San José, lunes 22 de abril de 2013.
Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa
Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Estimados señores y estimadas señoras:
Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:
PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.
Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública MEP (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.
Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.
Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.
Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.
Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.
SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.
Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.
Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.
TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.
1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.
2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy“queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.
3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.
En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.
La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.
Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.
A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.
CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:
1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del“amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…
2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.
3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.
Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por laANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.
Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.
Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.
Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.
Con todo respeto,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP
Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública
Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería
Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
