martes, 23 de abril de 2013

La migración femenina de Nicaragua a Costa Rica impacta en cuidado familiar. La Prensa

La migración femenina de Nicaragua a Costa Rica impacta en cuidado familiar. La Prensa

La migración femenina de Nicaragua a Costa Rica impacta en cuidado familiar. La Prensa

La migración femenina de Nicaragua a Costa Rica impacta en cuidado familiar. La Prensa

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La Corte Internacional de Justicia rechaza contrademandas de Nicaragua, incluida la pretensión de navegar en el río Colorado, y dictar medidas cautelares por camino fronterizo. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, Reino de los Países Bajos, ha informado su decisión de rechazar las contrademandas presentadas por Nicaragua en el marco del caso por la ocupación de Isla Portillos (“Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza--Costa Rica Nicaragua)”.


La Corte Internacional de Justicia rechaza contrademandas de Nicaragua, incluida la pretensión de navegar en el río Colorado, y dictar medidas cautelares por camino fronterizo.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, Reino de los Países Bajos, ha informado su decisión de rechazar las contrademandas presentadas por Nicaragua en el marco del caso por la ocupación de Isla Portillos (“Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza--Costa Rica Nicaragua)”.
Asimismo, la CIJ informó su decisión de rechazar la indicación de Medidas Provisionales por iniciativa propia (proprio motu) en el caso del Camino Fronterizo (“Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del río San Juan--Nicaragua -Costa Rica)”, solicitada por Nicaragua, por considerar que el caso no ameritaba el uso de dicho poder de la Corte.
Finalmente, la CIJ anunció su decisión de reunir los dos casos que actualmente se conocen por parte de ese Tribunal bajo un solo expediente, considerando que hay identidad de sujetos y de derecho, y además porque esto asegura la economía procesal, según indica la propia Corte. La CIJ anunció en su comunicado de hoy, sin embargo, que esto de ninguna forma conducirá a un retardo innecesario en la decisión del alto Tribunal.
Entre las cuatro contra-demandas de Nicaragua que fueron rechazadas se incluyen un reclamo de libre navegación en el costarricense río Colorado, así como una declaración de que Costa Rica había perdido cualquier derecho sobre la bahía común de San Juan del Norte. La CIJ consideró que son inadmisibles dentro de los procedimientos actuales.
Como consecuencia de la unión de ambos casos, al final del proceso se tendrá una sola audiencia oral para discutir todos los temas planteados. Ya la fase escrita del caso “Ciertas actividades de Nicaragua en la zona fronteriza está terminada, y Costa Rica deber presentar en diciembre de este año su contra-memoria para el caso “Construcción de un camino en Costa Rica a lo largo del río San Juan”. Si no hay segunda ronda escrita para este caso, se deberá esperar que la CIJ fije fecha para las audiencias orales de ambos casos.

La “Democracia de la Calle” funcionó: Decisión presidencial de rescindir el leonino contrato de concesión de la vía San José-San Ramón resultó inevitable ¿Estarán tramando hacer lo mismo con las rutas Florencio del Castillo, la de circunvalación metropolitana, Canas-Liberia y otras…? La Contraloría quedó seriamente lesionada en su credibilidad Que no haya impunidad Todos los entretelones deben salir a la opinión pública


ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Comunicado de Prensa

La “Democracia de la Calle” funcionó:
Decisión presidencial de rescindir
 el leonino contrato de concesión
de la vía San José-San Ramón resultó inevitable

¿Estarán tramando hacer lo mismo con las rutas Florencio del Castillo,
 la de circunvalación metropolitana, Canas-Liberia y otras…?

