Luchadoras y luchadores sociales defensores de los derechos humanos frente a la violencia sistemática del Estado costarricense.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) como organización rectora en la lucha por los derechos humanos en Costa Rica, ratifica su denuncia a la violencia sistemática que se ha venido desencadenando contra las y los luchadores populares.
El pueblo costarricense confronta la arremetida despiadada de la clase empresarial y del capital extranjero, ejerciendo su derecho a demandar en las calles los derechos fundamentales.
Las jurisdicciones Estatales en manos de la oligarquía y a través de gobiernos de turno, implementan políticas favorables a los intereses de los tagarotes nacionales y las corporaciones transnacionales, con las consiguientes secuelas antipopulares que aumentan la desigualdad social, fracturan los modelos de bienestar, los patrones productivos tradicionales, la soberanía y la identidad cultural, especialmente suprimen el derecho a una vida digna a las clases sociales humildes, del campo y la ciudad, y a los pueblos indígenas.
La violencia estructural agudizada por un Estado pragmático que pone por encima de los derechos universales los negocios, la plusvalía y la acumulación del capital estrecha las oportunidades a las amplias mayorías y cierra espacios a los sectores populares y a sus propuestas alternativas o de cambio social.
La estrategia de injusticia impuesta por los mercaderes criollos y las aristocracias neocoloniales, con su violencia consustancial, es portadora de profundos riesgos para los movimientos sociales que responden con iniciativas propias.
La movilización popular por derechos fundamentales arrebatados se intensifica tanto por la sucesión de acciones directas, como por el carácter y la forma de la respuesta popular.
El Estado no da soluciones viables por el contrario se despliega una batería de métodos de persecución y agresión al pueblo y una escalada de violencia draconiana que vulnera los derechos humanos.
A los movimientos populares, activistas y líderes sociales se les hostiga mediante técnicas de infiltración de organizaciones, con la penalización de la protesta social y la represión abierta con tácticas militares y fuerza desproporcionada contra la ciudadanía.
Existe un amplio expediente de agresiones a la ciudadanía costarricense, por parte de la fuerza pública y de grupos paramilitares privados. Dirigentes comunales, sindicales, ambientalistas, femeninas, campesinos, estudiantiles y de la clase trabajadora han sufrido la embestida de antimotines, los ataques con gases lacrimógenos y bala viva, se les ha criminalizado, encarcelado, penalizado, torturado y hasta asesinado.
Debemos recordar y hacer un poco de memoria, acerca de los hechos violentos por parte de la policía, en la marcha del 8N 2012, cuando cientos de ciudadanos decidieron participar en una manifestación pacífica por la defensa de una Institución emblemática, como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social. "35 detenidos, golpeados, y amenazados, dentro de los cuales se encuentran cinco compañeros y una compañera, quienes hasta el día de hoy enfrentan un proceso judicial, cuya AUDIENCIA PRELIMINAR, se realizará el 24 de junio próximo.
Fue evidente en esa ocasión, como en muchas más, que las fuerzas represivas del Estado, hizo abuso de la fuerza, contra la ciudadanía, que marchó pacíficamente.
El Estado costarricense es culpable tanto por omisión y complicidad como por su participación directa en la violación de los derechos humanos en el país. Así mismo se ha evadido la responsabilidad de garantizar los derechos y libertades colectivas e individuales, establecidos por la ley nacional e internacional.
Especialmente al considerar que los y las luchadoras sociales son defensores de los derechos humanos y están respaldados por convenciones y resoluciones internacionales, particularmente, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre este tema, la ACODEHU, hizo las denuncias del caso, y le ha venido dando seguimiento al fenómeno de la criminalización de la protesta social. Pero además otros organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investiga sistemáticamente el aumento de la represión en diferentes países de la región. Lo cual se traduce en hostigamiento, amenazas, detenciones y para el caso nuestro, la práctica de procesos judiciales, que conllevan al desgaste psicológico y físico de los luchadores sociales.
