría. El contrato se firmó en abril de ese año.
En mayo del 2012, el gerente general del ICE Alejandro Soto pidió criterio a la Contraloría sobre lo actuado. La respuesta del ente fue que efectivamente el contrato requería del refrendo, tal y como lo establece la Ley de Contratación Administrativa.
En agosto, Soto pidió a la Contraloría reconsiderar el criterio, pero la Contraloría lo rechazó y la respuesta del ICE fue una medida cautelar en el Tribunal Contencioso administrativo contra la CGR, que también fue rechazada por los Tribunales, obligando a la entidad a presentar el refrendo.
Con previo aviso
El ICE tenía conocimiento de la exigencia de la Contraloría de refrendar el proyecto desde el 22 de junio del 2012 y, aun así, continuó con el proceso nombrando una unidad ejecutora para que se encargara del mismo.
En junio del 2013 la Contraloría se da por enterada que el proyecto continuó sin refrendo, pese al criterio emitido el año anterior, gracias a una apelación presentada por la empresa Lucent Technologies.
El contrato establecía que la empresa GIP contrataría a otra compañía para encargarse de la ejecución de las obras. Participaron seis empresas y el proyecto se le adjudicó a Huawei Technologies. Lucent Technologies, otra de las firmas concursantes, apeló ante la Contraloría, situación que puso sobre aviso a la institución.
En un criterio de agosto del 2013, sobre la apelación de Lucent, La Contraloría determinó que el concurso entre las empresas era totalmente nulo y se reafirmó la necesidad de que se sometiera el proyecto a refrendo.
Refrendo se inició de oficio y por orden de los tribunales
Pese a la insistencia del ICE para que el proyecto no se refrendara, el 23 de setiembre del 2013, mediante la resolución número 1996-2013 del 23 de setiembre de 2013 el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió rechazar la solicitud de medida cautelar planteada por la entidad.
Posteriormente, como resultado del juicio contencioso que inició el ICE, se emitió la resolución número 1553-2013 del 4 de noviembre de 2013, donde el Tribunal Contencioso Administrativo homologó el acuerdo de conciliación preparado por el ICE y la Contraloría General, donde se reconoció la validez de lo actuado por la Contraloría y la obligación del ICE de enviar el contrato en cuestión para refrendo, cuyo trámite se dio de oficio.
Ese criterio pospuso el proyecto hasta febrero de este año, cuando la Contraloríarefrendó el contrato y tres adendas pendientes, pero mantiene la investigación abierta sobre el proyecto.
Denuncias ante la Procuraduría de la Ética
El diputado Jorge Arguedas, exsindicalista del ICE, denunciará ante la Procuraduría de la Ética Pública a diez exfuncionarios y actuales funcionarios del ICE, entre ellos Julieta Bejarano, el actual jerarca Carlos Obregón, el expresidente de la entidad Teófilo de la Torre y a Alejandro Soto, exgerente general, todos relacionados con el proceso que llevó el Fideicomiso.
El diputado plantea en la denuncia que la empresa GIP (adjudicada para el proyecto) fue creada por miembros del ICE, entre ellos Bejarano en el 2005 cuando cesó funciones en el ICE y que la funcionaria renunció a la empresa en el 2010, cuando fue recontratada por la compañía estatal.
Agrega que podría existir una violación a la ética pública, que pone en riesgo la efectiva ejecución de los fondos públicos.
“Nos apersonamos para hacer de su conocimiento la conducta impropia y que pone en riesgo la sana custodia y administración de Fondos Públicos, por parte del Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Ing. Carlos Obregón Quesada; el exSubgerente de Telecomunicaciones de esa misma entidad, Claudio Bermúdez Aquart, así como los miembros de la Junta Directiva de la institución quienes estuvieron en todo este proceso anómalo de ejecución ilegal del fideicomiso”, dicta la nota.
ICE defiende proyecto
Se le consultó a la entidad sobre la investigación y el proceso del proyecto, pero solo respondieron por lo segundo.
El director de comunicación del ICE Elberth Durán explicó, mediante un correo electrónico que el Proyecto es promovido por el ICE para el desarrollo de una red de Ultra Banda Ancha se encuentra en marcha y en plena ejecución. “A finales del mes de julio se publicó el concurso para la contratación de la Unidad Administradora del Proyecto de Fideicomiso, al concurso se presentaron a participar 5 ofertas y a la fecha el Fiduciario está en proceso de selección de la Unidad Ejecutora”, comentó el funcionario.
El pasado 5 de setiembre se recibieron tres ofertas para el desarrollo de la Red de Acceso de Nueva Generación para el ICE, fueron presentadas por los oferentes Huawei, ZTE Corporation, y DESCA-LUCENT. Actualmente, las ofertas presentadas se están analizando desde el punto de vista legal, técnico y financiero. Se estima que la contratación quedará adjudicada en el presente año.
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