La Contraloría quedó seriamente lesionada en su credibilidad

Que no haya impunidad
Todos los entretelones deben salir a la opinión pública

La decisión de la Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, de romper con el contrato de concesión de la vía San José-San Ramón que fue otorgado a la firma extranjera OAS, en medio de una gran opacidad, serios problemas de transparencia y eventuales ilegalidades de mucha naturaleza, situación ésta que generó un profundo cuestionamiento ciudadano a una concesión de obra pública como jamás se había dado antes; se explica con base en la gran presión social originada desde las comunidades occidentales del país y que se estaba extendiendo por todos los pueblos de la República, por medio de potentes acciones de movilización de gran envergadura que se veían venir y con base en los conceptos de lo que en la ANEP llamamos la “Democracia de la Calle”. Así lo vaticinaban los acontecimientos cívicos del pasado 11 de Abril. La “Democracia de la Calle” funcionó una vez más. Por tanto, la decisión presidencial resultó inevitable.

Entre el valor de la paz social y el lucrativo negocio para unos cuantos, la Presidenta Chinchilla ha tomado la decisión correcta.

Al respecto, la ANEP lanza a la opinión pública sus preocupaciones sobre aconteceres similares con las vías Florencia del Castillo, la de circunvalación metropolitana, la ruta Cañas-Liberia y otras. En tal sentido, estaremos enviando en el transcurso de las próximas horas, una nota al Consejo Nacional de Concesiones. Es más, esta entidad, debe ser intervenida inmediatamente.

El desenlace final con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negociado privado con los servicios públicos destinados al bien común. La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna.

Esperamos de parte de la Fiscalía General de la República una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agigante con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.

Falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla le dé amplios detalles al país al respecto.

Finalmente, reafirmamos nuestra profunda convicción de que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y desde ya nos comprometemos a aportar en la correspondiente lucha.

Gran honor, reconocimiento, admiración y felicitación merece la población ramonense por su ejemplarizante acción cívica; tanto como las comunidades patrióticas vecinas de Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, Atenas y Alajuela, entre otras.

San José, martes 23 de abril de 2013.


Albino Vargas Barrantes
Secretario General



Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras

Mensaje de la Presidenta sobre la concesión de la carretera San José - San Ramón

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Diputados opinan que CNC hizo “check list” en revisión de cesión de contrato San José – San Ramón

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Privatización de la lotería electrónica aumentaría la ludopatía y la desaparición del tradicional billete. | Radio Actual FM 107.1 FM Costa Rica

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lunes, 22 de abril de 2013

Diputados aprueban reforma a la ley de delitos informáticos

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Presidenta Laura Chinchilla prepara cadena televisiva donde hablará sobre futuro de vía entre San José y San Ramón - EL PAÍS - La Nación

Presidenta Laura Chinchilla prepara cadena televisiva donde hablará sobre futuro de vía entre San José y San Ramón - EL PAÍS - La Nación

Presentamos el documento que acompaña la gran manifestación de las diversas policías. El tema del desenganche de la Ley de Incentivos Médicos es medular. Por Unidad de Información y Comunicación San José, lunes 22 de abril de 2013. Honorables señores y señoras Diputados y diputadas Asamblea Legislativa Honorable señora Licda. Laura Chinchilla Miranda Presidenta de la República Estimados señores y estimadas señoras:

Presentamos el documento que acompaña la gran manifestación de las diversas policías. El tema del desenganche de la Ley de Incentivos Médicos es medular.
Por Unidad de Información y Comunicación
San José, lunes 22 de abril de 2013.
Honorables señores y señoras 
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa
Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Estimados señores y estimadas señoras:
Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:
PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.
Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública MEP (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.
Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.
Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.
Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.
Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.
SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.
Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.
Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.
TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.
1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.
2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy “queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.
3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.
En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.
La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.
Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.
A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.
CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:
1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del “amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…
2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.
3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.
Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por la ANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.
Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.
Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.
Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.
Con todo respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP
Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