En el Segundo Informe, la CIDH, hace un señalamiento importante, en el que expresó su preocupación, por el hostigamiento y amenazas, contra agentes humanitarios, activistas sindicales, luchadores sociales, líderes indígenas y ambientalistas.
Con relación a la protesta social, la ACODEHU, concibe la misma como un DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, que permite la participación ciudadana en el ejercicio de la participación democrática.
La CIDH en un informe en 2012 ha constatado que persisten y se han intensificado obstáculos para el pleno ejercicio de los DD HH, que las autoridades estigmatizan y desprestigian la tarea de promoción y defensa los derechos humanos. Activistas sociales por los derechos básicos se encuentran en muchas latitudes indefensos (as).
“La Comisión ha notado una creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, reflejado en la iniciación de acciones penales sin fundamento, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección.
En el informe de 2006 la CIDH identificó los siguientes grupos de defensores y defensoras en situación de especial riesgo: a) líderes sindicales; b) líderes campesinos y comunitarios c) líderes indígenas y afrodescendientes; d) operadoras y operadores de justicia; y e) mujeres defensoras de derechos humanos. En este nuevo informe, la CIDH observa que grupos adicionales han sido objeto de frecuentes y graves ataques y hostigamientos: f) defensoras y defensores del derecho al medio ambiente sano, g) de los derechos de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexo (LGTBI); y h) de los trabajadores migratorios y sus familias”.
¿Quiénes son las personas que defienden los derechos humanos?
“La CIDH entiende que debe ser considerado defensor o defensora de derechos humanos “toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional”, tal como lo establece la Declaración sobre Defensores de la ONU.
La CIDH reitera que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho… el fin que motiva la labor que desempeñan incumbe a la sociedad en general, y busca el beneficio de ésta. Por tanto, cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.
El informe de 2012 de CIDH confirma obstrucciones a la lucha por los DDHH.
“Los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y otros actos de hostigamiento, la falta de investigación y la impunidad en que suelen quedar estos crímenes, los allanamientos a domicilios y sedes de sus organizaciones, así como la iniciación de procesos penales en su contra y la existencia de discursos estigmatizadores de parte de autoridades públicas, son algunos de los obstáculos a las actividades de defensa de los derechos humanos que el informe identifica. Una de las consecuencias más graves de los patrones identificados es el mensaje intimidatorio que se envía a la sociedad en su conjunto”.
Ese tipo de coerción contra los movimientos sociales se acelera donde hay confrontación con intereses económicos poderosos y empresas involucradas en proyectos de la industria extractiva.
“Las agresiones logran crear ambientes de hostilidad que conllevan un desgaste psicológico y físico y, a la vez, obligan a la persona amenazada a dedicar gran parte de sus esfuerzos a garantizar una mayor seguridad para el desarrollo de sus actividades. Muchas amenazas se prolongan por largos períodos de tiempo, condenando a las víctimas y sus familiares a una vida de incertidumbre y miedo”.
Las amenazas adquieren mayor intensidad cuando se participa activamente en procesos penales y en movilizaciones masivas alrededor de proyectos de ley que favorece al capital y afecta al pueblo y la soberanía.
“Las agresiones físicas están dirigidas en ocasiones a producir la muerte de la defensora o defensor, y en otras ocasiones a infligir dolor, temor, angustia y sentimiento de vulnerabilidad a una defensora o defensor o a miembros de su familia, quebrantando su resistencia física y moral. Otra forma de agresión persistente en la región consiste en los seguimientos a defensores y sus familiares, así como la vigilancia a las sedes de sus organizaciones, residencias o lugares de trabajo”… Defensoras y defensores de la región han continuado siendo víctimas de allanamientos a sus domicilios, registros, cateos así como de actividades de inteligencia arbitrarias o abusivas a través de la intercepción de comunicaciones privadas de sus organizaciones”.
