Un grupo ambientalista denunció penalmente en Panamá, a los jueces que autorizaron la expropiación de terrenos que pertenecían a un grupo indígena.
Áreas protegidas que resguardan especies silvestres de gran valor, fueron expropiadas para construir proyectos turísticos.
Parte de los terrenos fueron comprados por el jefe de la campaña liberacionista, Antonio Alvarez Desanti.
El presidente de la Asociación de Derecho Ambiental de Panamá, dijo a la prensa de este país, que la adquisición de las tierras se hizo violando varios artículos del Código Penal.
Los ambientalistas piden además investigar los posibles delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y asociación ilícita para cometer un delito.
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