INTENSOS AGUACEROS Y TORMENTA ELECTRICA HOY 22 DE ABRIL 2013 SEGUN IMN





Esta mañana se presentaron temperaturas altas en el Valle Central, lo cual sumado al ingreso de brisa marina desde el Océano Pacífico, son condiciones propicias para que se generen aguaceros intensos acompañados por tormentas eléctricas y fuertes vientos.
Inicialmente las zonas con mayor probabilidad de afectación por dicha actividad lluviosa serán las cercanías de las montañas de Heredia y Alajuela, así como en los alrededores de Escazú, Santa Ana y en general las zonas al oeste del GAM.
Por otra parte, se prevén aguaceros de variable intensidad en la Península de Nicoya y el Pacífico Central y Sur. EN lo que respecta al Caribe y la Zona Norte, estarán con nubosidad de parcial a total y lluvias aisladas en las montañas.
El IMN recomienda precaución por posibles inundaciones repentinas en el Valle Central y algunos puntos del Pacífico. En caso de tormenta eléctrica cercana evite mantenerse en sectores abiertos, incluso si no está lloviendo. Precaución por reducción de visibilidad debido a la formación de bancos de neblina. Además recomienda extremar la vigilancia en lugares cercanos a ríos y quebradas ante el posible incremento en los caudales de los mismos.

Eladio Solano León/Diego Garro Molina
Meteorólogos
DMSA-IMN

Manifiesto peticional de los policías | Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Manifiesto peticional de los policías | Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados


Presentamos el documento que acompaña la gran manifestación de las diversas policías. El tema del desenganche de la Ley de Incentivos Médicos es medular.
San José, lunes 22 de abril de 2013.
Honorables señores y señoras 
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa
Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Estimados señores y estimadas señoras:
Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:
PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.
Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública MEP (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.
Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.
Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.
Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.
Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.
SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.
Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.
Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.
TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.
1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.
2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy“queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.
3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.
En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.
La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.
Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.
A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.
CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:
1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del“amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…
2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.
3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.
Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por laANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.
Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.
Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.
Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.
Con todo respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP
Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración 
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 22 DE ABRIL DE 2013 A LAS 10:00

En la guanábana podría estar la cura para el cáncer

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Diabetes afecta a más costarricenses


Los casos en el país de personas con diabetes se incrementaron en los últimos años, de acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el año 2010 se presentaron 1.700 egresos de hombres, mientras que en el 2011 aumentó a 1.772, en el caso de las mujeres en el 2010 se registraron 1.890 casos y en el 2011, 1.899.
El especialista en endocrinología, José Guillermo Jiménez, comentó que la enfermedad está aumentando a nivel mundial y Costa Rica no escapa de la realidad. Enfatizó que la diabetes afectar principalmente a personas mayores de 50 años y se asocia con enfermedades cardiovasulares, renales y causar ceguera cuando no es bien controlada.
“Por otro lado, el control de la diabetes es bastante aceptable en general. Sin embargo, existe información que muchas de los pacientes también controlados tienen efectos secundarios como son las hipoglicemias, cuando se dan tratamientos para la diabetes el nivel de azúcar puede bajar demasiado, lo cual causa un riesgo para el paciente aumentando la posibilidad de infartos o arritmias cardíacas”, expresó el especialista.
Jiménez, explicó que en el país desde hace más de 30 años no se renuevan los medicamentos, por lo que los pacientes no disponen de tratamientos más nobles para evitar la hipoglicemia.
Para prevenir el padecimiento, las autoridades de salud recomiendan evitar el sobrepreso, disminuir el consumo de azúcar, evitar el consumo excesivo de carbohidratos y grasas, así como, ingerir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y legumbres.
Además, tomar las cantidades recomendadas de agua, hacer ejercicios y mantener un control médico anual.
Según el Ministerio de Salud, en Costa Rica se registró un total de 8.090 casos nuevos de diabetes en el año 2011, de los cuales 56,42% de corresponden a mujeres. En cuanto a grupos de edad el 50,28% se registra en los grupos de edad de 45 a 64 años. Cabe hacer notar que se notificaron 44 casos en menores de 15 años (0,54% ) del total de casos.
Con respecto a la provincia de residencia, la que registra una tasa más alta es Alajuela, con 188,01 por 100.000 habitantes, seguido por San José con 154,39.
La CCSS, registró entre el 2010 y 2011, 310 decesos de hombres por causa de la diabetes, mientras que en el mismo periodo, se contabilizaron 384 muertes de mujeres.
La Organización Mundial de la Salud indica que en el mundo hay aproximadamente 346 millones de personas con diabetes, cantidad que podría ser duplicada en el año 2030 si no se previene la enfermedad.