Sobre la criminalización de las luchas sociales indica la CIDH: “La CIDH observa que uno de los más frecuentes obstáculos que enfrentan defensoras y defensores en la región es el inicio de acciones penales en su contra sin fundamento. Esta situación ocurre en forma cada vez más sistemática y reiterada. El fenómeno de la criminalización afecta a las y los defensores de manera individual y colectiva. En relación a la persona del defensor o defensora de derechos humanos, puede producir angustia, inseguridad, frustración e impotencia ante las autoridades estatales, la privación de su libertad, cargas económicas inesperadas, además de una consecuente afectación a su reputación y credibilidad… Asimismo, se ha presentado una creciente iniciación de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales para la reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente se desarrollarían en un marco de perturbación del orden público o atentarían contra la seguridad del Estado”.
En relación con la impunidad en las indagaciones para determinar violaciones de los derechos de las personas que defienden los derechos humanos la CIDH plantea: “La impunidad en los procesos relacionados con las denuncias que involucran la responsabilidad de agentes estatales y de particulares en contra de las defensoras, defensores y sus organizaciones, se mantiene como uno de los más serios y persistentes obstáculos a la actividad de defensa de los derechos… y ha observado que, en una gran parte de ellas, los sistemas de administración de justicia estatal no han logrado investigar los hechos, castigar a los responsables ni reparar a las víctimas”.
En el informe de SERPAJ-Costa Rica ante la CIDH sobre criminalización y persecución de defensores (as) de DDHH en Costa Rica, elaborado en 2011 se dice:
“No existen en Costa Rica instancias específicas, mecanismos y garantías claras para la protección de los Defensores y sus movimientos sociales. No hay Observatorios independientes, auspiciados por órganos de Estado en los que se pueda recurrir para el amparo de las actividades de los Defensores de DDHH. El sistema ordinario, desmotiva y descalifica a estos servidores y luchadores sociales, que ven en estos procedimientos e instancias, puntos ineficaces y a veces peligrosos para denunciar y buscar amparo (protección) para sus actividades.
Recomendando:
La Creación de Instancias nacionales en Costa Rica específica de Protección de los Defensores de DDHH, con una legislación que le garantice libertad de investigación y con recursos suficientes para actuar en los momentos oportunos.
Legislación que proteja las acciones de los defensores, y garantice su trabajo, sin temor a las amenazas, intimidaciones y campañas de difamación ó desprestigio, una especie de fuero de defensores de DDHH.
Exigencia al Estado, con sanciones, de Informes periódicos por parte de Organismos internacionales (como en el Sistema Interamericano) sobre la situación de los Defensores.
Garantía de Recursos económicos, infraestructura y similares para que los /as Defensores de DDHH puedan actuar ante las Instancias correspondientes, cuando denuncien protección y acompañamiento por restricción, amenazas y persecución.
La existencia de “Alertas Tempranas”, que permita activar mecanismos nacionales e internacionales, ante la persecución, criminalización ú obstrucción de las actividades y acciones de los /as Defensoras de
DDHH. Por ejemplo la estrategia de despidos de líderes sindicales, ó las amenazas consecutivas a líderes indígenas por particulares; ó la quema de viviendas simultáneas, indican un modus operandi, que debe alertar de inmediato mecanismos y garantías para los /as defensoras, sus familias, compañeros y movimientos a los que pertenecen
Consideramos pertinente y esencial darle coherencia a la lucha por los derechos que se expresa en la protesta social y lo que se entiende como la acción directa por los derechos humanos.
Desde años atrás la criminalización de la protesta social y los procesos legales contra líderes y activistas sociales es un acto de escarmiento, intimidación, guerra psicológica y castigo que angustia, desmoviliza, y aterroriza a quienes promueven y defienden los derechos humanos.
La aplican mecanismos policiales, legales y carcelarios con el fin de obstaculizar y reducir los espacios y contener la movilización por las garantías sociales y derechos universales, es una violación metódica de los derechos humanos.
ACODEHU, Centro de Amigos para la Paz y SERPAJ-Costa Rica representan la columna vertebral en la tutela de los derechos de quienes convergen en la protesta social, como defensores y defensoras de los derechos humanos.
Comisión Costarricense de los Derechos Humanos (ACODEHU)
San José-Costa Rica
19 de junio de 2015
