Ocho funcionarios públicos que ocupan altos puestos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial fueron denunciados penalmente este jueves ante la Fiscalía General. A ellos se les acusa de supuestas irregularidades en torno a la polémica del cemento chino.
La denuncia detalla posibles delitos cometidos por el presidente del Poder Judicial Carlos Chinchilla Sandí, el magistrado de la Sala III Celso Gamboa Sánchez, el Fiscal General suspendido Jorge Chavarría Guzmán, el candidato presidencial del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth, el exdiputado del PAC Víctor Morales Zapata, el Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, el exministro de Economía Welmer Ramos González y la exfiscal subrogante Berenice Smith Bonilla.
Las tres denunciantes de apellidos González, Rivera y González presentaron la denuncia como “una querella de acción popular” y acusan a los funcionarios de cometer al menos seis delitos:
- Prevaricato: Dictar resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. La pena es mayor si se trata de una sentencia condenatoria en una causa criminal.
- Falsedad ideológica: Insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar.
- Incumplimiento de deberes: Omitir, rehusar, hacer o retardar algún acto propio de su función. También castiga a quien ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo.
- Tráfico de influencias: Quien directamente o por un tercero, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
- Influencia en contra de la Hacienda Pública: Quien interviene en razón de su cargo, influya, dirija o condicione -en cualquier forma- para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público.
- Fraude de ley en la función administrativa. Quien ejerza una función administrativa en fraude de ley.
Los primeros tres delitos están descritos en el Código Penal y los últimos tres en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La denuncia
Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera y Presidente del Poder Judicial Carlos Chinchilla Sandí. CRH.
El escrito de 29 páginas incluye una amplia relación de hechos donde se cuestiona el proceso de los cambios al reglamento técnico de cemento hidráulico, las visitas de Bolaños a Casa Presidencial, el proceso del crédito en el Banco de Costa Rica, los desalmacenajes del cemento en aduanas, las irregularidades en el crédito en el BCR, las desestimaciones en el Poder Judicial y los últimos acontecimientos revelados en la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa.
La denuncia fue remitida a la Fiscal General a.i. Emilia Navas y no se detalla cuáles delitos se le atribuyen a cada funcionario en específico. Las denunciantes solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes según lo establece en Código Procesal Penal y que a todos se les levante la inmunidad.
“Solicitamos se investigue y posteriormente se presente ante la Corte Suprema de Justicia la respectiva acusación, con la indicación clara de que los aquí denunciados deben ser sustituidos por magistrados suplentes para lo que corresponda, y además solicitar que se levante la Inmunidad de los acusados que tengan fuero de protección,” agrega el documento dentro de las peticiones, en la página 28.
Además, se solicita que la exfiscala subrogante Berenice Smith sea separada del cargo que actualmente desempeña como Fiscal Adjunta de Cartago. “Ella ha incurrido en hechos delictivos muy graves que tienen que ver con su deber de probidad y que no la hacen idónea en este momento para ejercer un cargo de investigación por las acciones por ella desplegadas al firmar una desestimación improcedente y en la que plasmó de su puño y letra su firma y consignó datos falsos para procurar la impunidad de los investigados,” indica el documento.
Diligencias urgentes
La denuncia pide al Ministerio Público y al OIJ realizar algunas diligencias urgentes que incluyen:
- Analizar el fundamento legal de todas las desestimaciones solicitadas por la Fiscalía y acogidas por la Sala III desde el año 2014.
- Secuestrar en el Banco de Costa Rica todas las actas de la Junta Directiva, Reglamentos de Préstamos así como expedientes que tienen que ver con los créditos otorgados a Juan Carlos Bolaños Rojas.
- Levantamiento del Secreto Bancario de todas las cuentas relacionadas con Juan Carlos Bolaños y los denunciados, así como el congelamiento de esas cuentas y todas aquellas que tengan que ver con los préstamos cuestionados.
- Solicitar acceso a las cuentas bancarias de Celso Gamboa Sánchez, Berenice Smith Bonilla y Jorge Chavarría Guzmán.
- Indagar a los acusados y solicitar la prisión preventiva de los acusados en los casos que proceda.
- Verificar porqué la denunciada Smith Bonilla destruyó documentos o papeles con una máquina cortadora en su oficina antes de ser trasladada a otro despacho.
CRHoy.com ha solicitado en las últimas semanas entrevistas con el Presidente Luis Guillermo Solís, Juan Carlos Bolaños, Jorge Chavarría, Berenice Smith y Celso Gamboa para abordar distintos enfoques respecto a los cuestionamientos, sin embargo se han negado a conversar con este medio.
