jueves, 16 de abril de 2020

Programa Activate con la Caja, Pausas activas

Conferencia de Prensa COVID-19 [MARTES 14 DE ABRIL 2020]

Surgen como ideas alternativas al plan del gobierno de poner un impuesto solidario a los salarios superiores a ¢1,1 millones, sin embargo economistas consultados dudan sobre el efecto que puede tener tocar las reservas del Banco Central sobre el tipo de cambio y la economía. El exmandatario Figueres mediante un video expuso que mucha gente está quedándose sin trabajo y el país necesita ¢600.000 millones para darles soporte. “El Banco Central tiene $8.000 millones en reservas, en su mayoría fuera de Costa Rica. Podríamos hacer que traiga al país $1.000 millones y los compre en bonos del gobierno”, expresó Figueres. Para pagar al ente emisor propone poner una especie de impuesto sobre toda transacción del sistema bancario nacional, excepto los pagos con tarjeta, retiros de cajero automático y depósitos de planilla. Entretanto, Hayden propuso casi lo mismo unos días antes y explicó que a su criterio al Central no le afectaría para nada porque es un canje transitorio de divisas por bonos nacionales, en vez de foráneos. “Le quedan reservas para cubrir siete meses de importaciones, que además se verán disminuidas por la crisis económica inducida. Además las reservas no son del Banco Central, sino del país”, explicó. El exgerente general del BNCR sugirió que el gobierno emita bonos emergentes Covid-19 en dólares por la suma de $1.000 millones a un año plazo al 3,5% de interés y que los adquiera el Banco Central. “Con la suma en colones de inmediato el gobierno tendría ¢565.000 millones de liquidez adicional para inyectarlos en la solución de la crisis, en vez de impuestos solidarios y otras ocurrencias. Tampoco afectaría el manejo del tipo de cambio, pues el saldo remanente es suficiente para controlarlo con inyecciones mínimas en el Monex”, recalcó Hayden.

Propuestas similares hicieron William Hayden, exgerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), y José María Figueres, expresidente de la República, para encontrar fondos frescos y ayudar a las familias que se quedaron sin ingresos a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Surgen como ideas alternativas al plan del gobierno de poner un impuesto solidario a los salarios superiores a ¢1,1 millones, sin embargo economistas consultados dudan sobre el efecto que puede tener tocar las reservas del Banco Central sobre el tipo de cambio y la economía.

El exmandatario Figueres mediante un video expuso que mucha gente está quedándose sin trabajo y el país necesita ¢600.000 millones para darles soporte.

“El Banco Central tiene $8.000 millones en reservas, en su mayoría fuera de Costa Rica. Podríamos hacer que traiga al país $1.000 millones y los compre en bonos del gobierno”, expresó Figueres.

Para pagar al ente emisor propone poner una especie de impuesto sobre toda transacción del sistema bancario nacional, excepto los pagos con tarjeta, retiros de cajero automático y depósitos de planilla.

Entretanto, Hayden propuso casi lo mismo unos días antes y explicó que a su criterio al Central no le afectaría para nada porque es un canje transitorio de divisas por bonos nacionales, en vez de foráneos.

“Le quedan reservas para cubrir siete meses de importaciones, que además se verán disminuidas por la crisis económica inducida. Además las reservas no son del Banco Central, sino del país”, explicó.

El exgerente general del BNCR sugirió que el gobierno emita bonos emergentes Covid-19 en dólares por la suma de $1.000 millones a un año plazo al 3,5% de interés y que los adquiera el Banco Central.

“Con la suma en colones de inmediato el gobierno tendría ¢565.000 millones de liquidez adicional para inyectarlos en la solución de la crisis, en vez de impuestos solidarios y otras ocurrencias.

Tampoco afectaría el manejo del tipo de cambio, pues el saldo remanente es suficiente para controlarlo con inyecciones mínimas en el Monex”, recalcó Hayden.

“Con la suma en colones de inmediato el gobierno tendría ¢565.000 millones de liquidez adicional para inyectarlos en la solución de la crisis, en vez de impuestos solidarios y otras ocurrencias.

Tampoco afectaría el manejo del tipo de cambio, pues el saldo remanente es suficiente para controlarlo con inyecciones mínimas en el Monex”, recalcó Hayden.

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Guayaquil proporciona alimentos y servicios médicos puerta a puerta

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La pandemia de la insolidaridad ALVARO VEGA SÁNCHEZ

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La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.

Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes  entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra. 

Causa más que indignación la escena  dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.  

Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense.  Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en  el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador.  El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias. 

Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos.  Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19.  ¿En quién cabe tal desfachatez?  

Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y  la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única. 

ALVARO VEGA SÁNCHEZ

Sociólogo

Las formas del miedo GUSTAVO SOLÓRZANO-ALFARO Pasé mi niñez con miedo por el fin del mundo. Durante mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta fue por el sida. No puedo decir que ahora sienta el mismo temor, pero hay algo que se le parece. No sé si experimentamos el miedo de formas diferentes según la edad o si la cercanía o la lejanía de una catástrofe influye. Porque, ¿qué más lejano que lenguas de fuego que emergen de la tierra?

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Las formas del miedo

GUSTAVO SOLÓRZANO-ALFARO

Pasé mi niñez con miedo por el fin del mundo. Durante mi adolescencia y el inicio de mi vida adulta fue por el sida. No puedo decir que ahora sienta el mismo temor, pero hay algo que se le parece. No sé si experimentamos el miedo de formas diferentes según la edad o si la cercanía o la lejanía de una catástrofe influye. Porque, ¿qué más lejano que lenguas de fuego que emergen de la tierra?

Los titulares y las imágenes sobre fosas comunes en New York, por ejemplo, me provocaron un miedo terrible. De repente, hombres en trajes blancos cavaban enormes tumbas, y todo se podía ver desde el espacio. Esa era parte de la historia. Entonces, esa incertidumbre, esa ambivalencia, ese sentimiento momentáneo de que todo va a estar bien se derrumbaba ante ese panorama. No sé cuál es la diferencia entre un miedo y otro. A lo mejor no poder dormir por estar imaginando una muerte cercana es algo muy individual, mientras que ahora experimentamos un miedo colectivo, un miedo comunitario, un miedo que es, ante todo, impotencia.

Han salido artículos que explican lo de las fosas comunes, con calma y cierta objetividad. Hoy leí un hilo en Twitter de una neoyorquina que ha estudiado el tema de estas fosas comunes en la isla Hart, al este del Bronx, y realmente me tranquilizó. Esa isla ha sido tumba común para indigentes por décadas. Los manejos que se están realizando no son nuevos, aunque sí han requerido una logística mayor. Con esto no pretendo relativizar en lo absoluto la crisis sanitaria, pero me permite obtener un poco de perspectiva, para tratar de no dejarme ganar por el pánico, un pánico que vende periódicos muy bien, un pánico que nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas y equivocadas, un pánico que nos ciega y nos hace creer que nadie tiene las respuestas o que las respuestas de las autoridades son erróneas, un pánico que con mucha facilidad puede hacer que le entreguemos todas nuestras libertades y nuestros derechos a Google, a Facebook, a Amazon o a Apple. Si la ultraderecha y todos los grupos reaccionarios o conservadores o neofundamentalistas ya estaban asestando golpes importantes a a las luchas feministas o de la comunidad afrodescendiente o de los grupos lgtbq+, con la actual crisis les resultará más fácil desplazar esos temas en las agendas mundiales.

La verdad no tengo idea de nada. Pero probablemente ustedes tampoco. Individualmente cada quien sufre sus propias luchas. Quizá colectivamente deberíamos emprender otras. Se vuelve cada vez más importante ser precavidos, acatar instrucciones, prever situaciones. La crisis es real y no es una conspiración. Pero hay quienes sabrán aprovechar el “apocalipsis” para convertirlo en moneda de cambio. El miedo nos paraliza y nos puede ganar la partida.

No sé si con la edad el miedo cambia, se transforma. No sé si es posible superarlo o controlarlo. En todo caso, necesitamos formas de vivir con él, y especialmente, necesitamos formas comunitarias para sobrellevarlo. Por ahora, personalmente, espero que este miedo también pase, y que en mi vejez pueda contar esta misma historia.

GUSTAVO SOLÓRZANO-ALFARO

@Asterion9

Cabezal pagina web.jpg Comunicado de Prensa Coronavirus Covid-19 agravó la exclusión social y económica que ya padecíamos ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas · Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal · El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir. Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19. Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional. La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras. Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal. La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social. Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19. Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país. Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica. Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes. San José, jueves 16 de abril de 2020. Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

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Comunicado de Prensa

Coronavirus Covid-19 agravó la exclusión social y económica que ya padecíamos

ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas

· Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

· El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales

De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.

Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.

La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.

Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.

La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.

Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.

Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.

Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.

Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.

San José, jueves 16 de abril de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

· Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

· El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales