“Con la consideración y respeto que Usted merece, me permito solicitarle que ordene la suspensión inmediata de dicho arreglo, hasta tanto la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN concluya su trabajo y determine si hay o no ilícitos penales o administrativos que perseguir”, escribió Corrales en una carta enviada a Chinchilla este lunes.
El ex legislador indicó a la mandataria que “Con enorme sorpresa me enteré por las redes sociales que Usted ordenó conciliar con la empresa O.A.S. un eventual pago “lo menos posible” por la terminación del contrato de construcción de la carretera San José-San Ramón”.
Por otro lado, Corrales escribió en su página de Facebook que “el principio de legalidad es el eje del Derecho Penal”.
Por ello, dijo estar sorprendido por “el desprecio absoluto que se hace a la intervención de la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN de investigar” el caso.
Para integrantes del Foro Nacional, existe una sobrevaloración de la concesión, el traspaso ilícito de una licitación pública incumplida a un tercero, la simulación de un pago inexistente, y el evidente tráfico de influencias en donde participaron prominentes miembros la clase política.
De acuerdo con información oficial, el Gobierno de Costa Rica pretende concluir esta semana una negociación con OAS para pagarle por poner fin al contrato.
El abogado ambientalista e integrante del grupo de juristas del Foro Nacional, Álvaro Sagot, ha dicho que no solamente se debe impedir dicho pago, sino también llegar hasta el fondo sobre las ilegalidades cometidas para otorgar la concesión de la carretera a San Ramón, firmada por la mandataria.
Sagot Rodríguez dijo que “Consideramos que es totalmente incorrecto, sean 46 millones de dólares o 10 colones. Estos tiene que pasar antes por los Tribunales de Justicia y hasta que no se dé, consideramos de que es totalmente desacertado llegar a un acuerdo, tal y como lo anunció el Gobierno donde le pide a OAS que mande su pliego de peticiones”.
La empresa trata de justificar $33,9 millones en supuestas inversiones realizadas y pagadas al anterior concesionario, Autopistas del Valle, mientras que OAS asegura que ha hecho inversiones por $11,1 millones.
Además, dice que gastó ¢453,8 millones (aproximadamente $1 millón) por "especies fiscales", pagadas por la cesión del contrato de concesión.
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