Ciudad de México, 6 sep (dpa) –
En enero, la fiscalía dijo que “la verdad histórica” era que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala (estado de Guerrero) y entregados a un grupo criminal que, al confundirlos con rivales, los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino Cocula entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que en base a las declaraciones contrataron a un perito con el que visitaron el basurero, donde les detalló que para incinerar completamente los 43 cuerpos al aire libre se habría necesitado un total de 60 horas y 30.000 kilos de madera.
“Un inculpado señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí fue de 16 horas”, sostuvo el abogado chileno Francisco Cox. “Por todas estas razones el GIEI ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, sostuvo.
Los restos fueron enviados a un laboratorio en Austria, donde tras varios exámenes complicados sólo se ha logrado identificar el ADN de uno de los jóvenes a partir de un fragmento óseo carbonizado. Los otros restos son cenizas, lo que dificulta cualquier tipo de análisis.
El caso Ayotzinapa, llamado así por la comunidad en la que se encuentra la escuela normal Isidro Burgos a la que pertenecían los 43 jóvenes, fue un duro golpe para el gobierno de Enrique Peña Nieto y provocó la indignación nacional e internacional.
Los expertos, que iniciaron sus labores en marzo, volvieron a expresar malestar por el ocultamiento de pruebas, como prendas y otros objetos que pertenecían a los estudiantes, y un video del momento en el que los jóvenes fueron detenidos en Iguala.
Asimismo, señalaron que los hechos de Iguala fueron coordinados por una persona aún sin identificar, conclusión a la que llegaron tras numerosos testimonios de involucrados.
“Se trató de un ataque desproporcionado y sin sentido. No fue algo puntual que se da en un momento, sino que transcurre durante varias horas. Hay un nivel de coordinación, tal y como prueba la complejidad de los hechos”, dijo el médico español Carlos Beristáin, quien pidió que se investigue más el caso.
El experto dijo que los hechos de Iguala no sólo dejaron 43 desaparecidos, sino también 180 víctimas directas, seis personas ejecutadas extrajudicialmente y 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias.
“Persiste el miedo en la región. Los testigos de los hechos han tenido miedo para hablar sobre lo que pasó”, dijo Beristáin al explicar las dificultades que el grupo enfrentó en las indagaciones.
El informe final de los seis meses de trabajo del GIEI fue presentado en la Ciudad de México ante la prensa y la presencia de los padres y familiares de los 43, que exigen justicia y la presentación con vida de sus hijos.
El GIEI, conformado también por la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz y el abogado colombiano Alejandro Valencia Villa, denunció que ninguna autoridad presente durante la detención y ataque a los estudiantes les brindó protección y agregó que el caso está lleno de contradicciones.
Los expertos pidieron que se continúe la búsqueda de los jóvenes y se brinde justicia a los familiares. Además, recomendó al gobierno crear una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas y aprobar “con carácter urgente” una legislación integral sobre desaparición en general y desaparición forzada.
La conferencia terminó con la entrega del informe a los representantes del Estado y a los familiares, quienes coreaban lo que se ha convertido en su lema: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
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