La deuda, sigue estando en cuanto a la formulación integral y la ejecución coordinada, de una Política Pública de Estado en materia de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Ahí se avanzó poco. Seguimos con una visión parcial y limitada del tema de la seguridad.
Conceptualmente, el tema de la seguridad, en una sociedad democrática, no es solamente una responsabilidad policial. Limitar a ese enfoque, es tener una visión conservadora y superada. El tema debe ser tratado y resuelto desde una perspectiva integral, en donde la acción policial cumple un papel determinante, pero no único, sobre todo en países como los de Centro América, con graves dificultades en su proceso de desarrollo, serios problemas de pobreza extrema y marginalidad, situados geográficamente en la ruta del narcotráfico y con estructuras de prevención y seguridad social débiles. Articular la lucha en todos esos frentes y generar, a la vez, niveles importantes de participación ciudadana y coordinación con la Fuerza Pública, es la visión moderna y del siglo XXI, para enfrentar el tema de la seguridad.
La Fuerza Pública debe hacer bien su trabajo, como se ha hecho en estos tres últimos años, pero también el Estado y sus instituciones, como un todo y como una política pública integral y coordinada, debe ser capaz de realizar muchas otras acciones efectivas e interinstitucionales, en el ámbito de la prevención, el desarrollo social y la salud pública. Esa es la visión correcta.
Esa Política de Estado, no se pudo concretar en la Administración Arias y tampoco en el gobierno Chinchilla, aunque en ambas se prometió en su Programa de Gobierno. Ni en el primero ni en el segundo, hubo suficiente voluntad política o comprensión intelectual del problema de la delincuencia común, el narcotráfico y la criminalidad organizada, en la realidad en la que vivimos. Tan no se entendió que se designó pomposamente un Zar Antidrogas con funciones estrictamente policiales y a cargo de la DIS. El enfoque siempre fue nada más que policial y no integral.
Veremos sí hay un cambio de fondo, en la Administración Solís y si el gobierno del PAC logra superar ese enfoque estrictamente policial, represivo y parcial, por una visión integral, preventiva, organizacional y de salud pública. En este debate llevamos ocho años: hay que atacar las causas.
Habrá que seguir insistiendo en que tan importante como una nueva caseta y un número suficiente de efectivos policiales bien preparados, armados y uniformados, a la entrada de una población marginal y conflictiva, es la construcción de un poli deportivo, el alumbrado de la plaza de deportes, la implementación de vivienda digna, el acceso real a la educación y la salud preventiva, la organización de la comunidad y la generación, por la vía de un desarrollo social integral y con dignidad, conciencia ciudadana y comunal para enfrentar la criminalidad y asociarse con la Fuerza Pública. Esa participación y ese control ciudadano son fundamentales.
También, habrá que insistir hasta la saciedad en que, las principales víctimas del narcotráfico y la criminalidad organizada por medio de bandas y mafias, son los muchachos que caen en la adicción de la droga y que realizan acciones como mulas o como vendedores y proveedores de droga en sus comunidades. Mientras no ataquemos el mal en sus raíces, con políticas de salud pública bien diseñadas y de tratamiento correcto del problema de la adicción a las drogas, no como un delito sino como una patología y una enfermedad, le estaremos fallando a la juventud costarricense.
Finalmente que, mientras no reformemos la legislación vigente y la visión del problema desde el Poder Judicial, seguiremos llenado las cárceles de privados de libertad por el ilícito de la comercialización de las drogas, abarrotando los centros penitenciarios hasta en un 30% de sobrepoblación, para que sean escuelas de delincuencia y no de rehabilitación y reinserción en la sociedad, violentando con ello, como se hace en Costa Rica, los Derechos Humanos que nuestro país se precia de defender en su política internacional. Una contradicción inaceptable.
Este es el punto de fondo y seguimos en lo mismo, a la altura de este 8 de mayo del 2014.
Que no se me malentienda. He luchado como el que más por profesionalizar y fortalecer la Fuerza Pública. Igualmente, frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, defiendo una posición de mano dura. El estudio, la reflexión y las experiencias mismas de la vida, sin embargo, me han enseñado que sin esa otra política integral del Estado Costarricense, bien articulada y coordinada, ojalá desde la misma Casa Presidencial, por más que avancemos por el lado de las acciones del Ministerio de Seguridad Pública, siempre estaremos en deuda en el tema de seguridad.
A la dimensión de la prevención, la seguridad social y la reforma legislativa, hay que darle un lugar de importancia similar o mayor que a los datos que reseñó doña Laura Chinchilla en su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa: más y modernas patrullas, mejores armas, uniformes y botas, más capacitación, nuevas casetas policiales y aumentos salariales para nuestra Fuerza Pública, que bien y mucho se lo merecen. Eso está muy bien. Seguimos, sin embargo, en deuda. Falta que Costa Rica defina e implemente una política pública integral de seguridad ciudadana y de seguridad nacional, a la altura de las definiciones conceptuales más avanzadas sobre la materia.
Ese es el balance real y objetivo de estos ocho años. Veremos si hay un cambio de fondo o si, nada más, el parámetro seguirá siendo el total de toneladas de droga incautadas o la entrega de nuevas patrullas en alguno de los 81 cantones. ¿Cuándo entenderemos que el asunto es más profundo?
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