La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia acordó darle apoyo al Decreto Ejecutivo que busca poner límites a la oferta de alimentos con grasa y azúcar, así como a las bebidas que se venden a los estudiantes en escuelas y colegios.
En este mismo sentido mi esposa Gloria ha presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley (Exp. 18253), con el fin de garantizar que esta disposición realmente se cumpla.
Este proyecto lo que busca es que sea la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, del Ministerio de Salud, la que asuma un rol determinante en el control que debe existir para que el decreto se cumpla a cabalidad y, en su defecto, se sancione a quien sea permisivo, omiso o tolerante y permita que nuestros niños y jóvenes sigan consumiendo productos dañinos para su salud.
Es importante, tal y como lo señala Gloria, que pongamos atención al problema de obesidad y sobrepeso infantil que como una epidemia crece no solo en nuestro país sino en América Latina.
La obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo de diabetes y se ha mencionado que también existe un factor de orden genético que puede incidir en el desarrollo de esta enfermedad.
Según la III Encuesta Nacional de Nutrición en Costa Rica 2009, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de nuestros niños entre los cinco y los 12 años era de un 21,4%. No sabemos cuántos de estos niños desarrollarán diabetes infantil o juvenil, o presentarán problemas cardiovasculares más adelante, pero sí sabemos que están en riesgo y que podemos contribuir a que tengan una mejor alimentación en sus centros educativos.
Es una lástima que el decreto solo aplique en las escuelas públicas.
Lo que conocemos como comida chatarra ha venido a cambiar sensiblemente los hábitos alimenticios de nuestras familias. Hoy cada día se consumen menos frutas y verduras; los alimentos cargados de sodio, grasa, colorantes y azúcar han sustituido a los tradicionales picadillos, la olla de carne, las ensaladas o el gallo pinto.
Y si bien lo más importante es la salud de las personas, no podemos dejar de reparar en el gasto en que se incurre para el tratamiento de esta enfermedad, las incapacidades que genera y lo que el país deja de recibir en términos de productividad.
El Decreto y el Proyecto de Ley deben de ser el inicio de una serie de acciones tendientes a velar más por la salud de los costarricenses, garantizar la calidad de los productos que consumimos, informar sobre los ingredientes que contienen los alimentos, incentivar el consumo de frutas y verduras y procurar que todos desarrollemos mejores hábitos alimenticios.
El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Política Nacional de Alimentación y Nutrición, tiene por delante una tarea importante y urgente para el bienestar de la población.
