martes, 3 de mayo de 2011

DISCURSO JEFATURA DE FRACCIÓN 3 DE MAYO DE 2011 MANRIQUE OVIEDO GUZMÁN JEFE DE FRACCIÓN 2011-2012 PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA




DISCURSO JEFATURA DE FRACCIÓN

3 DE MAYO DE 2011

MANRIQUE OVIEDO GUZMÁN

JEFE DE FRACCIÓN 2011-2012

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA

El Partido Acción Ciudadana nació para proponer soluciones que conduzcan el país hacia nuevos horizontes en la política nacional. Nuestras propuestas se nutren del estudio y análisis de la realidad nacional, la historia, la cultura, las teorías del desarrollo que brinden mejores condiciones de vida para las grandes mayorías y del diálogo con las diversas expresiones de la sociedad civil. A partir de esta ardua tarea hemos identificado las causas de nuestro subdesarrollo y se han propuesto las herramientas para materializar nuestras aspiraciones de desarrollo humano, económico, social, y democrático.

1. COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y DESARROLLO.

Ningún país ha logrado ganar la batalla por la competitividad internacional y el desarrollo colectivo de la ciudadanía, sin un sector privado fuerte y con reglas claras, pero tampoco, sin un sector público eficiente y responsable que promueva la igualdad, la justicia y la movilidad social ascendente; por tanto, para el Partido Acción Ciudadana el desarrollo debe lograrse a partir de tres ingredientes básicos: 1º) un importante papel del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades ineludibles, 2º) un sector privado fuerte y 3º) un desarrollo democrático óptimo.

El Papel del Estado: El Partido Acción Ciudadana está en la mejor disposición de contribuir desde su accionar en la Asamblea Legislativa a construir un estado que desempeñe un papel fundamental en la cimentación del desarrollo por medio del cumplimiento de sus tareas fundamentales, tareas que exigen mejora significativa en la calidad de la educación pública en todos sus niveles y puntos de nuestro territorio, invierta en ciencia y tecnología, mejore sustancialmente la productividad del sector público, estabilice la macroeconomía, mejore la infraestructura de transporte por tierra, puertos y aeropuertos, establezca un plan concertado de largo plazo que evite ocurrencias y oscilaciones electorales, elimine la corrupción y garantice la paz social.

Para que el Estado sea capaz de realizar esta labor interna fundamental, se requiere que las instituciones públicas encargadas sean administradas con la mayor eficiencia, se despoliticen y además se descentralice y descongestione la labor del Estado, esto se logra transfiriendo muchas de sus decisiones a las comunidades, para dedicar el nivel central a brindar las condiciones necesarias para la difícil tarea de ganar la lucha por la competitividad internacional.

La administración eficiente implica garantizar el acceso a los servicios, para lo cual se debe dotar a estas instituciones de los más elevados estándares gerenciales y técnicos que nos garanticen el menor costo promedio de cada producto o servicio y sobre todo para que se eliminen la lentitud, confusión y frustración de las y los usuarios, en suma, para transformar nuestras instituciones hacia el modelo de eficiencia que el país demanda para lograr el desarrollo. Aunado a lo anterior se requiere que los empleados sean efectivamente servidores del público y sientan orgullo y obligación permanente por el buen servicio brindado a los usuarios, así se trate de un empresario o de una persona que acude por una ayuda social.

La despolitización es la otra cara de la gestión eficiente e implica desterrar la costumbre de usar los puestos de responsabilidad en las instituciones con el fin de beneficiar a los partidarios, práctica que obviamente hecha por tierra la esperanza de tener adecuados gerentes y cuadros técnicos.

Finalmente la descentralización de poder y el consecuente descongestionamiento de las instituciones públicas de muchas de las funciones que hoy les impide dedicarse a convertirnos en un país competitivo y desarrollado, va de la mano con la acción ciudadana. El traslado de poder de decisión de las instituciones a las comunidades exige que la ciudadanía acuda al llamado de asumir el papel que les corresponde en su desarrollo personal, comunal y en el del país. Descentralizar es que los costarricenses asuman sus responsabilidades con la democracia, se trata de una alianza entre las instituciones y los líderes comunales. Se trata de evolucionar, del Estado centralista a la ciudadanía activa en la conducción de sus asuntos, por esto es que nuestra idea de descentralización consiste en trasladar decisiones a las comunidades organizadas, los consejos de distrito y las municipalidades. Su responsabilidad consistirá en acordar el orden de prioridad de sus necesidades, el de las instituciones, será respetar esas decisiones, programar y ejecutar las obras.

El Sector Privado: Haremos con nuestra labor, el mayor de nuestros esfuerzos para tener un sector privado fuerte y pujante. La empresa privada es fundamental para el desarrollo porque constituye la principal herramienta para generar riqueza, incrementar las exportaciones, crear empleo productivo, generar ingresos fiscales, aprovechar recursos y ejecutar obras. Por tanto se deben garantizar reglas sostenibles en el tiempo, servicios públicos eficientes, transparencia, neutralidad y estabilidad macroeconómica para que el sector privado pueda invertir y materializar sus virtudes. Gozamos de una ubicación geográfica privilegiada y aun una relativa paz social deseada por muchos, por lo que debemos legislar creando condiciones especiales para toda aquella empresa que tenga un compromiso con la protección del ambiente, la transparencia y con el respeto de sus obligaciones con los trabajadores y la seguridad social.

Condiciones democráticas: En nuestro actuar desde este primer poder continuaremos, vigilantes para tener una democracia sana. Para esto se debe fomentar el diálogo político, el respeto a la institucionalidad y a la ley. Los mecanismos de diálogo democrático deben ser los canales por medio de los cuales se resuelvan los conflictos y las diferencias entre los diversos grupos, gremios y sectores. Nosotros, creemos en la institucionalización de mecanismos de consulta para construir decisiones participativamente y dotar de transparencia las influencias que inevitablemente todos los grupos con fuerza económica u organizacional tratan de ejercer. Le recordamos al gobierno actual que es mejor dar espacio a las organizaciones en las mesas de discusión y de construcción de decisiones que continuar con negociaciones por debajo de la mesa o con presión desde las calles. La consulta y el pacto con la gente es la única forma de tener eficiencia y gobernabilidad en el mediano plazo.

2. MODELO DE DESARROLLO.

Costa Rica ha sido y seguirá siendo parte del mercado internacional, pero el asunto está en cómo lograr insertarse exitosamente en la economía global. El modelo de desarrollo que propone el Partido Acción Ciudadana para lograr este objetivo, parte de potenciar nuestras virtudes y de aprovechar nuestras verdaderas ventajas comparativas.

El nuevo milenio nos enfrenta al reto de fortalecer nuestra participación en la economía mundial de manera compatible con la estabilidad macroeconómica y el desarrollo humano, sin embargo, esto sólo será posible si descartamos la idea de recrear en nuestro territorio la estructura económica de los países ricos mediante la importación de sus modelos de desarrollo y sus políticas. El Partido Acción Ciudadana está dispuesto a facilitar las condiciones para poner en práctica un modelo de desarrollo que materialice nuestras verdaderas ventajas comparativas. Creemos que en asumir un claro compromiso ambiental residen nuestras mejores posibilidades de competitividad internacional y de crecimiento económico.

Para esto se debe generalizar la utilización del ambiente como fin y medio para el desarrollo humano. Se trata de utilizar el ambiente como factor de competitividad internacional, pero no destruyéndolo para explotarlo, sino más bien conservándolo. Se trata de que el modelo de crecimiento económico se base en la protección del medio ambiente y en su utilización como medio para nuestra competitividad internacional, aprovechando que los valores en los principales centros de consumo evolucionarán hacia compromisos crecientes con el ambiente en el marco de los mercados verdes y azules y en aprovechar que Costa Rica aún tiene un compromiso con el ambiente relativamente fuerte.

3. IGUALDAD, JUSTICIA Y MOVILIDAD SOCIAL.

Como lo hemos demostrado en el pasado con nuestras acciones concretas desde este poder, creemos firmemente que la justicia social es compatible con la mejora cualitativa y cuantitativa de la fuerza laboral, ya que parte de incentivar el esfuerzo honrado y de dotar de posibilidades a quienes nacen en hogares pobres. Por esto nuestra visión sobre la igualdad, la justicia y la movilidad social se vincula también al éxito en el comercio internacional.

La solidaridad en el Partido Acción Ciudadana se expresa de dos maneras, dependiendo si se trata de ser solidarios con personas que pueden trabajar o si se trata de personas que no pueden hacerlo debido a su edad, discapacidad o por ser cabeza de hogar.

En el primer caso continuaremos nuestro esfuerzo tratando de dotarles, con la legislación respectiva, de los medios adecuados para superarse, esto es, garantizarles el acceso universal a las herramientas que posibilitan la movilidad social ascendente, para que de esta manera sea finalmente el esfuerzo honrado de cada persona lo que determine su movilidad en la estructura social. En este sentido la protección y estímulo a la educación, la salud, el crédito, la electricidad, la tecnología, las infocomunicaciones, el deporte y la cultura porque deben ser herramientas que estas, deben ser de acceso universal.

Hemos realizado propuestas serias para establecer un sistema tributario debidamente progresivo y elevar la carga tributaria por medio de más impuestos pagados por los que más tienen, asegurarnos que el gasto público beneficie más a los que menos tienen, utilizar las herramientas del Estado para crear riqueza y redistribuirla, para lograr que parte de la riqueza que va surgiendo año con año, sea creada por nuevos empresarios individuales o asociados. Para esto debemos crear condiciones para lograr una gran importancia a la vinculación de emprendedores con capital, innovaciones y facilidades de mercadeo, retomar el impulso del cooperativismo y garantizar que las empresas extranjeras que se benefician de exoneraciones fiscales subcontraten con PYMES nacionales; debemos además fomentar políticas especiales para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores.

El Partido Acción Ciudadana hace un llamado a la conciencia nacional para que juntemos voluntades. Quienes creamos en el trabajo honrado y el esfuerzo compartido, en el diálogo y la participación ciudadana, en la solidaridad y el bien común, en la transparencia y la ética en la política y en la función pública, debemos renovar hoy la esperanza en que una mejor política motive a las y los costarricenses a compartir la causa de su futuro y a que asumamos como una sola familia el reto de construir el destino de nuestra patria.

Asamblea Legislativa

3 de mayo de 2011

San José, Costa Rica

Mañana miércoles 3 de mayo comparecencia de Rodrigo Arias, Ex ministro de la Presidencia en la Comisión Especial Investigadora caso BCIE-Rodrigo Arias




Mañana miércoles 3 de mayo comparecencia de Rodrigo Arias, Ex ministro de la Presidencia en la Comisión Especial Investigadora caso BCIE-Rodrigo Arias. Hora: 9am.

REACCIONES CHINCHILLA

IPHONE

El voto no siempre es secreto ni debe serlo Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y por quién votan los diputados


Ni la Constitución Política, ni la ley, ni el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa establecen el voto secreto para la elección del directorio del Congreso. Antes bien, el artículo 101 del Reglamento establece, taxativamente, los casos de votación secreta: “Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores”.

Se trata de casos donde el diputado vota sí o no, a favor de la censura o en su contra, por ejemplo. Por eso, el único mecanismo de votación secreta establecido en el Reglamento es el sistema de bolas blancas y negras, de conformidad con el artículo 103: “En la votación secreta, los diputados emitirán sus votos por medio de bolas blancas y negras; las primeras indicarán el voto afirmativo y las segundas, el negativo”.

La única referencia del Reglamento a la elección de cargos públicos está en el artículo 201: “Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes”. Está prohibido, pues, firmar el voto, pero eso no equivale a una prohibición de votar en público. Si la intención fuera establecer el voto secreto, el Reglamento lo diría pura y llanamente.

Pronunciamientos de la Sala IV. A falta de claridad, la Sala IV se ha visto obligada a pronunciarse sobre el tema. En 1995, en circunstancias un tanto diferentes, porque no se trataba de la elección de un magistrado, sino de su no reelección, la Sala estableció: “La verdad es que, a falta de regulación reglamentaria en el entonces Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior, tanto como en el actual de la Asamblea Legislativa quedaba y queda a la propia Asamblea, a su Directorio o a su Presidente, en su caso, escoger, entre sus procedimientos reglamentarios de votación ordinaria, nominal o secreta, ya por bolas blancas y negras, ya por papeletas, el más idóneo para que en la formación de la voluntad colegial se cumplan mejor las exigencias del artículo 158 constitucional...”.

Una duda surge de la frase “'votación ordinaria, nominal o secreta, ya por bolas blancas y negras, ya por papeletas'”. ¿Significa que la votación por papeletas siempre es secreta; es decir, que la votación secreta tiene dos modalidades: bolas blancas y negras, o papeletas? La Sala no lo dice expresamente. Es perfectamente posible entender que la votación por papeletas podría ser secreta, en el sentido de obligar al diputado a mantener reserva de su voto, y podría no serlo, según lo decida el presidente del Congreso, siempre que los demás legisladores no apelen y revoquen esa decisión.

También es claro que la votación no debe, necesariamente, ser secreta, al menos en el caso de la no reelección de un magistrado. Otro pasaje de la sentencia 2621-95 dice: “Por no estar prevista en el Reglamento legislativo, podría hacerse por votación, ora pública, ora secreta, según lo que, en defecto, precisamente, de regulación constitucional o reglamentaria, resuelva y anuncie el Presidente de la Asamblea, o ésta, en su caso, de apelarse ante el Pleno la resolución”.

En 1999, la Sala produjo el mejor asidero existente para la tesis de un voto secreto obligatorio. Dos diputados liberacionistas rompieron la línea de fracción para dar al Partido Unidad la totalidad de los puestos del directorio. El jefe de la fracción verdiblanca, Daniel Gallardo, pidió a Carlos Vargas Pagán, presidente del Congreso, la entrega de las papeletas para intentar reconocer la letra de los “traidores”. Vargas accedió, y a los diputados liberacionistas se les exigió escribir el nombre de su compañera Alicia Fournier para comparar los trazos con la letra de la boletas. El socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez acudió a la Sala IV para combatir la decisión del presidente legislativo.

Al resolver el recurso, la Sala manifestó: “Como se observa, si bien en forma expresa el Reglamento no menciona que dicho voto sea secreto, porque no lo dice, este resulta serlo por cuanto se excluye la firma del votante, en aras de dejar a su libre arbitrio la toma de tales decisiones. El derecho al voto constituye un derecho propio de los legisladores, mismo que no puede ser violentado mediante la publicación de las boletas respectivas. Si bien estos documentos son públicos en principio, los alcances de esa publicidad en el caso concreto se ven limitados por el hecho de que publicitar esos documentos haría nugatorio el derecho fundamental del voto, que es un principio derivado del artículo 93 de la Constitución Política, que dice que el sufragio es secreto. Esta norma es de aplicación universal, recogida además en el artículo 23, 1b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se dice que el voto es secreto, en garantía de la libre expresión de la voluntad de los electores”.

El tema planteado a la Sala es un caso extremo: la entrega de documentos donde constaba un voto ya emitido, bajo el supuesto del secreto y sin que mediara voluntad de que fuera hecho público. El improvisado estudio grafoscópico era a todas luces inadmisible. La resolución deja en claro que el diputado tiene derecho a que se respete el secreto de su voto, pero persiste la duda de si está obligado a no hacerlo público. El Congreso no lo entendió así, especialmente la fracción liberacionista. Al año siguiente, Alex Sibaja, el nuevo jefe de la bancada, se paseó por las curules, a vista y paciencia de todos, para revisar el voto de sus compañeros. Según la nota publicada por La Nación el 2 de mayo del 2000, Sibaja se justificó porque “todos los años se imponen modas distintas en el ejercicio político y esta es la que él practicará cuando sea necesario” pues así lo exige la “transparencia”.

Cualquier diputado o asesor parlamentario de experiencia confirmará que los mecanismos para constatar el respeto a la línea de fracción son práctica común de nuestro Congreso, incluyendo las marcas en las papeletas, la revisión por parte de terceros y cualquier otro medio imaginable. Confirmará, también, que esas prácticas no son exclusivas de ningún partido en especial.

Sufragio secreto. Estamos acostumbrados a escuchar que el voto es secreto. Es una verdad incontrovertible del sistema democrático aplicable al sufragio universal establecido para elegir a los gobernantes. En ese ámbito, el secreto del voto es un derecho político fundamental establecido para salvaguardar la libertad del votante e impedir la introducción de vicios en su voluntad mediante violencia u ofrecimiento de beneficios.

El voto ejercido por los ciudadanos para elegir a sus gobernantes es un acto fundamentalmente distinto de la elección del directorio legislativo y otros cargos cuya selección ha sido confiada al Congreso. En primer término, no se trata de sufragio universal. Solo están legitimados para votar los 57 ciudadanos instalados en las curules, que son representantes populares, investidos de inmunidad para librarlos de presiones indebidas y partícipes de las ventajas del poder. Están protegidos.

Solo ellos votan el primero de mayo, y el resto del país se limita a observar. Por eso su voto debe ser transparente. El ciudadano tiene derecho a saber cómo y por quién votan para después juzgar esa actuación. Por eso es desafortunada y confusa la referencia de la Sala IV al artículo 23, 1b) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese artículo protege el sufragio universal, no el voto en el recinto parlamentario. “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: ' b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores'”, dice la norma de derecho internacional.

Lo mismo vale para el artículo 93 de la Constitución Política, claramente referido a la elección ciudadana, salvo que los diputados quieran obligarse a asistir a una junta electoral para escoger su directorio: “El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

En la elección parlamentaria no votan todos los ciudadanos y ninguno, salvo los 57 diputados, tiene derecho a ser elegido. Tampoco es regla universal la elección de las autoridades parlamentarias mediante voto secreto. En los Estados Unidos, la votación de las autoridades del Congreso se hace de viva voz, sin que nadie reclame violación de los derechos humanos.

En la democracia, el secreto es la excepción y la publicidad, la regla. El voto secreto para la elección del directorio, bien lo sabe el país, se presta para cobijar oscuros acuerdos bajo la mesa, incluso a cuenta del erario público si la promesa consiste en conceder partidas para algún proyecto de interés personal. Si el Congreso se decidiera a abandonar la hipocresía en cuya virtud se defiende el “sagrado” derecho al voto secreto según beneficie al propio partido, podría abrazar la transparencia, y los próximos primeros de mayo proporcionarían menos sobresaltos.

La presidenta Chinchilla, avergonzada de ese proceder, le pidió que renunciara. Don Luis Gerardo rescató en su fuero interno rescoldos de dignidad

En la sesión solemne del domingo pasado los diputados del PLN dieron un espectáculo bochornoso, indigno de la memoria de don Pepe Figueres quien, justamente, se alzó en armas por el irrespeto a la voluntad de la mayoría. Luis Gerardo Villanueva y sus compañeros lastimaron su egregia memoria.

Su mal proceder se reveló desde el principio. Cambiaron el procedimiento de elección para ocultar negociaciones espurias o, quizás, canje de voluntades mediante el ofrecimiento de “cosas” por debajo de la mesa: una partida específica, un puesto importante a cambio del anonimato. ¿Debía ser la elección secreta? Lo dudo. Sin embargo, tratar de usar fondos públicos para doblegar voluntades sí es vil. La oposición reaccionó y abandonó, en protesta, el plenario. Entonces, aprovecharon su ausencia para elegir presidente ilegalmente (falta de quórum) a sabiendas de no contar con la mayoría. Una victoria pírrica.

La presidenta Chinchilla, avergonzada de ese proceder, le pidió que renunciara. Don Luis Gerardo rescató en su fuero interno rescoldos de dignidad y aceptó. Pero el daño ya estaba hecho. En la historia política quedará gravado un nombramiento que, de mantenerse, habría sido declarado inconstitucional. Queda, además, un sinsabor: aunque congruente con la ética, la intromisión del Ejecutivo en asuntos del legislativo es de preocupar. Es el primer poder de la República.

El domingo, Villanueva perdió al ganar. Tenía que renunciar. Si no, habría perdido el apoyo de muchos electores de todos los partidos, incluyendo el PLN, que suscriben valores democráticos y un mínimo de decencia política. Habría perdido el respeto de los demás diputados y toda autoridad moral para conducir con eficacia el Congreso y romper la ingobernabilidad. Y el PLN también habría sufrido ante los ojos del electorado por irrespetar, de hecho, la voluntad de la mayoría parlamentaria.

Al cerrar esta columna (lunes, 3 p. m.) el impasse no se había resuelto. No sé si la oposición podrá hacer valer su voluntad mayoritaria. En todo caso, es evidente que se anotó un triunfo político. El oficialismo dejó en evidencia, otra vez, su rala vocación por la ética parlamentaria (recuerden su negativa a investigar a Rodrigo Arias). Difícilmente alguien volverá a confiar en él. Ahora se le abre una ventana de oportunidad a la oposición para las próximas elecciones. Aunque las encuestas siguen siendo adversas (en la última de Unimer el PLN continuaba siendo mayoritario con el 30% de las simpatías partidarias), los demás partidos, unidos, podrían combatir de tú a tú. Y hay un amplio lago de indecisos (50%) donde podrían, con maña y una caña, aprender juntos a pescar.

ICE inicia este miércoles la comercialización del teléfono iPhone PLANES ICE

ICE inicia este miércoles la comercialización del teléfono iPhone

A partir del próximo miércoles 4 de mayo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) iniciará la comercialización del teléfono iPhone, a través de los planes kölbi iPhone, marcando un nuevo paso en la diversificación de productos y servicios de telecomunicaciones para sus clientes.

Los clientes podrán escoger, de acuerdo con su interés y necesidades, entre los siguientes planes kölbi iPhone:

Precios de planes kölbi iPhone (*)


Planes iPhone

Minutos

SMS

MMS

Internet

Precio mensual*

Plan kölbi iPhone 250

250

100

50

500MB

¢ 16.435i.v.i.

Plan kölbi iPhone 500

500

200

100

1GB

¢27.899i.v.i.

Plan kölbi iPhone 750

750

300

100

Descarga ilimitada

¢39.278i.v.i.

(*) Estos precios no incluyen la terminal iPhone.

Estos planes estarán disponibles únicamente para el servicio postpago, y consisten en la agrupación de minutos de voz, mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) e Internet.

El plazo de permanencia mínima en estos planes varía en contratos de 12 y 24 meses.

Los precios de las terminales iPhone varían según el plan kölbi iPhone que escoga el cliente y el período de permanencia elegido. El cliente deberá cancelar de contado la terminal, en el momento en que contrate el plan kölbi iPhone.

Precios terminales iPhone (*)

Terminal iPhone

Plan kölbi iPhone 250

Plan kölbi iPhone 500

Plan kölbi iPhone 750

12 meses

24 meses

12 meses

24 meses

12 meses

24 meses

iPhone 3GS/ 8 GB

$352

$161

$218

$0

$85

$0

iPhone4/ 16 GB

$466

$275

$332

$8

$200

$0

iPhone4/ 32 GB

$581

$389

$447

$122

$314

$0

(*) El precio del terminal se cobra al tipo de cambio del día. Estos precios tienen el impuesto de venta incluido.

Los clientes podrán contratar el servicio en 25 agencias del ICE, escogidas según la ubicación de los clientes.

Los detalles de la comercialización fueron dados a conocer hoy por Jaime Palermo, gerente de Clientes ICE, quien expresó que la complacencia de esta empresa al ofrecer a los clientes este nuevo servicio, con lo cual se demuestra que el ICE está a la vanguardia.

“Somos la primera empresa a nivel latinoamericano, operador nacional, que logra un acuerdo de este tipo con la empresa Apple”, destacó.

Mayor información sobre el nuevo servicio puede obtenerse en el sitio www.grupoice.com.

Entrevista con Francisco Barahona analista político